Paro por hambre y turismo de vacunación: la necesidad de crear políticas económicas sostenibles ante la extrema desigualdad

Columnista:

Paola Vargas Arana

El paro nacional formado por multiplicidad de sectores inconformes sumidos en la pobreza se gesta paralelo a la pandemia del coronavirus que, sin dar tregua, ciertamente aumenta su propagación con las marchas masivas que recorren el país. Por supuesto, no podemos realizar señalamientos ante quienes marchan por hambre, desempleo, precariedad salarial, desterritorialización, desplazamiento forzado, violencia, discriminación, nulas oportunidades educativas o de acceso a un buen servicio de salud. Aún más cuando testificamos cómo crece el turismo de la pequeñísima clase media para vacunarse fuera del país y asimismo aumenta la capacidad adquisitiva de los sectores empresariales que han recibido subsidios del Gobierno durante la pandemia.

Estas variables revelan las grandes paradojas en las cuales se encuentra sumida Colombia y la insostenibilidad de las políticas públicas propugnadas no solo por este, sino también por los gobiernos anteriores. Dirigidos a reducir la inversión del Estado en la esfera de lo público, han impulsado la tercerización en ámbitos como la educación, la salud o la infraestructura. La apuesta ha sido que, al fortalecer al sector empresarial privado, este haría las veces del Estado en aquellas faenas onerosas y administrativamente engorrosas como otrora lo fueron la salud o la educación. Empero, debemos reconocer que la vocación de cualquier corporación privada es el aumento del lucro y no del bienestar social. Entonces, «es como pedirle peras al olmo», simplemente la corporación no va a gestar el bienestar social. De tal manera, incluso bajo este modelo, el Estado debe continuar siendo el órgano garante de la equidad entre la ciudadanía.

El paro, conformado por una miríada de sectores fragmentarios cuyo único pilar de unión es la desesperación por las precarias condiciones de vida, dibuja con precisión aquellas esferas donde el Estado ha dejado vacíos. Y la pandemia fue la gota que rebosó la taza dado que el Gobierno, como de costumbre, invirtió sobre todo en las empresas bajo el intuito de que estas evitaran los despidos, sin contemplar que la gran masa de la ciudadanía está sin educación —pues en Colombia este es un servicio privado y costoso— y, consecuentemente, se ve obligada a vivir de la informalidad. 

Así, la política dirigida a los empresarios lo que evitó fue el despido de la minúscula clase media del país que ocupa cargos gerenciales en dichas compañías o les ofrece servicios de tercerización. Gran parte de esta clase pujante desciende de la generación forzada a migrar en condiciones de pobreza, durante «la violencia» de mediados del siglo XX. Paradójicamente, en raras ocasiones se identifica con las agudas condiciones de quienes viven hoy situaciones semejantes y deben recurrir al paro para ser oídos.

Entretanto, el natural pánico por el lento programa de vacunación y la poca efectividad de las vacunas que ofrece el Gobierno, ha llevado a la clase media a comprar pasajes hacia los países que ofrecen vacunación para turistas. Como consecuencia, mientras los Estados Unidos —destino favorito del turismo de vacunación–logra incentivar su crecimiento económico; Colombia drena al extranjero el poquísimo excedente que dejaron las políticas para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Esto es signo de la insostenibilidad del modelo gubernamental actual, el cual no logra siquiera garantizar que su inversión pública acabe nutriendo la economía del país. En vez de concentrarse en el sector empresarial, el Gobierno hubiera podido subsidiar la creación o fortalecimiento de microempresas de bioseguridad que capacitaran y contrataran a la enorme masa de jóvenes que quedo desempleada, para hacer seguimiento diario a viajeros, personas contagiadas y a sus redes de contacto; bioseguridad de aeropuertos, centros comerciales o restaurantes; y realizando y procesando pruebas de COVID-19. Medidas como estas hubieran ayudado a contrarrestar el brote y por tanto a reducir los confinamientos, lo cual habría aminorado la bancarrota del sector informal, propiciado así una economía más sostenible y saludable.