Columnista:
Julián Camilo Merchán Jiménez
En los últimos años, uno de los principales temas dentro de la discusión política en el país ha sido las corrupción durante las campañas electorales, puesto que esta época es la más propicia para la entrada de intereses particulares a través del financiamiento a las diferentes campañas políticas, en esta línea, Colombia históricamente ha tenido un vacío constitucional, hasta antes de la Ley 58 de 1985 no existía limitación ni reglamento con respecto a las finanzas de los partidos políticos, después de la Constitución de 1991, se creó un lineamiento detallado que se ha reforzado con varias leyes y artículos desde entonces; no obstante, la practicidad y eficacia de los procesos de revisión, control y penalización son claramente deficientes.
La esfera económica y política del país estuvieron mucho tiempo distanciadas, en parte porque la relación centro-periferia mantenía una distancia prudente. Recordemos que hasta el día de hoy el país es mayormente una economía centrada en el sector de la minería y la agricultura, además existió durante mucho tiempo una brecha en la educación, lo cual limitó la participación e influencia política de muchos empresarios o terratenientes, quienes se veían afectados por la violencia política; otra constante en el desarrollo histórico del país. Sin embargo, después de la época del llamado «Frente Nacional», los gremios se vieron remplazados por grandes conglomerados económicos multisectoriales, de forma paralela, el narcotráfico y las actividades ilícitas crecieron exponencialmente, tomando una influencia notable en la política, en muchos casos no solo por medio del dinero.
Durante esta época, se cambió el paradigma de la influencia de los grandes conglomerados y en general, de las personas y grupos con capacidades económicas considerables dentro de la política, por lo que se vieron casos tan infames como Pablo Escobar siendo representante a la Cámara en el Congreso Nacional en 1982, el llamado «Proceso 8000» en 1995 contra el entonces presidente Ernesto Samper por la supuesta financiación del Cartel de Cali en su campaña presidencial, y demás escándalos de la misma línea.
Con la Constitución del 92 se aumentó, de manera exponencial, la importancia de las licitaciones, debido a un cambio hacia un sistema más «neoliberal» con una privatización acelerada, de manera que los lazos entre empresarios y políticos se estrecharon más que nunca creando el fenómeno del clientelismo. Desde entonces y hasta hoy, tanto el dinero ilícito como los aportes de empresarios y personas naturales con interés en el financiamiento de campañas y partidos políticos ha sido objeto de análisis y debate, por la posible obstaculización y corrupción que pueden acarrear.
Desde 1994 existe el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, que en una modificación del año 2011 cambió a Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), el cual tiene como objetivo financiar el funcionamiento de partidos y movimientos políticos, representaciones y campañas electorales de partidos o independientes, tanto se ciudadanos como de grupos con el suficiente apoyo manifiesto.
Todos los presupuestos y el financiamiento político en general están amparado y regulado bajo la Ley 130 de 1994, en la cual se sentaron las bases para los exorbitados presupuestos que tienen las campañas políticas hoy en día; esto responde a dos fenómenos igual de perjudiciales en la vida de la sociedad civil y política, el clientelismo que está asociado a la corrupción y desde el cual surge la necesidad de bombardear con publicidad en los diferentes medios de comunicación. De esta manera, se genera una lucha en los medios, en los que los candidatos con más capital posen más capacidad para llegar a las masas. También existe una figura especial de líneas de crédito que se amparan en las devoluciones que realiza el Consejo Nacional Electoral a través del Fondo Nacional de Financiación Política. Si bien sabemos que el voto en Colombia lamentablemente se puede comprar, el precio que estipula el FNFP, para el caso de la campaña presidencial del 2018, según la Resolución 2586 de 2017 del CNE, el valor de reposición de gastos por voto se definió en $2.760 en primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta se valora en $1378.
Aunque el dinero que reciben los candidatos presidenciales se usa en su mayoría para cancelar deudas correspondientes a gastos de campaña, tanto los números usados como los límites a los cuales pueden llegar son exorbitantes; en créditos como en donaciones de personas naturales, siendo estas últimas las que más se pueden cuestionar, puesto que podrían estar sujetas a intereses del donante con respecto al candidato en caso de que ganase, de allí nace la duda. Por ejemplo, si los más de 2000 millones de pesos que recibió Iván Duque en su campaña presidencial por concepto de donaciones de personas naturales estaban alentadas por el fervor de la ciudadanía al candidato o estaban sujetas a clausulas tácitas de cumplimiento de favores.
Más allá de la crítica a los candidatos, se debe analizar y reformar el método de financiamiento mixto, además de buscar alternativas o ajustes al valor de reposición de gastos por voto. En un sistema donde se busca la democracia, estamos obligados a realizar reformulaciones de las leyes o los métodos que estén en contra de los principios de esta, por lo que estos financiamientos y presupuestos exorbitados responden más a fenómenos nocivos de la política capitalista como el clientelismo o el lucro por medio de los puestos del ejecutivo. De tal manera que lo fundamental dentro del sistema moderno de representación, por lo menos desde el punto de vista de los candidatos, es la rentabilidad que estas campañas les podría generar, además del obviado juego de poder implícito al que están sujetas las elecciones. En muchos casos esto apoya a la lógica donde la meta es el individualismo en ser elegido para obtener dinero y poder y no el hecho de gobernar para el pueblo: fenómeno problemático que ha traído tanta desgracia al país.
