Columnista:
Germán Ayala Osorio
Invocar el respeto a la institucionalidad suele servir como estrategia para acallar a quienes critican acciones de gobierno consideradas como erróneas o acusan a altos funcionarios de cometer actos relacionados con la ya naturalizada corrupción público-privada. Los defensores a ultranza de la institucionalidad llegan a señalar como agentes que la debilitan, a quienes pretenden ejercer algún tipo de control político sobre asuntos públicos que nos interesan a todos, e incluso, a aquellos que de manera abierta y decidida apoyan las movilizaciones y la protesta social, en el marco del ya extendido paro nacional.
Por estos tiempos, no creo que haya en Colombia un concepto más manoseado y vaciado de sentido como el de la institucionalidad. Todos gritamos a voz en cuello que la respeten y otros se cuestionan en dónde está, cuando se requiere para tomar decisiones en asuntos de Estado o, simplemente, para garantizar los derechos de ciudadanos de a pie.
Para que haya institucionalidad legítima y se reconozca como un bien público respetado por todos, lo primero que hay que garantizar es que la institución o las instituciones de las que se deriva, funcionen y operen de acuerdo con las funciones constitucionales y legales asignadas. Lo segundo que emerge como un factor definitivo para la buena salud de la institucionalidad es el talante de los funcionarios que están al frente de las instituciones cuestionadas; las mismas que generan y producen una vergonzante institucionalidad. Y un tercer elemento tiene que ver con la cultura política, asociada a los compromisos político-electorales previamente asumidos por quienes lideran importantes instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la propia Presidencia de la República.
Con dos ejemplos trataré de ahondar en la discusión en torno al ya manido concepto. El primero tiene que ver con una decisión judicial, que obliga al corrupto exmagistrado Pretel Chaljub a devolver una finca que de manera irregular e ilegal se apropió. A pesar de estar en firme la orden de devolución del predio, esta no se ha podido hacer efectiva, justamente, porque las instituciones comprometidas en el pleito no están operando para dar cumplimiento al fallo de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia. En particular, se ordena a las fuerzas militares y de policía a garantizar la devolución de las tierras a los propietarios que las perdieron por cuenta de la violencia paramilitar desatada en el Urabá antioqueño, de la que Pretel se aprovechó para hacerse con esas fincas.
El segundo ejemplo tiene que ver con la institucionalidad derivada de las actitudes y acciones temerarias que viene asumiendo la procuradora, Cabello Blanco. Al sentirse parte del Gobierno, la funcionaria ayuda a que desde las huestes del Ministerio Público se emane un tipo de institucionalidad contraria a la ley y con visos de autoritarismo y persecución política que confluyen en las maneras como desde el Ejecutivo se viene enfrentando a los opositores y críticos de la nefasta administración de Duque Márquez.
De las decisiones que viene adoptando la ladina funcionaria, se origina una perversa institucionalidad que no solo pone en riesgo la separación de poderes, sino que hace posible que el Gobierno de Iván Duque la use para perseguir, políticamente, a quienes desde el Congreso de la República vienen denunciando actos de corrupción y en el marco del estallido social, los desmanes, abusos y posibles crímenes cometidos por agentes del Esmad y de la Policía.
Lo que se advierte de estos dos casos es que la institucionalidad también se debilita, se torna ilegítima y turbia, cuando los procedimientos reglados operan en función de eventuales amenazas que, surgidas de compromisos político-electorales, está en posibilidad de hacer la procuradora en contra de los subalternos que deben dar trámite a las investigaciones abiertas; por ejemplo, en contra de los congresistas Wilson Arias y Pizarro Leongómez. Pero también se ve afectada la institucionalidad cuando el poder político y económico de un exmagistrado es capaz de frenar a quienes están obligados a cumplir con el fallo de la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.
Insisto en que el problema de fondo es de cultura política. Y en Colombia, históricamente, hay instituciones que las hacen operar funcionarios guiados por el sempiterno ethos mafioso que se enquistó en el Estado y en la sociedad, desde el 2002, con el consabido todo vale. Por ese camino entonces, la institucionalidad que derivan aquellos funcionarios, no podrá jamás alcanzar unos mínimos de legitimidad. Antes de exigir respeto por la institucionalidad, primero hay que revisar el talante, la ética y la moral de quiénes están al frente de las instituciones públicas y privadas.
nunca en la historia política de Colombia había visto cómo los entes de control, las «ÍAS», la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la defensoría, han sido tomadas por «VÁNDALOS», por corrompidos, por porquerías de funcionarios al servicio de un gobierno mafioso encarnado en su máximo representante: «ALVARO URIBE VÉLEZ».