Gobernando y legislando desde la ciudad

Columnista:

Lady Orozco

Uno de los más grandes problemas de Colombia continúa siendo la centralización y la venda que se carga a la hora de observar a las comunidades que viven y se gestan más allá de ciudades principales como Cali, Medellín y Bogotá. Creemos tener una burbuja para saber qué necesitan. Es como si reflejáramos nuestro modelo de vida en culturas completamente diversas. Piense en esto: es como si usted creyera que alguien es una talla de camiseta, pero una vez se la regala no le cabe o parece que fuese prestada. Así somos en nuestro país. Tenemos la convicción de que nuestros ojos pueden localizar una escasez y automáticamente comenzamos a proponer.

Yo sé que esto parece muy obvio y me excuso si lo es, pero no sobra decirlo: cada comunidad tiene sus propias necesidades. No se puede negar que hay unas básicas: agua potable, hogar, alimentación; pero incluso, sin si quiera haber subsanando esas, se continúan buscando implementar nuevos proyectos que se desvían de las realidades más alejadas.

Un claro ejemplo son las petroleras que llegan cada vez a nuestro país. Esto no es algo nuevo, todo lo contario, se ha venido dando a lo largo de los tiempos. Si bien se ha demostrado que genera ingresos, los más afectados terminan siendo los de siempre, los de más abajo. Terminan siendo aquellos que viven de la pesca y sus ríos son contaminados. Los que no tienen alcantarillado y también se les llevan lo natural. Así lo relataba Semana, claro, cuando era un medio y no una agencia publicitaria:

Un derrame que dio mucho de qué hablar ocurrió en 2009, cuando una sustancia tóxica afectó 20 de los 54 km del río Orotoy. En esa ocasión, Ecopetrol fue señalado por el Ministerio de Ambiente como responsable de afectaciones en las fuentes hídricas por contaminación, por limitar su uso para las poblaciones ribereñas, por provocar mortandad de peces y por haber usado sustancias químicas sin contar con un plan de contingencia.

Pero, entendiendo esto, ¿por qué se sigue haciendo? Pues bien, volvemos a lo del discurso: si gana el país, ganamos todos. Sin darse cuenta —hasta sin importarles —que esa camiseta le queda extremadamente estrecha a las comunidades, que ya los esta ahogando. 

El problema ya no es solo pensar centralizadamente, sino que el bolsillo comienza a saltar y hacer ojitos para que sea tomado en cuenta. Cada uno de esos proyectos le deja al país 1,5 billones de pesos al año. Sí, es mucho dinero, ¿cuánto de él se va a la reestructuración —si es que es posible— de las comunidades afectadas? ¿Cuándo se sientan a dialogar con ellas? ¿Qué garantías se les ofrece? ¿Se les dan opciones? Seguimos siendo como colonizadores: vamos, escarbamos, nos llevamos lo necesario y si los vimos no nos acordamos. Eso hacemos con las comunidades, una, otra y otra vez.

Las comunidades les sirven a los políticos para las fotos en campaña, para echarse flores cuando de ellas salen grandes deportistas, para usar elefantes blancos con ellas. Las comunidades hoy en día sigue siendo olvidadas, masacradas, violentadas, usadas como escudo de guerras. Siguen siendo las que viven en carne propia la sangre, el dolor de sus víctimas. Pero sin importar todo esto, ya no solo revictimizadas deben luchar con la guerra, sino que deben dar paso a las grandes petroleras que también llevan dolor, desespero, afectaciones y guerras.

El Estado quiere entrar a intervenir a comunidades a las cuales les ha negado hasta condiciones de vida básicas para cualquier ser humano. ¿Con qué cara llegas a quitar donde no has dado? Parece que gobernar desde una ciudad les ha quitado la pena de las manos y les ha cegado la cordura. Dejen el descaro, vayan a las comunidades, dialoguen. Las soluciones que toman desde la comodidad de la Casa de Nariño o desde el Senado siguen siendo muestra del egoísmo que ha venido gobernando en Colombia.