Columnista:
Laura Preciado
Fotografía:
Carlos Bernate
Don Raúl Carvajal lleva más de 14 años buscando a su hijo, pues según la versión oficial del Ejército Nacional, el cabo murió en un combate . Sin embargo, don Raúl ha denunciado por muchos años a la misma institución que lo asesinó por haberse negado a matar jóvenes civiles para hacerlos pasar por falsos positivos.
Don Raúl dejó toda su vida atrás para comprar un furgón y recorrer el país en busca de justicia y hacer pública la denuncia de la muerte de su hijo. Todos las mañanas se levanta con plena convicción de que algún día va a saber algo de él. «Mi hijo pertenecía al batallón Ricaurte de Bucaramanga. El 20 de septiembre de 2006 me llamó en la mañana para decirme que tenía una nueva nieta y esa fue la última vez que lo escuché». Cuando don Raúl se enteró de la muerte de su hijo, lo llamaron un día, a las 7:00 p. m., y le dijeron que no lo iban a traer y desde ahí se embarcó en un viaje sin retorno.
Cuando llegó al batallón, las autoridades le dijeron que se lo iban a llevar y les respondió con la entereza que lo caracteriza: «No, por aquí entró mi hijo y por aquí tiene que salir. Así sea muerto, pero me lo tienen que entregar por aquí y si no, mañana me hago matar aquí».
A los tres días de haber llegado al batallón, don Raúl recibe los restos de su hijo con la sorpresa de tener más preguntas que respuestas. A la fuerza y con maña, como dice él, le entregaron los resultados de Medicina Legal que decían: «no se puede saber a qué distancia ni con qué arma fue abatido y que tienen que hacer la reconstrucción del crimen porque hay un fenómeno», será el fenómeno de la violencia, la corrupción o uno llamado Álvaro Uribe Vélez.
En el informe que le entregaron, dice que su hijo había sido asesinado en le Cerro de la Virgen por la columna Arturo Ruiz de la ONT-FARC y la columna de Héctor del ELN, pero que para él no había sido clara la razón por la cual su hijo aparecía con signos de tortura, la escena manipulada y señales de haber estado amarrado. Don Raúl afirma que un militar, quien no quiso darle su nombre, le dijo: «Su hijo fue torturado en el batallón, sacado de ahí, llevado en un helicóptero, llevado a una montaña y entre el puntero y 10 soldados le dispararon al cabo Carvajal». Trataron de matar a más personas para formar una escena en la que encaja todo, como una novela estratégicamente planeada.
Las investigaciones comenzaron bien con la ayuda de Rosiris Sarai quien se había encargado de hablar con la Sijín, de llevar el caso y de pronto entró a investigar la Fiscalía Novena Especializada en Cúcuta «comenzaron a tapar todo esto. Le dieron plata o la amenazaron porque ella dejó de investigar y cerraron el proceso».
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las fuerzas militares de Colombia asesinaron al menos a 6402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentó como bajas en combate. Esta cifra es monumental, comparada con las cifras que se habían dado en los años anteriores.
Cerca de 1500 militares estuvieron involucrados en estas masacres y en la práctica de los «falsos positivos» en el periodo que comprende el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, representado también por la llamada «seguridad democrática» de la que muchos están orgullosos. Tanto los militares, como el expresidente han rechazado las acusaciones para adelantar procesos. El 78 % de las víctimas de los llamados «falsos positivos» murieron en su mandato.
Esta es la herida más profunda que lleva Colombia en los últimos años. El informe de la JEP también deja un panorama desalentador pues afirma que el trabajo de la Fiscalía fue deficiente; algo así como un intento de encubrimiento. «Sí, hay muchos militares que mataron la guerrilla… pero hay miles de militares que los ha matado el mismo Gobierno, como mi hijo». Don Raúl tanto como otras madres y familias enteras siguen denunciando «los hijos de nosotros los pobres, los soldados rasos, nuestros hijos, para ellos no valen nada, son como sus perros».
