Columnista:
Germán Ayala Osorio
La compleja coyuntura por la que atraviesa el país, agrandada en buena medida por el escenario pandémico, ha servido para que algunos políticos y empresarios salgan a reconocer lo que por años no pudieron o no quisieron ver: la presencia de un Estado capturado por mafias familiares, millones de desamparados, pobreza y violencia estructurales y un racismo campante, ceñido a la idea anacrónica de que existe la supremacía blanca, en mayor medida, depositada en lo que se conoce como la «gente de bien».
Quiero recoger en esta columna los mea culpa que recientemente expresaron públicamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández y el concejal del distrito capital, Calos Fernando Galán.
Tardíos o no, o sinceros o no, los recientes discursos de López y Galán deberían de ser recogidos por los medios masivos y recibidos por gran parte de la sociedad, como un paso en la dirección que como sociedad debemos dar no solo para intentar superar esta difícil coyuntura, sino para trazar caminos posibles y viables, en aras de transformar las realidades de millones de colombianos vulnerables y empobrecidos, que solo han recibido del Estado, maltrato; del mercado, exclusiones y de sectores sociales privilegiados, descalificaciones.
Los mea culpa de estos dos políticos deberían de servir para que los grandes ricos de este país y la élite política que legisla a su favor, reconozcan que sus vidas están permeadas también por la pobreza. Claro, por un tipo especial de pobreza, que aquí llamo pobreza mental ilustrada (PMI), que no es más que el conjunto de acciones y prácticas discursivas que les han impedido convertirse en referentes éticos para una sociedad que deviene confundida moralmente. Esa condición de pobreza mental ilustrada les impide a los miembros de la élite económica y política de este país entender que en sus prácticas empresariales desdicen del capitalismo que suelen defender a dentelladas. A muchos no les gusta competir, por ello gustan de apelar a la cartelización, para cerrarles oportunidades a otros que buscan sobresalir en algún particular segmento del mercado. Esa misma PMI es la que los lleva a capturar el Estado para que este solo opere a fin de extender en el tiempo sus beneficios tributarios y otros que se desprenden de una acción estatal comprometida con intereses de clase o los de unas cuantas familias.
Esa pobreza mental ilustrada expresa con enorme claridad las incoherencias en las que incurren cuando salen a exigir que paren los bloqueos, cuando desde el Congreso o a través de decisiones judiciales amañadas, violan o restringen los derechos humanos de comunidades ancestrales y vulnerables. Claro, estamos hablando de bloqueos diferentes: los de hoy, que afectan, sin duda, el aparato productivo, golpeado ya por la pandemia; y los bloqueos históricos, de los que vienen participando aquellos que insisten en concentrar más y más la riqueza y las tierras, para dar rienda suelta a sus intereses de clase. Bloqueos históricos que han impedido que el país pueda experimentar un modelo de desarrollo distinto a las actividades de explotar el subsuelo y el suelo, a través de la minería (legal e ilegal, en medio de borrosas fronteras). Hay que decir, eso sí, que ese modelo de desarrollo económico es insostenible.
El modelo de la gran plantación, en el que se instalan monocultivos para producir «comida para los carros», es otra forma de bloquear la seguridad alimentaria y acabar con aquello de ser un país eminentemente agrícola. Y no podía faltar la ganadería extensiva de baja producción, encaminada a garantizar, por la vía de la especulación inmobiliaria, la obtención de enormes dividendos económicos para aquellos poderosos que se apropian de baldíos de forma irregular, o que, junto con los paramilitares, les arrebataron las tierras a campesinos. El negocio es redondo: comprar barato o apropiarse de tierras, medidas por hectáreas, para luego venderlas por metro cuadrado.
Así entonces, aplaudo los mea culpa de Galán y López, pero no puedo dejar de decirles que ellos mismos han actuado desde esa pobreza mental ilustrada que desde siempre han exhibido los miembros de las familias más ricas de Colombia. Es posible que esa atávica pobreza mental ilustrada sea el real problema que como sociedad debemos superar.
