Columnista:
Jesús A. Córdoba Romero
Durante esta época en que se presenta el paro nacional, desde el 28 de abril, la fuerza represiva de los organismos que representan al Estado colombiano y el evidente abuso de poder de los mismos tienen al pueblo colombiano en esta grave crisis de derechos humanos que ha padecido históricamente el país. Los jóvenes de Colombia han preferido salir a ejercer su derecho fundamental a la protesta social, protegido desde los derechos humanos a nivel internacional, sin ningún temor de lo que pueda ocurrir en medio de las dinámicas propias de las manifestaciones, en medio de un ambiente estigmatizante para aquellos que deciden hacer uso de aquel legítimo derecho, siendo blancos de una narrativa de guerra que los pone como si fueran un grupo armado organizado más en este interminable conflicto armado no internacional que padece el país hace varias décadas.
Todo esto en un tiempo de pandemia que ha pasado a segundo plano, ya que la prioridad de los marchantes está en la histórica insatisfacción de sus necesidades básicas. La reforma tributaria fue el hecho que detonó la digna rabia del pueblo colombiano, pero es uno de los muchos dolores que se suman a los innumerables casos de injusticia que ha tenido que sufrir.
La Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) han estado violando permanentemente los protocolos sobre la debida actuación durante las manifestaciones, la forma en que disparan su armamento a los manifestantes, llegando a acabar con la vida de varias personas; el tiempo en que lo hacen cuando la protesta se ha llevado de manera pacífica, impidiendo que la jornada de protesta transcurra en total normalidad.
La violencia policial que los colombianos hemos visto en estos días de movilización, es motivo suficiente para que se piense en una reforma policial. No son manzanas podridas actuando por su lado, es manifiesta la problemática estructural dentro de la Policía; la justicia penal militar, cuando se logran abrir casos de violencia homicida donde están involucrados miembros de esa institución, no debe ni puede conocer de esos hechos, porque ya está definido en materia internacional que los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos no son competencia de aquella jurisdicción. Esa fuerza policial, pensada para tiempos de guerra, no puede seguir funcionando en esa lógica.
Tampoco es bueno caer en aquellos lugares comunes como el de «rechazar la violencia, venga de donde venga», porque eso, sin importar si esa era o no la intención, termina igualando violencias cuya naturaleza y génesis son diametralmente opuestas, y puede caerse en el penoso hecho de ejercer una doble victimización sobre las personas que se manifiestan en las calles. No es lo mismo la violencia ejercida desde los distintos órganos que actúan a nombre del Estado a aquella que se ve obligado a ejercer el manifestante producto de esa fuerza represiva estatal que ha actuado desconociendo los protocolos propios del actuar institucional en medio de las manifestaciones.
Las obligaciones de garantía, respeto, defensa y salvaguarda del libre ejercicio del derecho a la protesta están en cabeza del Estado y sus instituciones; son responsabilidades de tipo nacional y también internacional, en materia de derechos humanos, por las cuales debe responder el gobierno de turno que representa al Estado colombiano, teniendo siempre presente el bloque de constitucionalidad. El foco no puede ponerse en los manifestantes que salen a levantar su voz.
Es relevante recalcar que no existe un pronunciamiento del Ejecutivo rechazando el actuar criminal de la Policía, la mira siempre está en los «vándalos»; no existe algún asomo de reproche al detestable abuso de autoridad de estos funcionarios públicos y el punto de partida para un cambio en esa institución es el reconocimiento del grave problema que representa para la sociedad colombiana que esta siga actuando en las actuales condiciones. Las cifras que han publicado organizaciones como la ONG Temblores no deberían dejar dudas sobre lo conveniente y urgente de la reforma policial en Colombia.
«Muchos podemos morir, porque ya hoy en día, ahorita en Colombia, ya uno ser joven y estar en la calle, es arriesgar la vida. Todos podemos morir acá. Pero ¿uno cómo va a dejar a su pueblo? ¿Uno cómo no va a salir a marchar, a protestar mañana, 5 de mayo? No puede marica. Toca asumir. Que si toca irse, toca irse güevón, no hay otra. Toca enfrentar eso…», fueron las palabras que Lucas Villa le envió a un amigo en una nota de voz el día antes de morir baleado en Pereira. Por él y por todas las personas que han dejado su vida luchando por este país, el paro y las movilizaciones deben seguir. No queda otro camino que seguir resistiendo a este gobierno de la muerte, a este gobierno uribista. Tu voz, Lucas, no morirá.
