Columnista:
Daniel Alexander Castrillón
La justicia en Colombia puede ser parsimoniosa pero después de todo arriba. El pasado 29 de abril, casi después de 16 años, una jueza 18, del Juzgado Penal de Conocimiento de Bogotá, sentenció a 17 años y cuatro meses de prisión, al entonces miembro de la Policía Nacional e integrante —y vaya casualidad— del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), Néstor Julio Rodríguez Rúa, por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual, esto es que el gendarme era consciente de las posibles consecuencias de su acción, pero que todavía así, las ejecutó con previsión de resultados, por el deceso del estudiante Nicolás Neira.
Lo acaecido se remonta a un primero de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), del año 2005, cuando el joven estudiante, quien cursaba noveno grado de bachillerato, se integró como muchos a una de las manifestaciones que tenía como destino la Plaza de Toros, en Bogotá.
Pues bien, poco después, a la altura de la calle 26 y llegando a la calle 19 empezaron los desmanes con el ESMAD. De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación en las audiencias: «miembros de la Policía cercaron “en una especie de herradura” a un grupo significativo de manifestantes».
El hecho es que, como respuesta a la turba, en conformidad con la investigación de la Fiscalía: «el entonces patrullero adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) accionó un arma conocida como gaseador o truflay sin orden previa de sus superiores». Y algo peor todavía: sin seguir los lineamientos de los manuales que indican que «los proyectiles de esa arma solo deben accionarse de forma parabólica y nunca de forma horizontal». Sin embargo, 20 metros fueron los que separaron el tirador de la multitud, para que el cuerpo del joven, de tan solo 15 años, yaciera sobre el pavimento.
Como si no fuera suficiente, civiles atestiguaron en las audiencias: «miembros del Esmad lo siguieron golpeando, a pesar de la prominente herida en su cabeza».
De ahí, entonces, que el perito de Medicina Legal dictaminara:
«la manera de muerte era violenta y, como causa, determinó edema cerebral difuso, más contención hemorrágica cerebrosa por trauma cráneo encefálico contundente severo, por impacto de una capsula contenedora de gas de las que actualmente se disparan por los truflay usados por el Esmad. La cabeza estaba en reposo, no estaba en movimiento. No le asiste razón a la defensa técnica en cuanto a que pudieron ser otros elementos con los cuales se produjo el deceso de la víctima».
Tal vez, por eso, alguien querrá que de los 39 casos de víctimas de violencia homicida en la que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública, y de las 12 víctimas de violencia sexual, según lo reportado por la oenegé Temblores en las recientes jornadas del paro nacional, sea investigado, y, quizás, vea a la par, como una luz al final del túnel la «indagación preliminar en averiguación de responsables en contra de servidores públicos (Integrantes de la Policía Nacional) por las muertes de un menor de 17 años, y seis adultos en Cali (Valle del Cauca), dos ciudadanos de 19 años y 24 años, ocurridas en Ibagué (Tolima) y Madrid (Cundinamarca). Asimismo se avanza en dos procesos disciplinarios por presunto abuso sexual ocurrido en Cali (Valle del Cauca), y Manizales (Caldas)».
Mientras tanto, «Las otras indagaciones se adelantan: dos (2) por presunto abuso de autoridad en Bogotá y Risaralda; dos por lesiones personales en Bucaramanga y Bogotá; y dos con ocasión de agresiones físicas registradas en Medellín (Antioquia)». Dicho en comunicado reciente por la Procuraduría General de la Nación.
