Columnista:
Catalina Bossa Lozano
El paro nacional se ha mantenido durante dos semanas de intensas movilizaciones, pero al Estado colombiano le parece que sus exigencias aún no merecen ser escuchadas, y menos han imaginado la idea de dialogar con un país que está jodido por donde se mire, no suficiente con ello ha dado la orden de que sus vándalos digan y amenacen lo que quieran.
El primer vándalo atentó contra la salud en medio de una crisis sanitaria. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, suspendió el envío de vacunas al Valle del Cauca a causa de las manifestaciones, mientras disfrazaba como doloroso este anuncio descarado, porque el departamento, en especial la ciudad de Cali, antes del paro ya estaba reportando que no tenían vacunas y esperaban de forma urgente la llegada de nuevas dosis.
El segundo vándalo ha sido el ministro de Defensa, Diego Molano, que ha insistido, sin reverso alguno, en enviar más miembros de la fuerza pública para dizque evitar hechos violentos; los mismos que causan la Policía y el ESMAD, además de que no puede faltar la carta bajo la manga que suelen usar en estos casos: que los agitadores responsables de los actos criminales y terroristas en Cali hacen parte de las disidencias de las FARC y de otros grupos al margen de la ley.
Pero sin duda el más vándalo ha sido Uribe, que, con su discurso de odio salió en defensa de un presunto derecho que tienen la Policía y el Ejército sobre el uso de armas. Por medio de su Twitter dio la orden de atentar contra la vida y la integridad de los manifestantes, como se registra en varios casos que denuncian disparos y abusos indiscriminados contra la población por parte de unidades de la Policía y el ESMAD.
Este es el verdadero vandalismo con nombre y apellido que funciona con el chantaje de la sociedad disciplinaria de Foucault para controlar no solo la manifestación, sino cada parte del entramado social. Por eso el vandalismo es también defender la violencia policial mientras esta atenta contra el derecho constitucional de la protesta, vandalismo es el montaje de un falso positivo policial que le hicieron a un artista cuando le encaletaron varias bombas molotov para luego acusarlo de terrorista; vandalismo el de la mayoría de alcaldes y gobernantes que se comprometieron a cuidar a la ciudadanía para luego mandar a la policía o al ESMAD a reprimir las protestas y salir a decir que no pasó nada.
El vándalo es el Estado colombiano que a merced de un patrón de su gabinete y la fuerza pública está atentando contra los manifestantes, los medios de comunicación alternativos, y los defensores de derechos humanos, y no satisfecho con eso, Duque anunció asistencia militar, no solo un pronunciamiento que obedece a quien dio la orden, sino también una declaración de guerra contra la digna rabia de este país.
Aturdidoras, lacrimógenas, balas, bolillo y golpes hacen parte del operativo sistemático de represión a una indignación que está a tope como las calles, porque ya no solo se protesta contra la reforma tributaria, sino contra todos los problemas con antecedentes históricos que el Gobierno nacional sigue ignorando. Se protesta por la impunidad y el silencio de todo aquel que ha sido cómplice de un Estado vándalo que no le importa si su país tiene hambre, si está enfermo, sin trabajo, sin educación, sin futuro, si es crítica su situación de derechos humanos y no se le garantiza ni el derecho al ejercicio de la libre protesta social o a la vida. Que quede claro que este es el estallido del aguante de todo un país.
