Colombia, un pueblo sin piernas que por fin camina

Columnista:

Nicolás Tamayo Escalante

14 de febrero de 1997, Universidad Autónoma de Occidente: Jaime Garzón se dirige a un grupo de estudiantes en una conferencia que como premisa auguraba risas como mediadoras del análisis político que lo caracterizaba, pero que, realmente terminó siendo la tarde en la que el visionario sentenciaría una de las combinaciones de palabras más trascendentales para este desangrado país; palabras ignoradas por algunos, apropiadas por otros, pero conocidas por todos:

«Si ustedes los jóvenes no asumen el control de su propio país con los elementos que les da la constitución para bien, apague y vámonos, sigamos viendo para otro lado, porque nadie va a venir a salvarlo por ustedes».

Hoy, 24 años después de esa conferencia de Garzón, los jóvenes ahora se apropiaron de ellas como estandarte del pie de lucha por la transformación de una Colombia cuya clase dirigente ante cualquier tipo de manifestación que no vaya acorde a sus intereses, da la orden, una y otra vez, de reprimir a sus contradictores (que gracias a las múltiples jornadas de paro, se ha demostrado que son una gran mayoría) a como dé lugar, sin importar que se tenga que recurrir a inconstitucionalidades por parte de la fuerza pública.

Recordemos que, en el apartado de los derechos, las garantías y los deberes de la Constitución Política, el Artículo 12 reza: «nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano ni desaparición forzada». Este es, probablemente, el elemento a nivel constitucional que más se ha violado en los últimos días por parte de una fuerza pública, a la cual en su absoluta mayoría también le afecta la tributaria puesto que también son parte de la clase media, pero que, pareciera que fueran ellos los que tuvieran las anteojeras y no los caballos con los que atienden a las marchas en otro acto inhumano más para la lista de una fuerza que de pública solo tiene el nombre.

Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, o por lo menos lo es para cualquiera que no haga parte del Gobierno, el gabinete y su partido, quienes lloran a moco tendido a causa de las acciones directas como la destrucción de bancos y peajes, pero celebran el asesinato a mansalva de civiles en las protestas. Demeritando su causa y enfocándose en actos delictivos que son el reflejo de minorías, pero que, gracias a RCN y Caracol en una cátedra de periodismo arrodillado y de venias al poder, tienen todos los reflectores y son presentados como la realidad absoluta de lo que sucede en decenas de manifestaciones multitudinarias cuyos balances generales destacan por ser carnavales populares, mediados por la cultura y movidos por la indignación.

Y sí, marchar en pandemia es un foco de contagio potencial peligroso cuando el contexto es de alerta roja hospitalaria en UCI en la mayoría de las ciudades principales del país, pero es que, en esta oportunidad, prima dignidad sobre prudencia; el Gobierno ya lo dejó claro anunciando una reforma tributaria, que en la práctica empobrecería más a los más pobres, en medio de la crisis económica más grande que ha atravesado Colombia, así que, por principio de proporcionalidad (un elemento que determina en este caso puntual el actuar de la fuerza pública, pero que aparentemente para reprimir al pueblo este no existe) el pueblo se encuentra, como siempre, pero ahora más que nunca, en su derecho de manifestarse en contra de aquello que vulnera su dignidad, y ningún decreto improvisado que no sea una ley puede impedir que el derecho a la protesta se efectúe, ni justificar que la policía y el Esmad hagan del uso desmedido de la fuerza su primer recurso.

Mucho menos, que, en medio de un procedimiento irregular para reducir y desarticular una manifestación política, se presente una violación y que el victimario sea un miembro del Esmad, que, como si fuera poco, estaba en presencia de una oficial mujer, que no hizo nada para evitar que Diana Fernanda Díaz fuera abusada sexualmente luego de ser detenida sin causa justa en Cali durante la noche del 30 de abril, en la cual, las violaciones de derechos humanos fueron el arma que secundada por lacrimógenas y aturdidoras se encargaron de subyugar a los manifestantes, mientras que la mitad de la ciudad, a oscuras, escuchaba disparos provenientes de las armas de dotación de oficiales que asediaban a las personas que se movilizaban en las calles. Cabe resaltar que, mientras esto sucedía, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, se encontraba, en cualquier lugar, menos en donde se le requería; velando por los derechos de los civiles.

Por cierto, no está de más agregar una mirada en retrospectiva como reflexión: el país que si no votaba de una manera «particular» se iba a convertir en Venezuela, no está muy lejos de esa realidad, aun habiendo votado de dicha manera particular. Pero, en fin, seguiremos esperando que, tras las jornadas nacionales del 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo, en el programa de Prevención y acción del presidente, se dejen de hacer cortinas de humo y se actúe cediendo a la voluntad de un pueblo que está siendo masacrado por la indolencia y precisamente, la falta de acción de un mandatario que, llegados a este punto, no es más que un privilegiado inquilino de la casa de Nariño.