Columnista:
Juan Macías Pabón
Siempre que el país entra en una crisis, son los pobres y la clase media quienes deben responder por las torpezas y las malas administraciones de los gobiernos de turno.
Solo en la cabeza de unos gobernantes mezquinos, apáticos y desubicados, cabe que son los menos favorecidos quienes más deben responder o aportar para recuperar la economía. Como si la pobreza fuese sinónimo de abundancia o estabilidad.
En medio de una nueva crisis que ha desestabilizado el patrimonio del país, pero sobre todo a la clase media, el pueblo vive días de zozobra. Temiendo qué va a pasar mañana, si los pocos negocios que quedan en pie tendrán que cerrar; si aquellos que viven del día a día tendrán para comer, o si tendrán la posibilidad de vivir un día más en medio de esta destructiva pandemia.
Ahora, le quieren poner un IVA del 19 % hasta al aire que respiramos.
Si actualmente el dinero que se gana un colombiano promedio a duras penas le alcanza para subsistir –el salario mínimo no llega ni al millón de pesos–, ante una hipotética aprobación de esta reforma, esa subsistencia será un sueño difícil de realizar.
Pero… ¿Por qué el gobierno siempre pone al pueblo como carne de cañón a la hora de tener que aportar para recuperarnos de una crisis económica? ¿Realmente es económicamente correcto hacer eso, más en estos momentos donde son las clases media y baja los mayores afectados ante esta pandemia que nos está acabando? ¿Dónde tienen la coherencia estos honorables que nos dirigen como país?
No se necesita magíster, PhD, tener título universitario, ser un bachiller o tan siquiera tener una primaria para entender que, en medio de esta crisis, aquellos que más tienen, son quienes más deberían aportar para la recuperación de la economía; más que todo teniendo en cuenta que han sido estos, los principales receptores de la mayoría de los subsidios emitidos por el país para contrarrestar los efectos de la pandemia.
Ellos, los magnates, pudientes y adinerados, evasores de impuestos y sanguijuelas de las arcas del país, tendrían que ser los primeros en la fila al momento de aportar a nuestra recuperación financiera, puesto que son los que más disfrutan de la tetita del Estado y de los privilegios que por concepto de amiguismos les favorecen.
En torno a todo este tema de quién debe aportar más, y quién debe aportar menos; surgen también otras consideraciones respecto a los gastos del Estado y las prioridades a implementar para minimizar las dolorosas consecuencias en el ámbito económico, pero, sobre todo, humano. Sí, porque al final del día es el pueblo quien más siente las consecuencias.
Gastos como el dinero reservado para el presupuesto de guerra, que para el año 2021 es superior a los 39 billones de pesos, destinados en su mayoría para gastos de funcionamiento, son una enorme suma, innecesaria, cuando la necesidad del país pasa por otros asuntos. Inmerso en una guerra que no hace más que empobrecer a los pueblos y enriquecer a unos cuantos –aquellos que la promueven, pero no agarran un fusil– Colombia despilfarra recursos que serían de una enorme valía para contrarrestar los efectos de la pandemia en nuestra gente y economía.
Otros tipos de gastos a tener en cuenta, son las destinaciones presupuestales al Congreso y relaciones exteriores. Esta última, no es más que la buena vida que se dan los embajadores en los demás países con los recursos del Estado. La reducción de estos gastos, que sumados, para el año 2021 suman la módica suma de 2 billones de pesos, permitirían por ejemplo, obtener un recaudo que ayude a levantar a muchas de las pymes que tuvieron que cerrar sus puertas por las restricciones implementadas en muchas ciudades por culpa del virus.
Siguiendo con el desfile de despropósitos, que de no existir o de ser reducidos, le permitirían al país tener una economía fuerte y sostenible, les presentamos a la corrupción; esa actividad que anualmente le quita al país más de 50 billones de pesos, es la “pandemia” que nos viene destrozando desde hace siglos.
Este mal, nuestro mal, el cual encontramos en todos los niveles y entidades del país, es la piedra que nos hace caer, la espina clavada en la costilla, ese insoportable dolor de cabeza, o en la peor de las definiciones, el cáncer que nos destruye. Acabar con ella nos llevaría a un paraíso, sin lugar a dudas nos haría primermundistas.
Con lo anteriormente descrito en la sumatoria presupuestal de cada párrafo, tendríamos para obtener 2 y hasta 3 veces lo que se pretende recoger con la reforma tributaria que nos pretende meter el Gobierno. Es más, solo con la erradicación de la corrupción, sería más que suficiente.
Pero el asunto no ha terminado, existe otro aspecto más que le quita al país decenas de billones de pesos anuales. Y aquí le damos la bienvenida a la evasión de impuestos.
La evasión de impuestos y la palabra “dinero”, son las frases preferidas de las grandes empresas y los grandes empresarios de Colombia. Ellos, amantes de los paraísos fiscales, son una enfermedad más para esta nación.
Según las cifras, en Colombia 3 de cada 4 empresas no tiene RUT, debido a esto y al contrabando, el saldo en evasión supera los 42 billones de pesos al año. Estas cifras, sumadas a la evasión por parte de aquellos empresarios que llevan sus dineros hasta los paraísos fiscales, merman considerablemente el recaudo en el país.
Analizando lo anteriormente descrito, existe en el país otra forma de hacer reforma. Una donde los pobres y la clase media no tengan que ser los paganos de las irresponsabilidades o malas administraciones de unos pocos. Una reforma que vaya enfocada a reducir los gastos del Estado, encaminada a erradicar la corrupción. Una reforma que obligue a las grandes empresas extranjeras a declarar renta y pagar impuestos en el país y no que ejerzan labores acá y sus dineros se vayan para los países de origen. Es que creen, que porque nos dan trabajo acá, ya les salimos a deber, cuando es todo lo contrario: laboran en nuestro suelo, con nuestra mano de obra y con nuestros recursos. Estas grandes empresas, sí o sí, deben pagar un impuesto proporcional a la magnitud de sus operaciones.
La reforma es de esta forma, no como el Gobierno nos la quiere meter.
