Columnista:
Germán Ayala Osorio
La tercera y última reforma tributaria del gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022) golpeará fuertemente a la clase media. A esa conclusión llegan, incluso, miembros de la muy bien aceitada Coalición de Gobierno en el Congreso de la República. Pero más allá de los efectos sociales de la regresiva reforma tributaria, los críticos del régimen de Sarmiento-Duque-Uribe y del proyecto alcabalero, suponen que la aprobación, ajustada o no de dicha iniciativa, tendrá efectos políticos en el escenario electoral de 2022.
En una sana democracia y en el marco de una opinión pública formada para asumir posturas y comprender la dimensión de los gravámenes que se avecinan, los partidos que terminarán avalando y aprobando a pupitrazo limpio la reforma tributaria, deberían de estar preocupados por el malestar social que ya despierta el proyecto de sobre carga impositiva que acaba de radicar el gobierno de Duque. Pero no hay tal.
Tanto el Centro Democrático (CD), como los partidos, las bancadas o los congresistas que de manera individual votarán afirmativamente semejante propuesta impositiva a la clase media, están relativamente tranquilos porque saben de antemano que para el 2022 deberán apelar a las prácticas clientelistas y a las marrullas electorales que cada cuatro año ponen en marcha para mantener el control del Estado.
El congresista Fernando Velasco, del partido Liberal invitó a sus colegas a que examinaran muy bien qué postura asumirán frente a la reforma tributaria, pues podrían sufrir un castigo electoral por parte del electorado. Es posible que así suceda, pero todos en Colombia saben que el Régimen hará todo lo que esté a su alcance para impedir que triunfe un proyecto político con el que se proponga un cambio sustancial en las maneras como opera la institucionalidad oficial desde hace más de 100 años. Es decir, cambiar las co-relaciones de fuerza y por ese camino, sacar del Estado a las familias parásitas que sobreviven adheridas, succionando del erario. Eso no va a suceder tan fácilmente.
No creo que estén muy asustados en el CD y en las otras colectividades que votarán, sí o sí, la propuesta alcabalera de Duque. El primer factor que les da tranquilidad a los congresistas que ya están untados de mermelada y los que aún faltan por recibirla es que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral devienen capturados por lo que se conoce como el uribismo. También la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.
El segundo factor que apacigua el miedo al castigo electoral está dado por las bien consolidadas y aceitadas redes clientelares que en diversas instituciones estatales dejó montadas Uribe y sus colaboradores durante sus ocho años de administración. Hay que sumar a estas las que logró crear Duque en estos ya casi cuatro años de gobierno.
Un tercer factor tiene que ver con la tradición y la coyuntura. Ya es costumbre en Colombia, cada cuatro años, que cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos de todos los estratos sociales, negocian sus votos o los cambian por lentejas o cemento, contratos de menor cuantía en institutos descentralizados, o puestos en ministerios, alcaldías y gobernaciones; y los millonarios contratos por los que “compiten” miembros de familias ricas. Todos tienen en común que venden sus votos, lo que sucede es que los medios masivos solo se fijan en los pobres, que negocian sus preferencias al votar por un tamal, unas tejas o un plato de lentejas. Al final, sobre los pobres, que son mayoría, enfilarán nuevamente las engañosas baterías electorales del CD y de otros partidos afines.
Dirán entonces que al golpear fuertemente a la clase media, no habrá contratos o prebendas que sirvan para mantener el apoyo electoral de los miembros de ese importante segmento electoral. Quizás, pero aquí entran en juego otras consideraciones y circunstancias que hacen posible que a pesar del golpe tributario, estos ciudadanos y ciudadanas mantendrán su intención de votar por aquel que garantice la operación del actual Régimen de poder. Esos mismos ciudadanos saben que podrán recuperarse del totazo impositivo rogando y patinando contratos, prestándose para prácticas corruptas, como el lavado de activos, entre otras prácticas mafiosas amparadas en el clientelismo, asumido en Colombia como una institución política.
Se suma a lo anterior, el apoyo propagandístico de los medios masivos, en particular los que hacen parte del eje mediático del mal: El Tiempo, Semana, el noticiero de televisión RCN y los programas radiales La FM y La W.
Para enfrentar semejante estructura de poder electoral, los partidos y organizaciones de izquierda y progresistas deberían de haber iniciado de tiempo atrás una estrategia de contra poder informativo en comunas y sectores populares y vulnerables para explicarle a esas comunidades lo inconveniente que resulta votar de nuevo por el que dirá Uribe o por quienes se presentan como sus críticos, pero que son más de lo mismo. Hablo en particular de Sergio Fajardo Valderrama.
Les propongo que hagan talleres pedagógicos con los que votaron por Duque porque creyeron en el manido cuento de que “seríamos otra Venezuela y que no habría papel higiénico”. Deberían de usar las declaraciones de renta de Uribe y del propio Duque, para que estas comunidades comprendan de una vez por todas quiénes son los parásitos responsables de que millones de colombianos vivan en condiciones de miseria y pobreza.
Habrá que esperar qué pasa al interior del Congreso con este adefesio de reforma tributaria. No creo que se hunda el proyecto porque la triada Uribe-Duque-Sarmiento mantiene las mayorías en esa desprestigiada corporación legislativa. Lo que si podemos advertir es que el malestar social es creciente en Colombia. Lo que no podemos asegurar es si dicha circunstancia es suficiente para inhumar, electoral y políticamente hablando, a eso que se conoce el uribismo.
