La profesora en la mira del uribismo

Columnista:

Germán Ayala Osorio

El régimen uribista tiene, por principio, ocultar tanto los actos de corrupción, la captura del Estado y, por supuesto, las atrocidades cometidas por agentes del Estado durante los aciagos años en los que mandó Uribe (2002-2010). En ese lapso, no solo desconoció la existencia del conflicto armado interno y por ende los derechos de las víctimas, sino que instauró una ignominiosa dictadura civil, en la que sus críticos fueron elevados a la categoría de «amigos de los terroristas» y confrontados desde la lógica de la doctrina del enemigo interno. Se suma a lo anterior, la intención de reducir el Estado social de derecho, a un «Estado de Opinión», estrategia anclada al neopopulismo con el que Uribe Vélez manejó los asuntos del Estado.

Tanto el Capataz de marras, como sus áulicos, desdicen de la educación y en particular de la pública. Califican como acciones de adoctrinamiento las actividades educativas con las que estudiantes y profesores indagan sobre lo ocurrido durante la aplicación de la infame política de defensa y seguridad democrática, la misma que dio cobijo a los crímenes de Estado, conocidos como Falsos Positivos.

La molestia de Uribe y de sus aleccionados seguidores y admiradores radica en su visceral animadversión hacia la construcción de memoria histórica, en un país cuya sociedad sufre repentinos, pero sostenidos olvidos acerca de quiénes son los máximos responsables de que estemos en los primeros lugares entre los países más violentos y desiguales del mundo.

El caso de la profesora Sandra Ximena Caicedo explica con suficiencia la animosidad que desde las huestes uribistas se alimenta en contra de los profesores y estudiantes que se atreven a esculcar, develar y sobre todo comprender qué fue lo que realmente pasó entre 2002 y 2010 en materia de orden público y en particular con la práctica sistemática de asesinar civiles para que los uniformados recibieran condecoraciones, almuerzos especiales, permisos, ascensos, bonificaciones  y vacaciones.

Es decir, la ojeriza hacia los profesores y estudiantes críticos se explica porque buscan a toda costa que el divinizado «Gran Colombiano» mantenga ese halo de pulcritud que medios y periodistas ayudaron a construir, tratando de tapar su pasado oscuro, por los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia y director de la Aerocivil.

La profesora Caicedo, sometida a todo tipo de presiones e incluso, a una investigación de oficio solicitada por el Centro Democrático, solo está cumpliendo con su deber de construir memoria y excavar en los silencios del unanimismo ideológico y político que vivimos en Colombia entre 2002 y 2010. Al ahondar en el tema de los «Falsos positivos», la profesora Caicedo se alinea con la JEP, con el propósito de develar una verdad que, aunque dolorosa, debe ser ampliamente explicada, confrontada y divulgada para ese noble propósito de construir verdad jurídica y memoria histórica.

En su editorial del 10 de abril del año en curso, El Espectador pone el dedo en la llaga al señalar que “las turbas virtuales prendieron sus antorchas y salieron de cacería esta semana. Motivadas por personas afines al uribismo, se concentraron en atacar a una profesora, exigir que se limite la libertad de cátedra e insistir en negar que las ejecuciones extrajudiciales existieron y se agudizaron durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Colombia está en medio de una guerra por la memoria, alimentada por la desinformación del Centro Democrático y el objetivo de despedazar los mecanismos de justicia transicional producto del Acuerdo de Paz para que los colombianos no se enteren de lo que ha ocurrido en este país”.

El taller aplicado por la profesora no solo es legítimo, sino que está protegido por la libertad de Cátedra, la misma que Uribe y sus amaestrados simpatizantes buscan de tiempo atrás erosionar y someter para imponer una única narrativa que les permita seguir ocultando crímenes, desmanes, equivocadas decisiones de política macroeconómica en el contexto de un desarrollo insostenible, promovido por el ladino latifundista.

Ojalá que esta andanada de presiones y señalamientos contra la profesora no terminen en amenazas y en acciones que pongan en riesgo su vida y de la sus familiares. Y aunque estamos aún bajo el dominio del expresidente e imputado ciudadano, no está demás que las directivas del colegio y la Secretaría de Educación de Cali soliciten protección a la Policía. No se puede desestimar este tipo de presiones y descalificaciones, pues es claro que la profesora ya está en la mira del uribismo.

Hoy más que nunca el profesorado tiene la obligación ética, política y moral de profundizar en los análisis sobre los crímenes de Estado, mal llamados Falsos Positivos. Aquí lo que está en juego es la deconstrucción de unas narrativas y de una verdad política y mediáticamente amañada con las que han intentado ocultar los años más infaustos, amargos y deplorables que vivió Colombia en su historia reciente. Los estudiantes de colegios y universidades deben saber, reconocer y comprender que el periodo presidencial de Uribe (2002-2010) superó lo vivido en materia de violación de los derechos humanos durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) e incluso, lo acontecido en las dictaduras militares del Cono sur.

Adenda1: preguntas: ¿quién filtró el taller y con qué intenciones?; ¿cómo llegó este a manos del político uribista que dio inició a la persecución de la profesora? Acaso un estudiante, con familia «uribizada», lo llevó a la casa y a partir de allí se inició todo este episodio de descalificación de la profesora y de la actividad docente?

Adenda 2: extremadamente grave que Iván Duque limite los derechos ciudadanos a la acción de tutela y silencie a los jueces municipales, a través de su inconstitucional Decreto 333 del 6 de abril de 2021. Sin duda, una acción propia de un pichón de sátrapa.