Columnista:
Elizabeth Giraldo Giraldo
Históricamente, la institucionalidad pública en Medellín ha tenido unas fronteras difusas con lo privado, una de las causas principales de tal situación ha sido la participación en política de la élite económica y empresarial en la historia moderna de la ciudad, quienes mezclaron en cargos de representación política, incluso confundieron sus intereses particulares con los públicos. En consecuencia, la visión de ciudad que se ha impuesto, y que hoy está en crisis, es la de una Medellín que se comporta como una gran empresa, liderada bajo derroteros como la eficiencia, la inversión, la competitividad y la comercialización; todo esto contrario o por lo menos debilitador de lo que debería ser la vocación pública de la ciudad, es decir: la redistribución, la justicia, la garantía de derechos y la sostenibilidad.
EPM está en el corazón del poder que se ha construido de arriba abajo y restringe la decisión sobre los destinos de la ciudad a un cerco muy pequeño, megaespecializado y con poca o nula participación del grueso de habitantes de la ciudad. El Gobierno corporativo implementado a partir de varios escándalos por malos manejos financieros durante el Gobierno de Luis Pérez cierra este ciclo de confusión entre lo público y lo privado con la introducción de un modelo netamente empresarial, que define un pacto que privatiza las decisiones y pone como mayoría decisoria al sector privado, rico y con intereses comerciales en la ciudad.
Ahora, los nuevos modelos de participación que abren la institucionalidad pública a la voluntad ciudadana en escenarios más amplios que la elección popular de mandatarios y con un sentido radical de la democracia, nos llevan necesariamente a repensar las formas de gobierno de la principal empresa pública de la ciudad, pues el logro de una ciudad justa no será posible sin poder político para la ciudadanía, a riesgo de caer en modelos asistencialistas que ponen a las personas como meros receptores de políticas o peor aún los reduce al papel de consumidores y usuarios.
Medellín debe permitirse soñar con una asamblea ciudadana y popular de EPM. Los mecanismos asamblearios se sostienen como vías legítimas y colectivas, propicias para la deliberación, representación y participación ciudadana. La expresión directa de intereses comunitarios, de clase y territoriales deben abrirse a las mayorías de la ciudad y no quedarse en el selecto grupo que hoy pueden hacerlo en un organismo cerrado como es la Junta de EPM, insuficiente ante la capacidad participativa que tiene la ciudad y la urgente necesidad de que otras y más voces orienten los destinos de este ente público.
La construcción de lo común no puede estar en unas cuantas manos porque se vuelve botín para unos pocos, y quien atenta contra lo público atenta contra la democracia. En los acontecimientos recientes de EPM queda desvirtuada la falsa idea que se hizo reina de que si los privilegiados deciden ganamos todos, se ha hecho evidente que debe ser la ciudadanía quien cuide y vele por los intereses ciudadanos; que una institucionalidad sin una convicción por la garantía de derechos terminará obrando por fuera de los órdenes que la justicia social impone.
En el sueño posible de una ciudad que da el paso de ser vista como una gran empresa a ser concebida como una comunidad política construida colectivamente con sentidos de igualdad, sostenibilidad y representación, es urgente introducir otras prácticas y relaciones de poder para pasar de ser usuarios a gozantes de derechos, para que el municipio sea más que administración y sea ciudadanía, para que la ciudad cumpla con su vocación pública y colectiva.
