¿Cuándo nos vamos a tomar en serio los derechos humanos?

Columnista:

Jesús Antonio Córdoba

Hace pocos días nos enteramos, gracias a Temblores ONG, de los 86 homicidios perpetrados durante el 2020 que habrían tenido participación de la Policía, siendo la comunidad afro y los migrantes los más afectados. Violencia desde la institucionalidad a la que tanto reverencian en este país y que aquella persona que se atreva a expresar este tipo de realidades es tildada de «polarizadora» o «radical» para evitar que se hablen de estos hechos repudiables. En otros casos más graves se llega al punto de etiquetar a las personas denunciantes de subversivos. Cortinas de humo que encuentran su punto de partida en las derechas de Colombia; en algún sector del vacío centro, en medios y la opinión pública. El informe de esta ONG tuvo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC) y el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.

Por otro lado, están las masacres a las que el Gobierno de Iván Duque quiere restarles importancia categorizándolas como homicidios colectivos. Masacres que tuvieron su cifra más alta durante el año pasado (76 casos según la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)  y que no se veía desde el año 2014. Si bien son violaciones a los derechos humanos que no se pueden atribuir a la institucionalidad, esta no ha hecho lo suficiente y lo debido para que dichas muertes se detengan y que en Colombia no tengamos que ver noticias de líderes sociales, defensores de derechos humanos o excombatientes muertos en estas masacres. Además, Medicina Legal anunció una cifra más al pozo de dolor que es Colombia, esta vez relacionada con las muertes de habitantes de calle. Según esta entidad, entre el 31 de enero de 2016 y el 31 de enero del 2021 han muerto 1539 habitantes de calle; siendo homicidios la mayoría de estos casos.

Otra cifra aterradora, pero que no encuentra su contexto en el año pasado, es la que divulgó hace varios días la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde expone que del año 2002 al 2008, época en que gobernó Álvaro Uribe Vélez, se llevaron a cabo 6402 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, fomentadas a través de incentivos perversos donde se ofrecían premios (dinero, ascensos, reconocimientos, permisos, etc.) a cambio de capturas o muertes de subversivos. Incentivos que llevaron a la consecución de esa indignante cifra en la que, incluso, mataron a uno de los suyos, dieron de baja a un militar para presentarlo como un guerrillero de las Farc muerto en combate. El cuerpo del soldado, cuyo nombre era José Fabio Rodríguez, fue encontrado con unas botas de caucho dos tallas más grandes que las que solía ponerse y con un arma en su mano derecha cuando él era zurdo, hechos característicos de esta macabra práctica institucional.

La JEP tuvo en cuenta para la presentación de estas cifras las entrevistas a 325 personas que tenían alguna cercanía con lo sucedido, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de la Fiscalía, y de más de 285 organizaciones de Derechos Humanos. 6402 ejecuciones extrajudiciales que corresponden al 78 % del total de hechos de esta naturaleza de los que se tiene referencia en el país. Todo esto hace parte de la estrategia de priorización dentro del Caso 03 denominado ‘Falsos Positivos’, dado a conocer por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a través del Auto 033 de 2021.

Y dentro de todas estas violencias, una que pocos se toman en serio es la de los feminicidios. Como lo manifestó el Observatorio de Feminicidios en Colombia, durante el pasado 2020 en el país ocurrieron 630 casos de este tipo. Y para este 2021, hasta febrero 19, el Observatorio de Violencias contra la Mujer de la Fundación Feminicidios Colombia constataba la perpetración de 46 feminicidios. Es una evidente violación de derechos humanos que no puede concebirse como un simple problema mediático, es una violencia que debe tener un foco permanente por parte de todos y todas. Que la preocupación por este tipo de problemáticas de género no sea algo que se quede en la conmemoración del 8 de marzo y del 25 de noviembre. La discusión de este tema y la visibilización de estas violencias de género deben ser una prioridad en Colombia.

Con seguridad vamos a seguir enterándonos de estos y otros hechos más repudiables porque el Gobierno uribista no está en la disposición de tomar los correctivos necesarios a fin de disminuir al máximo este ambiente de violencia. Urge en Colombia un proyecto político que no se conforme con ser oposición, que fomente el respeto a los derechos humanos y no desconozca la importancia de los enfoques de género, y que impida esa falsa noción de que la democracia lo legitima todo, que impida que sigamos viendo con respeto a un proyecto criminal como el uribismo que utiliza el poder para lucrar a los suyos y no para generar bienestar general y colectivo; sin implementar políticas públicas efectivas que brinden una solución a todos estos hechos. Como sociedad no podemos seguir tolerando lo intolerable.