Columnista:
Daniel A. Montoya Castrillón
Hay serios indicios que logran demostrar que, al menos dos exsenadores de la República (y en un rato explico el porqué del ex), sindicados por la Corte Suprema de Justicia de incurrir en algunos delitos, aplicaron contra viento y marea el viejo adagio que reza «hecha la Ley hecha la trampa», que no es más que hacerse el de la vista gorda, cada vez que sienten que la justicia los va a tocar.
Al primero de ellos, y de quien según dicen es uno de los hombres más poderosos de Colombia, y que por lo demás, ha sido dignatario de ocupar cargos tales como la gobernación de Antioquia, dos veces la Presidencia de la República, y hasta hace poco, una curul en el Senado, la justicia colombiana lo responsabiliza de haber incurrido en los delitos de fraude procesal y soborno.
El exsenador, integrante y líder del Centro Democrático, se llama Álvaro Uribe Vélez, quien es señalado por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo en ese caso: de que Uribe creara, junto con su hermano Santiago Uribe Vélez, el Bloque Metro, rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); esto es, de ejércitos privados que servían a los intereses de narcotraficantes y ganaderos.
Pues bien, a uno de los apoderados del exsenador, Diego Javier Cadena Ramírez, quien es reconocido, no solamente por defender a narcotraficantes, sino también por ser habilidoso para obtener cartas y videos, en las cárceles colombianas, con el objetivo de favorecer a sus clientes y estropear a sus contradictores, también lo investiga la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos que se le endilgan a su cliente (fraude procesal y soborno), a raíz del ofrecimiento que le hizo al testigo Juan Guillermo Monsalve, antípoda de su cliente, Álvaro Uribe Vélez, de un recurso de revisión ante la Corte.
“Él me dijo (Juan Guillermo Monsalve) que se iba a perjudicar por las falsas denuncias. Le ofrecí un recurso de apelación ante la corte. Le dije no conozco su caso, pero le podría hacer por mi oficina un recurso de revisión para ayudarle con el tema de su condena”.
El recurso de revisión que le ofreció Cadena a Juan Guillermo Monsalve, ha sido uno de los numerosos ofrecimientos que le ha hecho al testigo.
Sin embargo, pese a que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso una medida de restricción de la libertad temporal contra el expresidente Álvaro Uribe, el pasado 4 de agosto, con la finalidad de impedir «posibles riesgos de obstrucción a la administración de justicia»; días más tarde, el 18 de agosto, Uribe renunciaría a su curul en el Senado.
Lo llamativo del caso es que dos años atrás y por esas mismas fechas, el exsenador (ahora ya sabemos el porqué del ex), aseguraba que «Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia». Aunque su afirmación, tiempo después se caería por su propio peso.
Ahora bien, al segundo de ellos, integrante del Partido de la U y vicepresidente del Senado hasta hace un año, la justicia colombiana lo señala de haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias en proceso originado en posible oferta a un juez, cohecho y violación de topes electorales.
El exsenador, se llama Eduardo Enrique Pulgar Daza, y le ofreció «200 barras» al juez promiscuo de Usuiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez Cáez, para que decidiera en favor de su amigo Luis Fernando Costa Osío.
Osío, es el líder de un conglomerado, que con cuestionables artimañas se hicieron al control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y también aspiran a quedarse con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres corporaciones facturan al año 80 000 millones de pesos.
No obstante, Pulgar, luego de haber maniobrado hábilmente para que las audiencias se aplazaran cada vez sentía que lo iban a acusar, aun cuando la sala de instrucción de la Corte le impuso una medida de aseguramiento. Días después, Eduardo Pulgar también renunciaría a su curul en el Senado.
El hecho es que ambos exsenadores ganan por partido doble: con cara, al renunciar a su curul en el Senado, y por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia pierde su competencia; y con sello, porque a los dos senadores se les traslada el proceso a la justicia ordinaria: a la Fiscalía General de la Nación, en donde al primero (Uribe), lo procesa Jaimes Durán, subalterno de Barbosa; este último nombrado por el que fue para entonces candidato a la presidencia por el Centro Democrático y hoy presidente, Iván Duque; y al segundo (Pulgar), su apoderado y vaya casualidad: también del primero (Uribe), Jaime Granados, que le solicitó a la CSJ, «Se remita por competencia la actuación, dentro del radicado 300, a la Fiscalía General», por cuanto ellos, a lo mejor, no tendrán mayores contratiempos.
Los Colombianos estamos jodidos, pues claramente se ve que la justicia es para los de ruana, par de bellacos corruptos, mafiosos.