El año de las firmas en Colombia

Columnista:

Daniel Fernando Rincón

Si no fuera porque la estrategia de comunicaciones del jefe del partido de Gobierno, el exsenador Álvaro Uribe Vélez, dio a entender su temor de perder el poder central en 2022, el 2021 podría ser un año preelectoral típico, sin mayores jugadas electorales.

Y es que los bloques históricamente enfrentados de godos y liberales, asumidos hoy por los movimientos cercanos o afines al partido de Gobierno o afines al proyecto político del senador Petro Urrego, debido en parte a la mala gestión del Gobierno Duque y a la revelación de la multicrisis estructural por la pandemia del COVID-19, anunciaron, a finales de 2020, que en 2021 tendrán un campo de juego nuevo, pero en el que ambos ya tienen experiencia: la recolección de firmas para convocar referendos constitucionales populares.

Por una parte, se encuentra el referendo constitucional, liderado por el senador Roy Barreras, cuyo comité promotor ya está en estudio en la Registraduría Nacional, el popular #ChaoDuque, que ciertos sectores sociales han empezado a llamar el #ReferendoSocial, y que además de la revocatoria del mandato presidencial; motivo principal del mismo, presenta siete preguntas con las que se busca el apoyo popular a fin de modificar la Constitución de 1991: el salario mínimo básico universal; la pensión universal; la educación pública gratuita desde preescolar hasta la universidad; la implementación efectiva del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC; el servicio social para la paz; algunos principios básicos para el derecho fundamental a la salud y la protección del ambiente.

A este proyecto ya se han sumado organizaciones sociales como Juventud Rebelde Colombia y algunos líderes sindicales; esperándose que lleguen más organizaciones y sectores independientes y opositoras al Gobierno Duque.

Por otra parte, a finales de noviembre de 2020, varios senadores del partido de Gobierno, haciendo eco a la propuesta del exsenador Uribe Vélez, al salir en redes sociales a divulgar los trece puntos de su referendo, que más que ser propuestas que estén alineadas con el clamor y las necesidades reales del pueblo, bien parecen una colección de ideas que no han podido realizar en sus dos años de mandato y que creen que juntarlas y llevarlas a nivel constitucional, podría representarles un gran rédito político.

Hasta el momento, no se ha anunciado la conformación del comité promotor ni se conoce en medios de comunicación el apoyo de sectores u organizaciones.

Ahora bien, aun cuando pareciera que, con esos dos procesos de recolección de firmas a nivel nacional, fuera suficiente para provocar al electorado colombiano y movilizarlo a las urnas, hay que sumarle la inscripción en Medellín del comité impulsor de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Calle; al igual del comité promotor de la revocatoria del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Así mismo, en Bogotá se anunció el proceso de conformación del comité revocatorio a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y se anunciaron las intenciones de revocatoria al alcalde de Girardot, José Francisco Lozano.

Más allá de si los promotores de estos procesos populares que sin lugar a dudas fortalecen la democracia participativa establecida en Colombia a partir de la Constitución de 1991, son «extremistas y corruptos», como afirma el senador Petro Urrego y por encima de otros tantos juicios de valor que pueden suscitar los líderes y miembros de los comités promotores, esta recolección de firmas, en un año preelectoral, sin duda alguna se presenta como un nuevo escenario de disputa de los bloques, que desde 1810 se han enfrentado en estas tierras colombianas.

Habrá que esperar cómo se desenvuelve todo el proceso en este, el segundo año pandémico de nuestro país.