Columnista:
Diana Carolina Abril Giraldo
El pasado 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, «por su celebración», Álvaro Uribe Vélez anunció en su perfil de Facebook: «Noticias informan; La dictadura de la JEP ordena 600 esquemas de seguridad de ex guerrilleros [sic]». A renglón seguido colocó en su perfil: «La JEP es la garantía de un país de Farc no en paz».
La Jurisdicción Especial para la Paz, una dictadura que hace unos días estableció que hay 2094 personas víctimas de desaparición en «el área de influencia de Hidroituango en los municipios de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia». La JEP, una dictadura que no ha hecho más que investigar y cumplir con las funciones como «componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP». Una dictadura que en su comunicado reciente, a partir de las víctimas de desaparición en el área de Hidroituango lo catalogó como un «gravísimo crimen», además de « (…) masivo, generalizado y persistente, al mismo tiempo que sin duda, lesionó en grado sumo a las comunidades», según el Auto AT-195-20.
La JEP, una dictadura que hace parte de un proceso de paz al que muchos le dijeron que no. Una dictadura que trabaja «para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera». Una dictadura que se enfoca en «los delitos más graves y representativos del conflicto armado, de acuerdo con los criterios de selección y priorización definidos por la ley y los magistrados». Esa es la JEP que nos representa: una dictadura que persigue a los muertos por causa del conflicto y los hostiga hasta exhumarlos.
Según el comunicado de la JEP, y reitero, se estableció que hubo 2094 víctimas de desaparición; un poco menos de los muertos que hubo en el atentado a las Torres Gemelas, el fatídico 11 de septiembre en el que fallecieron 2753 personas. Mucho menos que los muertos en los combates en Libia, equivalentes a un aproximado de 1700. El 1,1 % de los 182 803 desaparecidos de manera forzada, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas. Un 1 % del total de muertos que dejó el conflicto armado. Más del doble de los civiles asesinados en Siria, a junio de este año. Casi los mismos muertos que dejó en un día el coronavirus en EE. UU. Una cifra y porcentaje irrisorios que no enorgullecen, sino que apenan a nuestra nación y que deberían sentirlo así nuestro pueblo y gobernantes.
Aunque, es solo un número que, a muchos, y sobre todo a los que están y han estado en contra de la paz, no les importará. ¡Qué es una cifra más de muertos que ya no sirven, porque muertos están! ¿¡Para qué encontrar otra fosa común más!? ¡De qué sirve gastar dinero en buscar desaparecidos y desenterrar a los muertos que no son productivos para el Gobierno! Esas desapariciones forzadas que de acuerdo con la JEP, en el numeral cuatro del comunicado, se menciona: « (…) habrían sido ejecutadas principalmente por grupos paramilitares, Bloque Mineros y Bloque Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las FARC, y por unidades de la fuerza pública».
No obstante, no solo esos datos de desaparecidos, de manera forzosa y ahora hallados han salido, de manera desafortunada a la luz y gracias al organismo. Recordemos que aún sigue la diligencia de exhumación de las fosas comunes en Dabeiba (Antioquia), en la que se han hecho 71 hallazgos. Sin contar otras regiones en las que se han exhumado varios cadáveres que ya engrosan una larga lista y, que, para los amigos de la guerra no significan más que solo huesos. Pero, de forma contraria, significan para sus familiares la única esperanza que tienen de poder dormir algún día tranquilos. Saber que por fin encontraron a quienes estaban, por muchos años, desaparecidos. Eso, es lo único que a las víctimas de la guerra les queda; encontrar a sus familiares y conocer la verdad que viene con ellos.
Es así como las investigaciones hechas y anunciadas por la JEP solo enojarán a los que tienen mucho que ocultar, incluyendo a Uribe por su relación con el Bloque Metro y a Fajardo, que ahora está imputado por acciones y omisiones en el proyecto de Hidroituango y que a pesar de que esta imputación se trata de responsabilidades fiscales y ambientales, podrá conllevar a otras responsabilidades que impliquen la desaparición forzada de personas en esa área.
En consecuencia, Uribe y sus aliados le temen a la verdad y a esos cuerpos sin vida, que, si se siguen exhumando, hablarán, aunque no puedan hacerlo y, allí, no habrá publicación y entrevistas que valgan. La verdad saldrá a la luz y aquí vale la pena citar a Winston Churchill con su frase: «La verdad es incontrovertible; la malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse, pero al final está ahí». A este respecto, el ahí de Churchill es el Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
