Colombia y el Estado que traicionó la paz

Columnista:

Adelaida Nikolayeva

Con enorme estupor recibimos los colombianos la vuelta de Santrich, Iván Márquez y un grupo de exfirmantes del acuerdo de paz a las armas. La matriz de opinión que crearon los grandes medios de comunicación fue tan meticulosamente construida, que hasta los «honorables» congresistas del Partido Verde, se manifestaron en el capitolio con unos ridículos carteles que decían: «Paz sí, Santrich no».

Hoy, luego de haber escuchado las intervenciones de los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda y Roy Barreras, queda claro para el país el talante saboteador con el que desde el Gobierno de Juan Manuel Santos se comenzó a fraguar el imperdonable sabotaje al reciente proceso de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC.

Y es que no cabe duda que el  expresidente Juan Manuel Santos tiene que ver mucho con este sabotaje que comenzó a engendrarse en las entrañas mismas de su gobierno. Recordemos que la terna que presentó Santos en el 2016 estaba conformada por «la abogada Mónica Cifuentes, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el exministro Néstor Humberto Martínez». El resto es historia, pues Néstor Humberto fue electo fiscal.

No tiene presentación que el mismo Gobierno Santos, que llevó a cabo las negociaciones con las FARC, que solicitó acompañamiento internacional, haya dejado todo listo para que la cabeza más importante de la Fiscalía de Colombia hubiese construido con la DEA una trampa para extraditar al jefe negociador de las FARC y senador de la República Iván Márquez. En el debate del 26 de noviembre, Petro afirma en su intervención que las 24 mil horas de grabaciones se basaron en interceptaciones que se hicieron desde la Fiscalía.

Los señores, Hernández Solarte, Gómez España (miembro del cartel de Cali) y Yunes Arboleda (un empresario) se reúnen con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez) durante un año. Al distrito judicial de Nueva York se les presenta como integrantes de las FARC. El señor Gómez España, es un colaborador de la DEA desde que salió de prisión. Casi todas las conversaciones grabadas son de estas personas, que se les hace pasar como supuestos miembros de las FARC y se les graba ilegalmente en diálogos telefónicos con supuestos narcotraficantes del Cartel de Sinaloa, cuando en realidad, como lo demuestran los senadores en el debate, son funcionarios de la DEA. Gómez España ya tenía una relación personal con uno de esos agentes de la DEA y Marlon Marín sabía también que hablaba con la DEA. Los funcionarios de la DEA estacionados en Colombia estaban tratando de comprobar si de verdad Marlon Marín podía comprometer en una operación de narcotráfico a Iván Márquez, pero no lograron siquiera hacerlo pasar al teléfono.

Al final, la operación consiste en hacer una entrega controlada y solicitada por la DEA, que le desembolsa, a una de estas personas mencionadas, 22 millones de pesos para comprar cocaína, cinco kilos para supuestamente, comprobar la calidad, cuando en realidad no se necesitaba esa cantidad para realizar este procedimiento. Usaron esta cantidad porque con cinco kilos es suficiente a fin de solicitar la extradición a los EE. UU.

Una vez realizada la prueba, los supuestos carteles mexicanos comprarían diez toneladas de cocaína a las FARC. Según las grabaciones, las diez toneladas estaban en poder del vicepresidente de la República, el exgeneral Oscar Naranjo. Luego, comienza la negociación sobre las diez toneladas, solo que en ninguna de las miles de grabaciones se hace presente ningún miembro de las FARC. Todo es un libreto construido, que fue entregado a un juez de EE. UU. Estas interceptaciones comienzan en el 2016, quince días después de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón.

Petro, presentó en el debate la solicitud de la DEA de la entrega controlada, pese a la negación de Néstor Humberto Martínez, acá abajo se exponen las pruebas. Operación controlada significa que la cocaína es de la DEA y no del narcotráfico. Un segundo documento probatorio difundido por el senador Petro, es un documento de la Fiscalía firmado por la fiscal Bertha Cecilia Neira Diaz, delegada en este proceso.

Estos son abrebocas del debate y denuncia magistral hecha por el senador Gustavo Petro, que todos los colombianos deberíamos escuchar y analizar con detenimiento por las consecuencias de un hecho tan grave para la paz, que algunos altos funcionarios como Néstor Humberto Martínez ayudaron desde una institución como la Fiscalía, a preparar, utilizando el Estado para este propósito tan criminal.

Dentro de las revelaciones hechas, sabemos que interceptaron también, al senador Iván Cepeda y a uno de los asesores de los negociadores de las FARC, actual parlamentario español, Enrique Santiago.

Quedan muchas preguntas sin respuesta, con estas delicadas revelaciones. Lo primero que queda claro es que la decisión tomada por la JEP, fue acertada. No había ninguna razón para autorizar la extradición de Jesús Santrich. Lo segundo, que considero bastante grave, es ¿quiénes planearon esto?

Es inaceptable que se les diga a los colombianos, que ésta fue una estrategia únicamente diseñada por Néstor Humberto Martínez y la DEA. ¿Cuál fue el papel de Juan Manuel Santos en este plan para sabotear la paz? ¡Perjurio! Nos engañaron a todos los colombianos y al mundo, a los países garantes. Esto solo demuestra que nunca tuvieron ningún interés en la superación del conflicto. Necesitan la guerra para seguir saqueando este país.

Se reafirma lamentablemente la tesis expresada por ‘Jonnier’, tercero al mando en la estructura liderada por Gentil Duarte e Iván Mordisco. La paz no llegaría con el acuerdo, el Estado colombiano no tenía intenciones de cumplir y este sabotaje es la prueba reina de eso, sumado al asesinato sistemático de exguerrilleros y líderes sociales y a la incipiente implementación del acuerdo de paz. ¡Nos condenan vilmente a una guerra sin fin!, en la que a lo largo de la historia siempre han muerto los mismos, los colombianos más pobres condenados a pelear una guerra que no es de ellos, una guerra que no pensaron, una guerra que no queremos.