Columnista:
Julieth K. Rojas
Con la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha empezado a discutir sobre las implicaciones del confinamiento para las mujeres y el aumento de casos de violencia intrafamiliar y de género. También, ha sucedido que en pocas horas se empiezan a difundir en redes sociales casos de violencia física a mujeres que queda registrada en fotografías o videos. Pero ¿eso es todo?
Desde hace un tiempo comencé la tarea de compartir en redes sociales mi historia, no solo para que se sepa la verdad de los procedimientos, sino para que otras mujeres cuenten la suya, para que algunas cosas se sepan por fuera de Caquetá y se pueda hablar del tema. Es importante reconocer que presentar una denuncia formal puede ser solo el inicio del sufrimiento para las mujeres.
Antes de cumplir 10 años de edad he vivido violencia intrafamiliar y, aunque me costó mucho emocionalmente esperar a crecer para presentarme ante Fiscalía, esa no fue la peor parte. Tampoco lo fue el rechazo familiar como respuesta. Desde 2016 en la Fiscalía de Florencia, vengo denunciando a José Ricardo Rojas Bustos; y puedo decir que han sido muchísimos más a quienes he tenido en contra que a mi favor; empezando por el mismo Estado. De mi experiencia, resumo tres componentes:
La revictimización inicial
En Caquetá todas las instituciones que han intervenido en mi denuncia se han mostrado en disposición de revictimizar, por acción directa o por omisión. Como no tengo los recursos económicos para costear un abogado, siempre he tenido que depender de la Defensoría del Pueblo Caquetá, lugar en el que se me han asignado abogadas que omitían darme a conocer que tengo derechos, sabían de la existencia de pruebas en contra del denunciado y omitían informar que estas debían ser entregadas a la Fiscalía, hacen cosas como advertir a la víctima que su defensa va a renunciar al caso si se queja del servicio y uno de los puntos más álgidos de hostilidad: grabar a la víctima sin su consentimiento para amedrentarla por WhatsApp repitiendo “la tengo grabada”. Todo esto realizado por las “defensoras”.
Como corresponde, esto ha llevado a quejas formales ante Defensoría sobre el actuar de sus contratistas, con los debidos soportes anexos, pero después de dos años no se ha tomado ninguna medida al respecto. Luego, con la emergencia del COVID-19, solo se tiene la suspensión de los términos de respuesta, ayudando a ocultar la dilación que permite que terminen los contratos de las señaladas.
Ni qué decir sobre el descubrimiento de que el denunciado habría estado trabajando con la Defensoría de Caquetá y, a un año de consultarlo por escrito, nadie responde. Mucho menos hablar de cuando me asignaron al mismo defensor público que se le había asignado al denunciado en el pasado, incluso ya informado lo anterior. Ni hablar sobre el silencio cuando el denunciado envió a su abogado a que me contactara sola para convencerme de una “solución alternativa”. Luego me enteré de que ningún abogado tiene permitido contactar a la contraparte sola, sin que su defensa la acompañé en una negociación.
La continuación
Si hay muchos problemas, ¿por qué no informar a la Procuraduría? Ya.
¿Hubo respuesta? Sí, se asignó por competencia a la Personería de Florencia, que, por el contrario, respondió que no tiene competencia. Ahora han iniciado un enredo administrativo en donde una institución le envía el caso a otra y viceversa, pero me surgen preguntas. Si una de las “defensoras”, Martha Liliana Duque Fierro, quien me grabó sin consentimiento y amedrentó por WhatsApp, me confirmó que ya tiene experiencia con “usuarios difíciles” (etiqueta institucional de justificación), ¿con cuántas mujeres más se ha hecho esto en Caquetá?
¿Cuántas veces otras mujeres en Caquetá han intentado hablar del tema? Si al quejarse siguiendo los conductos regulares, se recurre a trámites excesivos, formalismos como evasión, dilación generalizada.
El factor geográfico: ser de Caquetá
Como llevo unos años viviendo en Bogotá, pasé los últimos meses de 2019 buscando asesorías en el Centro de Atención Ciudadana (CAC) de la Defensoría Bogotá. Allí, todo iba bien con los abogados que me atendían y pensé que esta sería una opción; hasta que un día el coordinador del Centro me recordó un detalle del que no era consciente. Al hablar con Fernando López le comenté todas las dificultades que he tenido, la información que he descubierto, un etcétera atorado.
Después de unos minutos me indicó dos cosas: primero, que se trata de Caquetá, un departamento en donde hay guerrilleros, paramilitares, conflicto armado y que puede haber temas más “urgentes” que un simple caso de violencia intrafamiliar. Sobre el descubrimiento de que el denunciado haya podido estar trabajando con la institucionalidad, le comenté que me preocupa la imparcialidad y la igualdad de condiciones en el proceso, a lo que él respondió que eso no tenía nada que ver y que es solo una interpretación personal mía. Lo segundo fue más resumido y en tono molesto: “entonces se le retira el servicio si no le gusta lo que hay para ofrecerle”.
Falta una infinidad de detalles por contar, pero mientras tanto invito a otras mujeres de Caquetá a que se animen a contar sus historias. Si es de ayuda, Yapuranas Colectiva Feminista puede acompañar.
