Columnista:
Óscar I. Muñoz Giraldo
Ya hace varias semanas los jefes desmovilizados de la guerrilla de las FARC, en cumplimiento de los acuerdos de paz confesaron ante la Jurisdicción Especial para la PAZ el asesinato de cinco personas de que tenían un grado de reconocimiento en la opinión pública durante la década de los 90. Estos nombres correspondían al excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, delfín político del expresidente Laureano Gómez, al cual se le atribuye que su hijo no pudiera ser presidente, pues se comentaba que por el régimen de terror que hubo durante su mandato, cabía un manto de duda sobre si su hijo repetiría ese mismo modo de gobernar.
Mucho se dijo del asesinato de Gómez Hurtado; pero la hipótesis que más se escuchaba era la de una retaliación por un supuesto golpe de Estado al expresidente Ernesto Samper por los acontecimientos que lo ligaban con el proceso 8000. Hipótesis que fue copiando la Fiscalía hasta el punto de que el hoy columnista y docente, Ramiro Bejarano, ha denunciado como un falso positivo judicial por parte de la Fiscalía y la elite política que hoy está en el poder, para indilgar ese asesinato a Samper, Serpa y al mismo Bejarano y así sacar del camino a quienes tienen críticas fundamentadas contra la versión dictatorial 2.0 de la Seguridad Democrática.
A falta de la confesión de esos asesinatos, también las FARC dentro de sus compromisos con la verdad, anunció que habría sido la autora de los atentados contra el político German Vargas Lleras. Quien en una columna aceptó el perdón que se le ofrece por parte de los perpetradores. Llama la atención que la polarización en la que está absorta el país lleva a quienes dicen que las confesiones de las FARC son para favorecer políticamente al expresidente Samper y al recién fallecido Horacio Serpa, otros que no creen en las declaraciones para encubrir otro tipo de intereses.
Pero lo cierto es que siempre se ha dicho que en toda guerra la primera víctima es la verdad, de allí la necesidad que en la justicia trasnacional se reclame la misma. Aunque, resulta una total incongruencia que una vez se comienza a develar, los amos de la guerra insistan en que tales confesiones o revelaciones no corresponden a la realidad que ellos quieren redactar para seguir fomentando la división y la polarización, que por demás, irrumpe abruptamente con sus intereses políticos y de permanencia en el poder.
De Jesús María Bejarano poca pompa se hizo: se realizaron unos reportajes periodísticos, algunas entrevistas a sus familiares y un sentido homenaje. Tal vez, su caso dentro de los que han confesado los desmovilizados no retumbó tanto por que no pertenecía a una familia poderosa, tradicional y de abolengo. Pero, su labor para la construcción de un país en paz sí que fue importante, ya que dentro de los 13 grupos armados desmovilizados o sometidos en Colombia (guerrillas, milicias y paramilitares), este, estuvo al frente de las negociaciones con el Partido Revolucionario de los Trabajadores – PRT, Ejército Popular de Liberación – EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame – MAQL. Es decir, logró acordar una agenda de paz con tres de nueve grupos guerrilleros desmovilizados en la década de los 90, en pleno auge de la Asamblea Nacional Constituyente.
También estuvo al frente de la negociación con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y aunque estos diálogos no llegaron a la desmovilización de las agrupaciones guerrilleras que la componían (FARC y ELN) sí sirvieron como experiencia para la posterior desmovilización de la agrupación guerrillera que terminó confesando su vil asesinato.
Tal vez, este país está en mora de hacer un gran reconocimiento a ‘Chucho’ Bejarano y a otros personajes públicos que lograron desarmar a miles de colombianos que creían que la única forma de lograr un cambio institucional era a través de la lucha armada. Al lado de Bejarano están nombres como los de Rafael Pardo y Humberto de la Calle que han logrado encumbrar este país por la senda de la paz, aunque esta sea imperfecta, así otros quieran perpetuar una guerra para poder mantenerse en el poder y manipular los hechos a fin de adueñarse de la verdad social, la verdad judicial y por ende, de la verdad histórica del conflicto armado en Colombia.
