Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Asombroso: el presidente de la República reclama verdad, pero solo la que a él y a su partido político les sirve.
En el acto de sanción de la ley que rinde honores a quienes participaron en la Operación Jaque, en julio de este año, el primer mandatario indicó, respecto del espinoso tema del reclutamiento de menores por parte de las extintas FARC, que nadie podía pretender ocultar esa verdad y que esperaba que la justicia no solamente llegara a esa verdad, sino que los máximos responsables de esos delitos les respondieran a Colombia.
De igual manera, el pasado mes de septiembre, cuando presentaba el balance de la implementación del Acuerdo de Paz, en lo que tiene que ver con los secuestros ejecutados por esa antigua guerrilla, el jefe de Estado señaló: «se espera que se diga la verdad, no con cartas, sino que se acuda a la justicia transicional y se responda con nombre y apellidos a las familias que no saben hoy dónde están sus seres queridos, que, seguramente, estarán en una fosa común, que fueron secuestrados y vilmente asesinados».
A pesar de estas demandas de verdad por parte del jefe de Gobierno, es curioso que cuando las autoridades judiciales o los excombatientes que suscribieron el Acuerdo de Paz (que vienen cumpliendo con lo convenido), aportan a su esclarecimiento y esa contribución no corresponde con la «verdad» que pretende construir el Centro Democrático, el aporte ya no tenga ningún valor.
Una muestra de lo anterior la vimos cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en el domicilio al exsenador Álvaro Uribe Vélez. El presidente, sin ruborizarse, salió fungiendo como defensor de oficio del sindicado, a criticar la decisión judicial sin conocer los fundamentos que sustentaron la privación excepcional de la libertad, privilegiando su verdad, no la de la actuación procesal y, en clara vulneración de la independencia judicial y el principio de separación de poderes, señaló que el afectado debía defenderse en libertad, alegando como máxima de su verdad absoluta: «he sido, soy y seré un creyente en su inocencia y su honorabilidad».
¡Raro! En este caso particular, no es la justicia, como siempre lo reclama el primer mandatario en otros asuntos, la que debe llegar a la verdad y sancionar al responsable. Palabras más, palabras menos, no importa que el expresidente Uribe sea condenado, porque la «verdad revelada» ha sido, es y será siempre su inocencia y honorabilidad. Allá en su interior, subjetivamente, esa puede ser la verdad de Iván Duque y su partido político, pero no nos la pueden imponer a todos los colombianos. Tenemos el derecho a conocer otras versiones, dudar y esperar también las resultas del proceso y las conclusiones que contenga la decisión judicial que se emita, con observancia del debido proceso, sea en uno u otro sentido. ¿Cuál es el miedo?
También contra todas las evidencias de los excesos de la Policía Nacional, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que garantiza la protesta social, la posición del presidente fue resaltar que «la Fuerza Pública jamás atenta o ataca o limita las expresiones pacíficas de los ciudadanos por mandato constitucional y por mandato legal», optando por privilegiar dos salvamentos de voto (que no constituyen fundamento de la decisión ni obligan) para eludir el cumplimiento de la sentencia y exigir un pronunciamiento adicional y de fondo de la Corte Constitucional, a pesar la obligatoriedad y necesidad de cumplir de manera inmediata, por virtud de lo establecido en la ley, la decisión judicial, y de que la intervención de la alta Corporación, en sede de revisión, es discrecional. Otra vez, su verdad irrefutable impuesta a los demás y, lo más grave: para imponerla, desconoce el fallo judicial, a pesar de exigir, se insiste, en otros eventos, que sea la justicia la que encuentre la verdad.
Y ahora cuando las extintas FARC reconocen el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, un aporte a la verdad que le corresponde confrontar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no al presidente de la República; a él, esa verdad que siempre reclama no le sirve y expresa: «adjudicarse esos crímenes cuando ya hay garantías de que nadie va a pagar cárcel no deja de generar dudas, sospechas, preocupaciones».
Sobre este punto, es de suma gravedad la información publicada por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez, en La nueva prensa, el pasado 7 de octubre, en la que se denuncia un presunto montaje del expresidente Álvaro Uribe para desviar la investigación por ese crimen de lesa humanidad, con la finalidad de ayudar a su hermano Santiago, manipulación que, según los periodistas, se iba a revelar como cierta por petición del jefe de Estado al fiscal General Francisco Barbosa, situación que provocó sendas denuncias penales del abogado Ramiro Bejarano Guzmán en contra del exsenador Uribe, Diego Cadena, Iván Duque y Francisco Barbosa. ¿Otra verdad que nos querían imponer?
Evidente entonces que el Gobierno y el Centro Democrático tienen problemas con la verdad, y para ello solo basta escuchar la versión de la senadora Paloma Valencia sobre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán que, según la parlamentaria, fue fraguado y ejecutado por la izquierda internacional, con Fidel Castro a la cabeza, para lograr que la revuelta social provocada por el crimen hiciera posible la toma del poder por el comunismo en Colombia. ¡Sin palabras!
No hay duda de que una es la verdad que queremos conocer todos los colombianos y otra la que nos elaboran y manipulan desde el Gobierno y el partido de gobierno. Más ahora que, por virtud del Acuerdo de Paz, empezamos a saber la verdad sobre la responsabilidad de los actores de la guerra, es decir, la relacionada con el conflicto armado interno en Colombia, de manos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para efectos de la reconciliación y el perdón.
Pero el Gobierno y el Centro Democrático parten del negacionismo y que lo que es contrario a su modo de ver el Estado y la sociedad es terrorismo o anarquismo. Esa es su «verdad». La que nos pretenden imponer y que, según ellos, debe ser aceptada por los ciudadanos de «bien», en abierta vulneración de los principios democráticos, los derechos de los otros y el Estado social de derecho.
