Columnista:
Daniel Mauricio Meléndez Márquez
La represión produce una caída en los suministros y eso aumenta el precio, estimulando la producción en el mundo entero.
Alfred McCoy
Desde su inicio en 1970, la «guerra contra las drogas», declarada por Richard Nixon ha tenido opositores. Intelectuales, historiadores y economistas de todas las corrientes la daban de antemano por perdida. Y tenían razón. Hoy, 50 años después, dicha guerra ha sido un fracaso.
Las cifras oficiales del «Informe mundial sobre las drogas» de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2020) indican que, «lejos de reducirse, la producción, tráfico y consumo mundial de estupefacientes han aumentado exponencialmente». Según este mismo informe, «el comercio mundial de drogas ilícitas mueve actualmente alrededor de 500 mil millones de dólares anuales». Sin duda, es el negocio más formidable en la historia de la humanidad.
Este fracaso había sido advertido, con evidencia empírica y argumentos técnicos, estadísticos y económicos, por voces autorizadas como Milton Friedman, quien afirmaba que la guerra había iniciado mal enfocada, dándola por perdida en 1972. Esta misma advertencia, aplicada al contexto colombiano, fue hecha en nuestro país por Álvaro Gómez Hurtado… ¡en 1976!
Uno de los líderes indiscutibles del conservatismo y la derecha tradicional colombiana, Gómez Hurtado advertía que:
Colombia «ni tenía los recursos para enfrentar la exorbitante liquidez del prohibicionismo, ni la estruendosa estela de corrupción que deja el negocio, cuyas contingencias corroen el aparato estatal colombiano» a la vez que sugerìa asumirlo como un asunto de salud y educación.
De igual manera, se advertía también que, de no despenalizarse la droga, se consolidaría la impunidad de las mafias y, además de la infiltración de los «dineros calientes» en la política, la tentación del dinero fácil terminaría corrompiendo a la policía, los jueces y las fuerzas militares. Terrible profecía que nadie quiso escuchar.
La despenalización de dosis mínima y otras medidas de regulación adoptadas entre 1973 y 1979 por 11 estados de Estados Unidos motivaron a varios políticos, empresarios y militares colombianos a promover, defender y respaldar la despenalización y legalización; proponiendo la creación de una comisión bilateral para estudiar la posibilidad seria de su regulación; enmarcando el cultivo, comercio y consumo de drogas dentro de las leyes y normas que regían la economía y la sociedad de los dos Estados; argumetando las enormes posibilidades de negocio para ambos países.
Este enfoque pragmático es defendido actualmente por exponentes de la derecha colombiana como Sergio Araújo Castro, cofundador del Centro Democrático, el Representante Gabriel Santos, de dicha colectividad; el columnista, académico Daniel Raisbeck López y por Iván Cancino, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Otros defensores de derecha durante los últimos 40 años por los dirigentes conservadores Enrique Gómez Hurtado, hermano del líder asesinado y Mario Laserna Pinzón (abuelo de la senadora Paloma Valencia Laserna del Centro Democrático)y los militares retirados Guillermo Martinezguerra y José Joaquín Matallana, quien comandó el Batallón Colombia durante la Operación Marquetalia.
Pero ¿cuáles han sido los argumentos de la derecha tradicional colombiana para defender la despenalización de drogas?
Despenalizar: defensa de derecha
Además del recorte en el gasto público (el «Estado austero» que pregona el Centro Democrático) y la eficacia en el manejo de recursos, los argumentos «derechosos» son: el mercado libre, la libertad de empresa y el apoyo al emprendimiento, la no injerencia del Estado en las libertades individuales y el énfasis en la responsabilidad civil individual y la dignidad colombiana en defensa de la soberanía nacional.
Manejo eficiente de los recursos públicos
El despliegue y aumento constante de recursos humanos, tecnológicos y financieros para combatir las drogas ha incrementado exponencialmente su cultivo, producción, comercio y consumo.
Del presupuesto para la lucha antidroga, Colombia destina el 64 % al gasto militar y solo invierte el 4 % en reducir el consumo. Es decir, nuestros recursos se invierten en estrategias militares y represivas ineficaces, en lugar de hacerlo en programas de prevención mucho más eficaces.
Con el dinero que cuesta un helicóptero para fumigar y combatir el narcotráfico, se podrían financiar varios hospitales de rehabilitación con funciones estratégicas educativas. En otras palabras, se fortalecerían las estrategias de promoción y prevención en salud, con resultados mucho más eficientes en reducción de consumo; como lo demuestran las experiencias exitosas similares en otros países donde se ha implementado.
Mientras Europa y Estados Unidos le arrebatan a las mafias sus ingresos por narcotráfico, el Gobierno colombiano toma medidas proteccionistas… protegiendo a los narcotraficantes, cuidando que nadie más ingrese en el formidable negocio.
Mercado libre, libertad de empresa y emprendimiento
Para 2019, 11 estados de los Estados Unidos habían legalizado el cultivo de cannabis, y su uso se había descriminalizado en 16 estados más. En los estados de Washington y Colorado, donde la producción y consumo de cannabis están legalizados y regulados desde 2014, los ingresos por impuestos al cannabis superan el el recaudo de tabaco y alcohol, combinados. El resultado ha sido «menos crimen, menos encarcelamiento, miles de empleos legales creados, más recaudo para el estado y – quizá la mejor noticia – el debilitamiento de los carteles mexicanos al otro lado de la frontera».
En otras palabras, el dinero que antes se quedaba en el narcotráfico ahora la utilizan para servicios de salud y educación.
Colombia ya es pionera en la producción de cannabis para uso medicinal. Según estimados de Fedesarrollo, incursionar en su producción para uso recreativo llevaría a Colombia a una industria que, generaría 26 000 empleos directos y 250 millones de dólares anuales, con cuantiosos ingresos tanto para empresarios colombianos como al fisco.
En cuanto a la coca, el citado Informe mundial sobre las drogas estima que «el 61 % del área cultivada de coca en el mundo es de Colombia, el 90 % de la cocaína del mundo tiene su origen en Colombia y el mercado ilegal mundial, solo de la cocaína, mueve alrededor de 332 mil millones de dólares al año». Un estudio del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes calculó que «para 2018 la cocaína alcanzaría el 1,88 % del PIB colombiano».
El valor agregado de la droga no viene de la calidad del producto, sino del nivel de represión existente. El prohibicionismo permite vender el producto en espacios reducidos y en pequeñas dosis a precios más altos. En cambio, el libre mercado generaría incentivos para la proliferación de auto-cultivos que harían caer el precio del mercado, dejando de ser rentable para grupos armados.
Milton Friedman lo explicó bien: «cuando el Estado prohíbe sustancias de consumo personal que son deseadas, promueve el crimen organizado, y “la corrupción del establecimiento legal” es inevitable». Mientras las drogas sean ilegales, el narcotráfico seguirá siendo el negocio más grande de la historia de la humanidad. En cuanto se despenalicen las drogas, se acabó el negocio para los ilegales.
Estado, libertad y responsabilidad
El consumo de drogas es una decisión personal; es un asunto de interés personal y libertad individual para tomar decisiones. Dicha libertad viene por la conciencia individual y su aplicación, acorde con la educación y el civismo recibidos desde la familia, la pedagogía escolar, la cultura adquirida y la sana convivencia social.
John Stuart Mill afirmaba que el papel adecuado del Estado sería evitar que otra gente dañe a una persona y que, en este orden de ideas, el Estado no tiene derecho a inmiscuirse en la vida de una persona por el propio bien de esa persona.
El 16 % de quienes prueban alcohol se vuelven alcohólicos y el 32 % de quienes prueban el cigarrillo se vuelven fumadores. La investigación científica evidencia que el alcohol afecta el cerebro humano, destruye el hígado y causa cáncer. A su vez, el tabaco cierra tus venas, destruye tus pulmones y también causa cáncer.
En todo el mundo, 3,3 millones de personas mueren al año debido al abuso de alcohol, mientras que el tabaco causa la muerte de más de 6 millones de personas al año. Pese a que ambas sustancias son probadamente perjudiciales para la salud, nadie dice que sean inofensivas por estar legalizadas, así como nadie sugiere su prohibición, pese al daño que causan. Pero su regulación permite ejercer algún tipo de control sobre su proliferación y consumo.
Prohibirle a las personas consumir drogas es lo mismo que prohibirles hacer paracaidismo, ingerir alcohol o comer más de lo debido. La pandemia de COVID-19 evidenció aún más cómo el sobrepeso y la obesidad mórbida son un problema de salud pública, pero el Gobierno no le prohíbe a la gente comer más de lo debido.
Las drogas dañan a quienes las consumen y a personas inocentes, como las víctimas de hurto u homicidio de cuenta de las drogas, los menores instrumentalizados en el microtráfico y quienes permean y son permeados por la corrupción. De hecho, la sociedad entera es víctima inocente, ya que debe pagar más y más impuestos para sostener más prisiones, reclusos y policías. Todos somos víctimas, pero debido al prohibicionismo.
Soberanía, dignidad nacional y dolor de patria
Ante la comunidad internacional, Colombia está obligada a combatir las drogas en virtud de tres tratados de las Naciones Unidas para la lucha antidroga. El que rige actualmente es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988), surgió a partir del incremento en la demanda de cannabis, cocaína y heroína en Estados Unidos y Europa. Conocida como la Convención de Viena, fue suscrita por 186 de los 193 países que conforman la ONU.
Dicha convención adoptó medidas más represivas para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de drogas y fue suscrito por 186 de los 193 países que conforman las Naciones Unidas.
Estados Unidos legaliza el cultivo, producción y consumo de drogas en su territorio. Están a punto de satisfacer su demanda interna de consumo, mientras le exige a Colombia resultados en la lucha antidroga y amenaza con descertificar y el Gobierno colombiano se deja amedrentar. ¿Dónde está su dolor de patria?
Mientras un número sustancial de países adherentes no denuncie la Convención de Viena, estamos obligados en nuestra lucha contra las drogas ante las Naciones Unidas; ¡ante los Estados Unidos, no! En palabras de Álvaro Gómez:
No es el Señor Embajador de Estados Unidos el que debe decir si le gusta o no le gusta nuestra política antidroga; es la Convenciòn de Viena. Si quieren una explicación, se la damos allá, en Viena. En lugar de enviar ministros y oficiales de Policìa a Estados Unidos para que les maltraten, Colombia debe llevar la discusión a los organismos internacionales.
Para la derecha tradicional colombiana, la dignidad nacional siempre va por delante. Y nuestros gobernantes parecen no tener ese sentido de dignidad… ¡de nuestra dignidad!
El asunto moral
Como normas de conducta invididual, las calificaciones morales son muy valiosas, pero no pueden ser materia de análisis ni de estudio científico de problema alguno, mucho menos al investigar las leyes sociales. Una cosa es la ciencia y otra la moral. Por ello, es necesario tener una posición sin refugiarse en conceptos morales.
Despenalizar es una solución pragmática, pero en el fondo, el debate sobre la prohibición –y el gran obstáculo para la despenalización– es un asunto moral. El daño moral es el que inflingen los gobiernos. De cuenta de la prohibición han aumentado, tanto el negocio como los homicidios relacionados con el narcotráfico.
Es un problema moral que los gobiernos criminalicen actividades que, de suyo, no son delictivas, como el cultivo. Es un problema moral que ocasionen la muerte de miles de personas inocentes al año. Es un problema moral que criminalicen a personas cuya conducta puede que no aprobemos, pero que no hacen daño a otros.
La persona que decide por sí misma tomar drogas no es una víctima inocente. Ha elegido ser una víctima; esa es su decisión. Pero imponer esos enormes costes a otra gente para protegerla de sus propias decisiones, sí es inmoral.
Conclusiones
El enfoque actual de la política antidroga es un fracaso y el prohibicionismo incentiva la producción y consumo de drogas. Es necesario cambiar el enfoque.
El mercado mundial de drogas es un negocio de 500 mil millones de dólares. Como país productor, Colombia puede jugar un papel clave. Negarle esta oportunidad a nuestros empresarios y emprendedores, es cerrarle las puertas al desarrollo económico, la generación de empleo y de riqueza por vías legales. El proteccionismo del gobierno sólo beneficia a quienes tienen el monopolio del negocio ilegal.
El consumo de cualquier sustancia, legal o ilegal, es un asunto de libertad individual. El Estado no tiene por qué entremeterse en las decisiones que un individuo tome sobre su propia vida, mucho menos con cláusulas prohibicionistas colectivas.
En cuanto al daño real de los estupefacientes en la salud,se desconoce el porcentaje de quienes mantienen su consumo luego de probarlas y del daño real que causan. Se necesita desarrollar más investigaciones sobre cuán dañino resulta su consumo, y para quiénes. Esto será muy difícil mientras estas sustancias sigan siendo ilegales.
La protección de nuestros niños y adolescentes debe pasar por la despenalización de la droga. En las condiciones actuales, para un menor, es más difícil comprar sustancias legales que sustancias ilegales. Controlar su proliferación y consumo solo es posible regulándolas.
Desde lo económico, la legalización de las drogas es una solución pragmática, pero a muchos les parece políticamente impracticable. una alternativa equilibrada es la regulación. Para ello se necesita despenalizar.
Sí, la marihuana y la cocaína son drogas; al igual que el tabaco y el alcohol, tienen consecuencias negativas para un porcentaje considerable de quienes la consumen. No son inofensivas. Pero la evidencia disponible sugiere que la mejor manera de proteger a la sociedad contra sus efectos parece ser la despenalización y la regulación.
