¿La firma De la Espriella «estafó» a Hidroituango?

Redacción Laorejaroja

El pasado 29 de septiembre el Consejo de Estado falló de forma negativa la apelación interpuesta por la Sociedad Hidroeléctrica Ituango en contra de una decisión del Tribunal Administrativo Antioquia. Entre julio y agosto de 2019, Hidroituango buscaba —a través del Tribunal Administrativo— que EPM le pagara más de 117 000 millones de pesos.

La multa buscaba resarcir el incumplimiento del hito número 7 del contrato BOOMT (que hace referencia al cierre de las compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse que estaba previsto para el 1 de marzo de 2018) que, por la crisis de la presa, no se ejecutó.

En noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la demanda de Hidroituango advirtiendo que quien debía analizar primero si hubo o no incumplimiento del contrato era un Tribunal de Arbitramento. Solo así, y posterior a la decisión de este, se podrían hacer efectivos los títulos ejecutivos que obligarían al pago de la multa por parte de EPM a Hidroituango.

No obstante, la empresa asesora en materia de Derecho le recomendó a Hidroituango apelar la decisión del Tribunal Administrativo y seguir el proceso en una instancia superior. Así lo hizo la sociedad con los resultados ya explicados donde el Consejo de Estado llegó a la misma conclusión del Tribunal Administrativo de Antioquia, desestimando la demanda de la Sociedad Hidroituango.

Y nuevamente le señaló que primero debe agotar el recurso de conciliación a través de un Tribunal de Arbitramento antes de poder hacer maniobras jurídicas ante tribunales administrativos.

Pues bien, resulta que la empresa que asesoró de forma errada a Hidroituango es De La Espriella Lawyers Enterprise SAS que, por sus recomendaciones, cobró 1191 millones de pesos que, en parte, provienen de los bolsillos de los antioqueños.

Los contratos

Como lo señaló Guillermo Mejía Mejía, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y abogado asesor de Hidroituango en Juanpaz.net, dicha sociedad firmó inicialmente con De La Espriella Lawyers Enterprise SAS, un primer contrato el 21 de junio de 2019, identificado como HI-2019-06.

Vale decir que De La Espriella le ganó este contrato a otras cuatro firmas entre las que resaltan la del exfiscal Mario Iguarán y la de Iván Cancino.

Este contrato, por valor de 596 millones de pesos y una duración de 8 meses, tenía por objeto «Estudios, conceptos y asesoría en materia de responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal a la Sociedad HIDROITUANGO SAS ESP, en razón del Proyecto Hidroeléctrico ejecutado por EPM en desarrollo del contrato BOOMT».

Para Mejía causa curiosidad que el contrato haga referencia a asesoría penal, ya que, si bien en Colombia las personas jurídicas como Hidroituango pueden ser sujetos del derecho penal (según el artículo 18 de la ley 1778 de 2016), los responsables finales de cualquier infracción penal, disciplinaria o fiscal siempre serán personas naturales.

Y ante una sanción, estos deberán pagar los honorarios de su defensa con sus propios recursos y no con los de la empresa que administran.

El otro contrato es el HI 2019-08, por valor de 595 millones de pesos, celebrado el 16 de septiembre de 2019, por 12 meses.

Este fue ejecutado para la «Defensa y representación jurídica Integral de los intereses de la Sociedad Hidroeléctrica HIDROITUANGO S. A. E.S.P., en los procesos administrativos, arbitrales y judiciales que surjan en razón de la ejecución del Contrato BOOMT o las demás que se requieran, de conformidad con la Constitución y la Ley y ante cualquier autoridad gubernamental o privada»

Y acá empieza lo raro.

Las inconsistencias del contrato HI 2019-08

Este contrato causa curiosidad por algunas razones que ya expondré.

La primera es que pese a las recomendaciones que en su tiempo dieron los abogados asesores de Hidroituango sobre las implicaciones de una demanda contra EPM, estos siempre aclararon que —de hacerse— debería ser ante un Tribunal de Arbitramento.

No obstante, la dirigencia de la Sociedad siguió empecinada en realizar una demanda formal.

Y es que, para finales de junio de 2019, el gobernador Luis Pérez señalaba que el lucro cesante de la Sociedad de Hidroituango —y por ende la Gobernación de Antioquia— superaba la cifra de 120 mil millones de pesos.

Por ello, siempre se ha sospechado de la injerencia de Luis Pérez en la decisión de la demanda pues él presidía la Junta Directiva de Hidroituango.  

En segundo lugar, la contratación de la firma de abogados para la demanda supuestamente fue aprobada por la Junta Directiva de Hidroituango por unanimidad en la sesión ordinaria número 207, del 23 de julio de 2019.

Así pues, la decisión «unánime» de la Junta es peculiar pues resulta improbable que los representantes de la Alcaldía y de EPM votaran a favor demandarse a sí mismos.

En el programa digital Gran Ciudad del periodista y abogado antioqueño Juan Carlos Hurtado, el exmagistrado Mejía resumió las cosas así:

Todos los abogados que estábamos ahí tratando el tema dijimos: no se puede demandar, no hay título ejecutivo. Eso tiene que ir a un Tribunal de Arbitramento. En Hidroituango insistieron y como nadie se le midió, entonces contrataron a esta firma que es dizque “prestigiosísima”, y costosísima, pa’ decir que son penalistas, laboralistas, administrativos. Y firmaron un contrato que fue aprobado por la Junta de Hidroituango.

Y así, en tercer lugar, fue como la firma de De La Espriella se embarcó en una demanda que —si sus abogados tuvieron acceso al contrato BOOMT— sabían que iban a perder.

¿Fue una “estafa”?

Uno de los apartes de Mejía en el programa Gran Ciudad señala:

El contrato BOOMT, el contrato madre, trae un capítulo entero (el octavo) donde se habla de la solución de las controversias que se puedan presentar tanto de tipo técnico como jurídico. Y la forma de arreglarlas es a través de un Tribunal de Arbitramento cuyos árbitros los designa la Cámara de Comercio de Medellín.

Extracto de la Tabla de Contenidos del Contrato entre Hidroeléctrica Ituango y EPM Ituango en marzo de 2011

Para Mejía, teniendo en cuenta este aspecto del contrato BOOMT, la representación de la firma de De La Espriella fue un fiasco porque:

Primero, presentó una demanda ejecutiva tontísima.

Porque cualquier estudiante de tercer o cuarto semestre de Derecho que esté viendo Procedimiento Civil y Procedimiento Administrativo sabe que un título ejecutivo tiene que tener unas cualidades que están en las obligaciones que se pueden exigir por ese método por el sistema de ejecución: que la obligación sea clara, expresa y exigible.

Ahí (en la demanda de De La Espriella) no había ni claridad ni cabría obligación expresa. Presentaron un mundo de papeles y actas y el Tribunal Administrativo dijo «elemental mi querido Watson» y rechazó la demanda. Entonces, apelaron y se fueron al Consejo de Estado y les volvieron a pegar otro garrotazo. No hombre. Eso es una estafa. Fueron al Consejo de Estado y vea lo que pasó… Se perdieron 1.200 millones de pesos.

La comisión de «éxito»

En la cláusula octava del contrato HI 2019-08 aparece un párrafo titulado «Comisión de éxito». Este indica que frente al recaudo efectivo de las clausulas penales, indemnizaciones, cobros, trámites judiciales, sentencias, laudos arbitrales o acuerdos judiciales o extrajudiciales, se le reconocerá a De La Espriella Lawyers un porcentaje del 0.8 %.

«El cual se cancelará cuando la sociedad haya recaudado o compensado efectivamente dichas sumas de dinero, es decir, las sumas deberán ingresar a la Sociedad Hidroituango».

En síntesis, la firma de De La Espriella no solo tenía calculado ganar dinero por su asesoría, y la demanda contra EPM, sino que también buscaba obtener una parte del dinero recaudado, dinero que es propiedad del pueblo antioqueño.

Infortunadamente para De La Espriella, por ahora, la comisión de éxito no podrá ser cobrada y, por el contrario, posiblemente se activen las cláusulas que fallarían en su contra si las acusaciones del exmagistrado resultan ciertas.

No obstante, a la firma del folclórico abogado le fue bien pues ya cobró sus honorarios por 1191 millones de pesos, pues los contratos son por medios y no por resultados. «Perdimos la demanda y listo, págueme», resume Mejía la situación de De La Espriella.

Según Mejía, el otro problema es que el contrato es por un término de tiempo. Es decir, que los contratos ya están vencidos, uno a principio de año y el otro a mediados de septiembre.  El ex magistrado agregó:

Esto es un zarpazo. Sabiendo que tanto en el contrato principal como en el accesorio se habla de las garantías de la solución de las controversias. Entonces, si sabían que había disputas y sabían que había que acudir al Arbitramento, ¿cómo meten la demanda? ¿Únicamente para ganarse los honorarios?

¡Ya para qué!

Por ahora, tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, implicados como Luis Pérez ya salieron a decir que ellos no tuvieron nada que ver con la polémica demanda. Pérez tampoco ha dicho quién fue el que llevó a De la Espriella a Hidroituango y prefiere culpar a los abogados asesores de esa época.

De otro lado, la Gobernación de Antioquia, ahora en cabeza de Luis Fernando Suárez —después de casi 13 meses y 1191 millones de pesos— decidió asistir a un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias con EPM antes de que se venza el plazo para hacer efectivas las medidas legales de reclamación que vencen en menos de 15 días.