Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
De un tiempo para acá el presidente de la República, muy seguramente motivado por la necesidad de cumplir compromisos adquiridos, cuando fue postulado como candidato presidencial por el líder vitalicio de su partido político, ha venido acentuando comportamientos abiertamente autoritarios tendientes a erosionar lo poco que queda de Estado de derecho en nuestro país. Situación que se advierte no solo de sus actuaciones como jefe de Estado, gobierno y suprema autoridad administrativa, sino de la innegable concentración de poder que representa para el Ejecutivo, que entidades como la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y, como se pretende en los últimos días, Banco de la República, estén dirigidas por personas incondicionales al jefe de Estado, lo que ya es grave, pero más aún que lo sean del presidente eterno. Es decir, de quien mueve los hilos y gobierna por interpuesta persona.
Mucha razón tiene la socióloga Sara Tufano en su última columna publicada en El Tiempo, cuando advierte que el objetivo del uribismo, del que hace parte, no se desmarca, ni se desmarcará Iván Duque, no ha “sido ampliar la democracia sino destruirla”.
A pesar de todo el proceso de desinstitucionalización que padecemos, acrecentado en la pandemia, y que se ha hecho más notorio en la Fuerza Pública, como una luz a final del túnel o esperanza en que las cosas pueden cambiar, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió el pasado 22 de septiembre una sentencia de tutela histórica, que garantiza el derecho fundamental a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la crítica y la opinión.
Las medidas adoptadas por la mencionada Corte a fin de frenar la represión y amparar los derechos fundamentales objeto de acción de tutela, tuvieron oposición no solo en el seno de la alta corporación (dos salvamentos de voto), sino en algunos sectores de la sociedad. Se alega su improcedencia por corresponder a hechos ya acaecidos, además de futuros e inciertos, no obstante que la Corte concluye (lo que es evidente luego de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre pasados, aunque no hayan sido tema de prueba), que lo demostrado dentro de la actuación representa una amenaza seria y actual para los derechos fundamentales invocados, ante el comportamiento impulsivo de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta que sus actividades no controladas representan un riesgo (serio y actual) para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones.
De igual manera, se señala que los peticionarios no utilizaron los mecanismos judiciales ordinarios previamente, dado el carácter subsidiario o residual de la tutela, pero los críticos no presentan argumentos sólidos que permitan demostrar la inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso concreto o la eficacia e idoneidad de los medios ordinarios que debieron utilizarse para garantizar los derechos fundamentales vulnerados, ante el riesgo constante o permanente, derivado de la posibilidad de una nueva protesta social en cualquier momento, como la que tuvo lugar por la muerte de Juliana Giraldo en estos últimos días.
En un país como Colombia las manifestaciones sociales son el pan de cada día.
Se afirma que se vulnera el principio de separación de poderes porque se imponen unas medidas a otras autoridades independientes y autónomas (ejecutivo, órganos de control, etc.,) cuando lo cierto es que la Corte no asume con el fallo esas competencias administrativas o incluso legislativas, sino que les imparte unas órdenes tendientes a evitar la vulneración de los derechos fundamentales.
En fin. Muchas razones se exponen, con la finalidad de deslegitimar la decisión de la Corte Suprema de Justicia que garantiza el derecho a la protesta pacífica, evidenciándose una fuerte oposición, hasta sospechosa, que arranca desde el Gobierno, pero lo que más llama la atención, lejos de la controversia jurídica que el tema pueda suscitar y que será resuelta definitivamente por la Corte Constitucional cuando seleccione la tutela, es la abierta resistencia a la limitación del poder por parte del Ejecutivo en nuestro país. Quiérase o no, la Rama Judicial del Poder Público, representada por la corporación que profirió la sentencia de tutela de segunda instancia, está asegurando la observancia o cumplimento del ordenamiento jurídico, por mandato de la Constitución (principal instrumento de control del poder), y la garantía de los derechos fundamentales.
¿Y por qué la renuencia a cumplir de manera adecuada y real la sentencia que garantiza la protesta social de manera pacífica? Porque la manifestación social y pública, como expresión de la libertad de expresión garantiza precisamente la limitación del poder político, lo que en últimas es una de las características fundamentales de las democracias, permitiendo desenmascarar los regímenes autoritarios o con dicha tendencia, así como los excesos de los Estados. Igualmente, genera cambios, impidiendo la perpetuación en el poder, garantiza el pluralismo y visibiliza las minorías históricamente discriminadas, entre otros beneficios.
La democracia no va con el uribismo y, por tanto, tampoco con Iván Duque. El primer mandatario gobierna únicamente para un sector del país y todos los días muestra su aversión a la separación de poderes y a la garantía de los derechos humanos. Por eso, le parece normal la manera cómo funciona y opera la Fuerza Pública y se niega a reformarla, situación que le asegura una efectiva represión como medida idónea con el fin de repeler la legítima expresión pública y masiva de la ciudadanía, inconforme con su forma de gobernar.
Por todo lo anterior, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, como se anunció atrás, constituye una luz al final del túnel o esperanza de cambio, porque nos garantiza la posibilidad de expresarnos masivamente a través de la protesta, sin temor a ser violentados y callados, frente a las actuaciones de un Gobierno de corte autoritario que no cumple su misión de garantizar nuestros derechos.
El futuro nos lo forjaremos en las calles pacíficamente y con el voto.
