Columnista:
Germán Ayala Osorio
Si algo identifica al “uribismo”, en tanto naciente doctrina autoritaria, son las prácticas desinstitucionalizantes, soportadas estas en la imperiosa necesidad de anclar las decisiones en el carácter voluntarioso y autoritario de un autoproclamado líder político afecto o comprometido con los principios doctrinales de eso que se conoce como “uribismo”.
La desafiante actitud del ministro de la Defensa ante el pronunciamiento y la exigencia de la Corte Suprema de Justicia, que conmina al Gobierno de Duque para que presente públicas disculpas por los desafueros, excesos y crímenes cometidos por el ESMAD, se explica y se debe entender en el marco de esas prácticas desafiantes y desinstitucionalizantes que caracterizan a todos aquellos que militan en la naciente doctrina. Pedir la revisión del fallo por parte de la Corte Constitucional no solo promueve un posible y eventual choque de trenes, sino que constituye una acción de desconocimiento de la competencia y de la orden misma contenida en el referido fallo.
Al señalar el alto tribunal que las intervenciones de esa fuerza antimotines, en el marco de marchas y movilizaciones sociales amparadas constitucionalmente, han sido sistemáticamente impulsivas, violentas y arbitrarias, deviene en una suerte de llamado de atención al gobierno de Iván Duque y a la doctrina que defiende, para que no solo garantice la protesta social, sino para que ejerza el control sobre una fuerza policial que viene actuando de tiempo atrás dentro de lo que se conoce como la estética de lo atroz (Barrero).
El ESMAD hace parte de la avanzada institucional (armada) y para-institucional con la que el “uribismo” viene desvirtuando, persiguiendo, estigmatizando, criminalizando y anulando la protesta pacífica. Esa fuerza policial es el eslabón de una cadena de acciones y narrativas que siempre han acompañado el pensamiento del máximo exponente de la fratricida doctrina: Álvaro Uribe Vélez. Sus ideas, claramente antidemocráticas y anacrónicas, lo llevaron, entre 2002 y 2010, a liderar un régimen violento, con fuertes tintes fascistas y funcional a una élite económica y política que promueve el enfrentamiento social y la fragmentación de la sociedad.
Como obediente seguidor del semidios que maneja los destinos de Colombia, Iván Duque Márquez no solo sigue a pie juntillas el decálogo doctrinal, sino que permite que su ministro de la Defensa le muestre los dientes a la Corte Suprema de Justicia, la misma que en pocos días deberá aclararle a la Fiscalía bajo qué marco legal deberá continuar el proceso en contra del Reo y expresidente (2002-2010) por los delitos de fraude procesal y soborno: si bajo la Ley 906 o la Ley 600.
Es decir, lo que está tratando de hacer y haciendo el gobierno de Duque es reeditar el enfrentamiento institucional que el país vio entre el gobierno de Uribe Vélez y la entonces Corte Suprema de Justicia, en virtud de las investigaciones y sanciones proferidas por los magistrados de entonces, contra políticos amigos de Uribe, en el marco de lo que se conoció como la parapolítica.
Así, ante una decisión del alto tribunal, que no sea del agrado del Reo 1087985 y de su séquito de amigos, seguidores y comités de aplausos, de inmediato se asumirá como una respuesta en venganza ante la actitud desafiante y desobligante del ministro de la Defensa.
Ya estarán prestos para tejer la narrativa en tal sentido, enviarla a la prensa afecta (Noticieros Caracol, RCN y programas radiales como La FM y Blu Radio) para consolidar el enfrentamiento institucional entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia y por ese camino, ir buscando la desarmonía democrática con la que justificarían la toma de medidas conducentes a “reformar la justicia, porque está se politizó”. Al final, lo que busca Uribe, a través de Duque y minDefensa, es evitar las elecciones en el 2022 y llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, máxima aspiración y objetivo doctrinal no solo para controlar totalmente a la justicia como poder público, sino para desconocer el Acuerdo de Paz firmado por Santos, en nombre del Estado colombiano.
