Del acuerdo de víctimas se pueden reiterar varias conclusiones. De un lado, es cierto que el comunicado deja todavía ciertos temas de contenido sustantivo en blanco, a la espera de los mecanismos de implementación y que de ellos dependerá efectivamente el éxito de negociado. Pero de otro lado, son indiscutibles los avances que existen alrededor de lo acordado a la fecha, especialmente en materia de víctimas y justicia.
Mientras los hechos y el respaldo de la comunidad internacional se encargan de evidenciar el rigor de las negociaciones, con los defectos e impases que este tipo procesos naturalmente van a tener, quienes se oponen al fin del conflicto con las FARC han sostenido una serie de imprecisiones sobre lo que implica el acuerdo de llegarse a firmar.
El punto de partida para comprender las implicaciones está en la creación de las bases de manera acordada para la justicia transicional basada en un modelo restaurativo que supere el concepción punitiva y carcelaria, para darle vía a un modelo en el que el delito no es entendido como un daño individual, sino colectivo y que la reparación no se reduce a una visión de privación de la libertad, sino a un escenario de reparación a la comunidad afectada por el delito cometido.
Recibir los beneficios de la justicia transicional y del modelo restaurativo exigen el cumplimiento de condiciones descritas en el marco jurídico para la paz y reiteradas el día de ayer de manera conjunta: satisfacer en el mayor nivel posible los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. No habrá por tanto privación de la libertad, sino restricción a la libertad y escenarios participativos de reparación y verdad como alternativas penales.
La complejidad del conflicto con las FARC, las múltiples víctimas y victimarios demandan de parte de la sociedad y de los actores implicados la comprensión una serie de factores que no se pueden comprender desde la lógica del sistema ordinario, y para eso es necesario precisar al menos tres temas que considero de vital importancia para este punto del proceso y el eventual voto del plebiscito:
1. No habrá entrega de armas. Es claro que lo que para muchos es algo insignificante entre dejación y entrega, tiene un sentido profundo en una negociación. Las FARC están negociando la incorporación a la vida civil y política, no una rendición. Hay que definir cómo será la dejación, y de eso existen experiencias comparadas exitosas.
Es falso entonces que las FARC como grupo armado conservarán las armas según lo negociado, pues para acogerse al modelo transicional se requieren de condiciones como la verdad, la reparación y la dejación de las armas. Quien no lo haga no tendrá beneficio alguno.
2. Nadie negocia para recibir la misma sanción que si hubiera sido derrotado. No veremos a las FARC pagando 60 años de cárcel como muchos quisieran, sino garantizando mediante otros mecanismos los derechos de las víctimas de la sociedad colombiana.
Lo que se compadece con los mecanismos alternativos que deben considerarse en complejos escenarios como el que vive Colombia y que exigen una visión distinta de cárcel como sinónimo de justicia.
3. Esta jurisdicción especial de paz no solo es para las FARC. Y no se trata de un acto inconstitucional de humillar a las FF.AA. El Acto Legislativo 01 de 2012 en su artículo 66 contempla la justicia transicional para los distintos grupos armados al margen de la ley y para los agentes del Estado.
Iván Márquez fue claro, no es un objetivo ver a miembros de las FF.AA en prisión, sino conjuntamente, con todos los actores involucrados, superar estas páginas fratricidas que tantas víctimas han dejado y tanta sangre ha derramado de tantos colombianos.
Si bien es cierto que el presidente Juan Manuel Santos está revestido de facultades para firmar el acuerdo sin acudir a ninguna forma de refrendación, ha decidido honrar su palabra acudiendo a un mecanismo de participación, y de igual forma es importante tener en cuenta que ningún acuerdo será sostenible si no cuenta con pedagogía y aceptación que lo doten de legitimidad para su sostenibilidad.
Hay otros retos que se vendrán en el post acuerdo, propios del crimen organizado, la delincuencia común e incluso la presencia estatal en muchas zonas en donde el Estado estuvo ausente, pero que serán otro capítulo de la construcción de nuestra historia que debemos alcanzar en aras de honrar la memoria de quienes han caído en estas décadas de violencia.
El reto se va a centrar en las ciudades, en los mecanismos de inclusión y en formas de violencia que hemos naturalizado y que hemos olvidado: exclusión, pobreza, corrupción, marginalidad.
Reitero, que aunque el plebiscito me parece inconveniente e innecesario, si se hace urgente derrumbar las mentiras que se han propagado sobre las implicaciones del acuerdo de La Habana. Es hora de mirar más allá del discurso desesperado de quienes viven de la guerra, y comprendamos la necesidad de apostarle al reto de escribir juntos un capítulo diferente.
