Columnista:
Jesús Antonio Córdoba
El trato de guerra que se le da en Colombia a la protesta social y pacífica es preocupante. Los diferentes grupos de personas que se reúnen para manifestar su descontento justificado con el actual Gobierno están siendo concebidos como un actor más de nuestro conflicto armado, como si, en su carácter heterogéneo, hicieran parte de uno de los grupos armados organizados (GAO).
Es una constante que durante las manifestaciones para alzar una justa voz de protesta en contra del Gobierno, se vincule, sin ningún sustento probatorio, a los manifestantes con supuestas células de las distintas guerrillas colombianas. Trasladan la digna rabia que genera día a día el actual Gobierno, al plano de una supuesta confrontación relacionada con el conflicto armado no internacional que persiste en el país.
Ahora, con las recientes manifestaciones producto del asesinato del abogado Javier Ordóñez por parte de la Policía, el uribismo, a través de todo tipo de maniobras denigrantes y, auspiciado por los nefastos cubrimientos de varios medios de comunicación, intenta deshumanizar y acabar moralmente con la memoria de los manifestantes asesinados o estigmatizados con la persistente criminalización del derecho a la protesta.
Están buscando instalar esa diatriba de los buenos muertos: «es que era un borracho», «es que era una persona conflictiva» o «se lo buscó por drogadicto». Indagan en el pasado de las personas para justificar su muerte (o se inventan algún suceso) para sentirse moralmente superiores por no ser como ellos o ellas. Nadie merece morir debido al abuso policial por cuenta de una estúpida marca que cataloga a las personas como supuestamente «malas». Nadie merece esa suerte. En Colombia no existe la pena de muerte y las autoridades no pueden atribuirse, ilegalmente, la ejecución de dicha facultad.
Pasamos de un trato guerrerista a un deceso físico y moral, no dejamos en paz a las personas, y sus familias, ni siquiera en su muerte.
Y no solamente sufren los marchantes, también se han visto inmersas en este tipo de injusticias mujeres que no tenían relación alguna con las manifestaciones. Uno de los casos lo ha presentado de manera juiciosa la periodista María Fernanda Fitzgerald en la revista Cerosetenta, cambiando el nombre de la víctima para proteger a la fuente. Como cuenta, María, sobre la violencia sexual sufrida por Jimena (nombre modificado): «A ella la intimidaron, la desnudaron y la amenazaron en una Estación en el barrio La Macarena», sin haber sido parte de las manifestaciones, el 13 de septiembre.
Relata la periodista que Jimena salió de su casa para tomar unas fotos por un trabajo de fotoperiodismo, sobre el impacto que había tenido el COVID-19 en su barrio. Pasó por la Estación, tomó una foto a tres escudos de protección que usan los policías (uno de ellos con un poco de pintura roja) y en seguida tres agentes la increparon para llevarla al CAI en donde empezaron a tildarla de guerrillera y terrorista. En ese lugar una agente la obligó a desnudarse en el baño y hacer cuclillas, luego la querían hacer firmar un papel en blanco –todo esto en medio de un escenario lleno de amenazas por posibles repercusiones—.
Lo anterior, demuestra una actuación institucional deleznable que ninguna persona está en la obligación de soportar, mucho menos de funcionarios públicos que se supone están para servir y ayudar a la comunidad. Lamentablemente existen otras denuncias de mujeres violentadas sexualmente en estos comandos de acción inmediata.
La Alcaldía de Bogotá presentó una cifra de 137 denuncias de abuso policial en Bogotá, de las cuales solo 38 casos habían sido considerados para su conocimiento por la Policía. Todo esto pone de presente que no es cuestión de manzanas podridas y que es urgente una reforma a esta institución.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha manifestado para condenar el uso excesivo de la fuerza policial, expresando su evidente preocupación por los sucesos producto del asesinato del abogado Ordóñez por la policía. La Comisión es enfática en recordarle al Estado colombiano que la protesta social pacífica es legítima, exhortándolo a «investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables».
Asimismo, llama a las autoridades a ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; y subraya que la actuación de la policía en el mantenimiento del orden público debe basarse estrictamente en los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, la CIDH le recuerda al Estado su deber de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la libertad de manifestación.
Frente al pronunciamiento internacional y todo lo concerniente a los acontecimientos de hace unos días, solo se percibe una actitud provocadora y desafiante por parte de Iván Duque. Demuestra todo el desprecio posible por la situación de las víctimas, eludiendo las responsabilidades que le recuerda la CIDH. Sin mencionar la actitud displicente y el desprecio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para aceptar las críticas por parte de la opinión pública.
Mientras esta serie de casos sigan sin esclarecerse o los quieran vincular al conocimiento de la Justicia Penal Militar para lograr total impunidad, mientras Duque solo saque tiempo para visitar a la policía en el CAI y le dé la espalda a las víctimas (obviando el malestar general de la gente), mientras el foco del asunto para el partido de Gobierno y sus adeptos sea imputar moralmente a las víctimas, mientras se criminalice la protesta social y se intenten reformas a la misma como la propuesta del marchódromo del impresentable Diego Molano, mientras los agentes del Estado sigan desconociendo mandatos internacionales que vinculan a Colombia en materia de protección de los derechos humanos.
Mientras que todo lo anterior suceda, no esperen otra cosa que justos reclamos en las calles, a través de manifestaciones pacíficas, de una ciudadanía en uso de su legítimo derecho a estar en desacuerdo con el Gobierno del presidente Iván Duque.
