Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
El tratamiento que el presidente de la República les viene dando a las víctimas en Colombia tiene como base una discriminación odiosa. En efecto, hay muchas víctimas que no son de su interés porque la valoración de su situación particular puede conllevar concesiones por parte del Gobierno, o el reconocimiento de fallas graves en el sistema democrático o las instituciones del Estado legítimamente constituidas. Es decir, no le representan ningún provecho para el proyecto político populista y autoritario de la seguridad democrática 2.0, y por ello les responde siempre con desprecio o indiferencia.
A tono con esa costumbre, el primer mandatario dejó plantados a los pueblos indígenas del país (minga social del suroccidente colombiano), en abril de 2019, alegando problemas de seguridad. Un supuesto atentado en su contra respecto del cual no se conoció ningún antecedente, salvo el anuncio, muy a pesar de que se encontraba solamente a 200 metros del lugar de reunión, sitio en donde los indígenas reclamaban por la defensa del territorio, la vida, la democracia, la justicia y la paz; exigencias que, sobra decirlo, nunca han sido del agrado del jefe de Estado y que lo llenan de razones para su desdén y soberbia. ¡Polombia ahora está mejor que nunca, sobre todo si se compara con el Gobierno anterior!
Tampoco fue a la ceremonia de entrega de los cuerpos de la masacre de Bojayá en el corregimiento de Bellavista, cuando sus habitantes lo esperaban para contarle y advertirle sobre la grave situación de orden público que padecía la región en ese momento, cumplidos 17 años de la tragedia, y a pesar de la importancia del acto para la reconciliación y la paz. Luego, para tapar el incendio generado por el desplante, se fue al municipio a entregarles dulces a los niños, advirtiendo a los medios, como si fuera cierto, que seguiría estando en los territorios. ¡Hágame el favor!
De igual manera, no asistió al homenaje a las víctimas de la masacre de El Salado, Carmen de Bolívar y, el domingo anterior, nos ofreció también la imagen de una silla vacía en la Plaza de Bolívar, en el acto de perdón y reconciliación convocado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, como respuesta a los homicidios ocurridos en las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre pasados.
En estos hechos, según los videos subidos a las redes sociales, se evidencia el uso excesivo de la fuerza, así como la utilización indiscriminada de armas de fuego contra la población que protestaba, por parte de la Policía Nacional, eventos violentos en los que participaron civiles protegidos y escoltados por los uniformados, circunstancias que muy seguramente determinaron la inasistencia del primer mandatario al evento, porque a él no le conviene y le causa repulsión reconocer conductas contrarias al derecho ejecutadas por agentes del Estado. Según lo expresó también el ministro de Defensa, hay que esperar a que las autoridades competentes determinen responsabilidades.
¡Extraño! En otros casos, no hay que aguardar a que los jueces se pronuncien sobre la responsabilidad, para proceder a la condena gubernamental de los hechos y los involucrados.
Y llama más la atención que el presidente sí pueda asistir a otros homenajes a las víctimas, como el que se cumplió en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, un año después de ocurrido el ataque terrorista, ceremonia a la acudió incluso con su esposa, señalando que se trató de “una agresión más a la democracia, una agresión más a la vida, honra, los bienes y derechos y libertades de una nación que quiere vivir en paz”, y manifestando adicionalmente que continuaba con el corazón arrugado.
Al jefe de Estado hay que recordarle que todas las víctimas de la violencia y el conflicto armado en Colombia merecen su condolencia, solidaridad, reconocimiento y respeto, indistintamente de los responsables de los hechos, o de la posición o condición de los damnificados. No hay masacres u homicidios colectivos, como se quieran llamar, de diferentes categorías. Todos, son atentados contra la democracia y merecen su corazón arrugado, presidente.
Ese comportamiento recurrente de menosprecio con determinadas “categorías” de víctimas por parte del presidente y su falta de compromiso con la paz, el perdón y la reconciliación, se corroboró con la silla vacía del domingo pasado en la Plaza de Bolívar, independientemente de jugaditas políticas o de papelitos, que no tienen ninguna importancia frente al significado real del hecho, que no es otro sino que el jefe de Estado dejó de simbolizar la unidad nacional y viene incumpliendo su obligación de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.
Como siempre se ha advertido: Iván Duque representa y defiende únicamente los intereses de un sector privilegiado de la sociedad que incluye el partido político que lo llevó al poder, y esa situación también se evidencia del tratamiento que les da a las víctimas en nuestro país.
De remate, para atizar la indignación generada por su ausencia el domingo en la jornada convocada por la alcaldesa de los capitalinos, el siguiente miércoles, en una clara provocación con bofetada incluida, visitó los CAI de la Policía vandalizados en los disturbios de la semana pasada, portando uniforme y posando para la correspondiente fotografía con miembros de la institución perjuidicada con los destrozos materiales, con lo que no queda duda de cuáles son sus prioridades, la «importancia» que le merecen los homicidios registrados en esos mismos hechos y en general el «respeto» por las víctimas de la violencia en Colombia.
Tenemos dignidad, no dejemos que nos la arrebate un gobierno indolente, criminal, narcoparamilitar.