Columnista:
Gustavo Adolfo Carreño
De nada valieron las súplicas de una persona en absoluto estado de indefensión: «ya», «por favor», «no más», eran rogativas ante el uso desmedido, desproporcionado, abusivo, violento en la fuerza de contención aplicada por parte de agentes de la Policía Nacional. El vídeo muestra el traspaso de los límites en los marcos procedimentales e institucionales en situaciones similares. El ciudadano suplicó respeto, dignidad, vida precisamente a quienes deben ser sus garantes primigenios.
Justo un 9 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos, los colombianos amanecimos indignados con el vil asesinato de Javier Ordoñez a manos de dos agentes policiales, cinco choques eléctricos por más de dos minutos con pistolas taser fueron suficiente para acabar con la vida, los sueños, las esperanzas y unidad de una familia colombiana.
Anestesiar, cloroformizar y electrocutar a la sociedad no es nada nuevo en Colombia, en 2011 el exvicepresidente, Francisco Santos, le reclamó a su primo y presidente Juan Manuel Santos la falta de pulso firme a fin de contener la protesta social, caldera hirviente en aquellos años. Su brillante idea consistía en enfrentar las protestas estudiantiles con las pistolas taser, un medio efectivo, disuasivo para frenar el levantamiento estudiantil con la «fuerza legal del Estado», y armas supuestamente «innovadoras, no letales», al amparo de las leyes de orden público y seguridad ciudadana, señalaba ‘Pachito’.
La taserización de la sociedad también se refleja con la esmadtización del malestar ciudadano, esto es, la estigmatización de la protesta social, criminalizando las movilizaciones y marchas pacíficas, masificando el excesivo uso de la fuerza con armas potencialmente letales, cada vez son más frecuentes las detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos por el Esmad y la Policía, arreciando los ataques a la libertad de expresión, la prensa y fuerzas políticas de oposición al gobierno, en otras palabras, está prohibido disentir.
Muy probablemente asistimos a la taserización de la vida cotidiana, al uso desmedido, naturalizado de la violencia como mecanismo para resolver los reclamos de ciudadanos al Estado y de ciudadanos entre sí, a través de la violencia como instrumento con el fin de dirimir diferencias. Para la muestra un botón, las agresiones de la cual fue víctima la doctora Peñaranda y su empleada en Barranquilla.
La reconocida pediatra luego de reclamar a su vecino por violar los protocolos de bioseguridad y decretos sanitarios de prohibición de aglomeraciones y sostener una estrepitosa «covid fiesta de cumpleaños», fue brutal y salvajemente golpeada por una horda cavernícola de intolerancia total. El resultado, heridas e incapacidad por 15 días, según medicina legal.
La taserización de la sociedad anda desbocada, galopa sin control, se manifiesta en todos los flancos: ideológicos, políticos, económicos, culturales, en sectores privados y públicos. Desconcierta que en ese concierto violatorio de los derechos humanos participen organismos y aparatos del Estado, con la parca de festín en medio de la pandemia.
Se debe humanizar, profesionalizar, educar y controlar el uso de la fuerza, el poder, las posiciones dominantes, sea esta del ciudadano o estatal, porque no se puede naturalizar el abuso, la tortura, la muerte o la violación de los derechos humanos.
La taserización de nuestra cotidianidad crece como verdolaga con el lenguaje intimidatorio, los señalamientos a los que piensan diferente, el envalentonamiento de gobernantes con acaparamiento excesivo poder y poco control social, la violencia institucionalizada, Colombia convertida en torrencial río de sangre, la búsqueda de la paz transformada en motivo de guerra, 10 muertos y más de 200 heridos dentro del marco conmemorativo de la semana por la paz, prueba de la supuesta «gallardía» de la fuerza pública a juicio del presidente Duque.
