Columnista:
Kanábico Objetor
Su nombre no solo es llamativo por el extranjerismo que le denota, sino que también lo es, porque es el nombre que ha sido reconocido por la justicia, exparamilitares y por la historia misma como el segundo al mando del «paramilitarismo» en Colombia y a su vez, una de las figuras más relevantes en la consolidación político-militar de esa estructura criminal que desde 1997 se encargó de afianzar una apuesta política que le permitiera a un pequeño sector del país conservar el statu quo y mantenerse impunes —y por demás infames— siendo responsables de despojos de tierras a costa de un bárbaro derramamiento de sangre y de una larga lista de delitos de los cuales ya algunos han sido condenados como crímenes de lesa humanidad sin que los reales responsables de estos hasta la fecha hayan tenido que pagar.
Para nadie es un secreto que el regreso a Colombia del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, entre otros exjefes paramilitares, haría caer a más de uno de ese pedestal en el que se han trepado desde el día que ese señor con autorización del hoy expresidente y exsenador Álvaro Uribe, al país desde el Congreso de la República se dirigió y le confirmó que el 35 % de ese Parlamento que lo aplaudían ese día, estaba auspiciado por el proyecto paramilitar. Ha sido quizás uno de los pocos —por no decir el único— de los exjefes paramilitares extraditados, que más ha mantenido «vigencia» en la opinión pública y en los titulares de la prensa (gobiernista).
Los más golpeados por las verdades que Mancuso en Colombia pudiera revelar, podrían ser, sin duda alguna gran parte de la dirigencia política nacional, que como quedó demostrado en el proceso de la «parapolítica», está vinculada de una u otra manera al accionar paramilitar; indiscutiblemente, de ese sector el más afectado sería el mismo uribismo que hoy es Gobierno.
Ya varios de los exjefes paramilitares han dejado consignado el nombre del jefe natural del partido de Gobierno en una cantidad considerable de declaraciones sobre varias de las masacres más atroces que en la historia reciente de Colombia se han registrado.
El exjefe paramilitar ha dejado muy claro que así como quiere hablar de las visitas que recibió de los entonces congresistas Rodrigo Lara, Iván Cepeda y Piedad Córdoba, también está decidido a decir todo lo que sabe con respecto a varios de los procesos de paramilitarismo en los que se encuentran mencionados los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, entre estos procesos está la «masacre del Aro» en Ituango. De ello, Mancuso, aseguró en una de sus audiencias de versión libre, específicamente, el 18 de noviembre de 2008, que durante el desarrollo de la masacre contaron con el apoyo logístico del «helicóptero» de la Gobernación de Antioquia de la época (1997) y además, ha asegurado que sostuvo no menos de diez encuentros con el secretario de Gobierno de la época, Pedro Juan Moreno, para orquestar la creación de las «Convivir» y quien después de diferencias casi irreconciliables con el entonces Gobernador Álvaro Uribe, resultó muerto en un aparatoso accidente de helicóptero, del que se dice, no fue un simple accidente.
Para nadie es un secreto que es mucho lo que Salvatore Mancuso tiene por cantar ante los estrados de Justicia y Paz y ante los rostros de las miles de víctimas que ellos con su proyecto de horror, sembraron a lo largo y ancho del país, pero, es necesario decir que no es solo Mancuso, son todos y cada uno de los exjefes paramilitares que fueron extraditados, que han cumplido condena en EE. UU., que están por ser extraditados o que como alias ‘Macaco’, a Colombia ya llegaron. Ellos, son quienes tienen una enorme deuda de «verdad y reparación» a fin de que las víctimas logremos sentir más cerca la posibilidad de «justicia y garantías de no repetición».
Hoy, existen intereses de torpedear el proceso de extradición de dichos actores de la guerra. Ha quedado en evidencia que en Colombia, en las palabras del alto comisionado para la Paz «están haciendo todo lo posible» pero, para evitar que ellos vuelvan, el Gobierno de Iván Duque en la cara de la canciller Claudia Blum quedó en ridículo ante la opinión internacional después de saberse que enviaron al Gobierno de EUA cuatro solicitudes de extradición mal hechas; esto fue lo que abrió la puerta a la posible deportación de Mancuso a Italia, país con el cual no se tiene ningún convenio de extradición.
Esa posibilidad escabrosa de poder irse para Italia sin aportar verdad al proceso de Justicia y Paz, tal parece que se va derrumbando, pues según informó El Tiempo, el Gobierno de Trump frenó ese auspicio y determinó que Colombia debía ser el destino del exjefe paramilitar.
No se puede olvidar que Mancuso tiene en Colombia, entre otras, dos órdenes de captura del Tribunal de Paz de Barranquilla por más de 54 mil hechos atroces, tampoco podemos olvidar que la Ley 975 de 2005 es clara en determinar que para acceder a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz se debe colaborar con la «verdad» y que además, no se debe estar fuera del país con el fin de poder hacer una real e integral resocialización y construcción de posibilidades de reconciliación— entre víctimas y victimarios— en aras de ponerle fin a las dinámicas de la guerra. En caso de que Mancuso decida no seguir aportando como hasta ahora lo ha hecho en este proceso, su condena de 40 años de prisión por la justicia ordinaria se activará inmediatamente.
Es vital preguntarnos ¿Quién o quiénes tienen tanto interés y poder para torpedear estos procesos de extradición?, aunque para gran parte de quienes lean esta columna la respuesta es obvia y da entrevistas desde el Ubérrimo. Es necesario y es mi invitación a ir un poco más allá y poder darle lugar en este concierto de verdades: a empresarios, ganaderos, políticos, banqueros, terratenientes, militares activos y en retiro, comerciantes, multinacionales, fiscales, funcionarios públicos y medios de comunicación comprometidos con aupar la violencia paramilitar.
También, se hace imprescindible que volvamos a poner en el debate público el arsenal de motivos que tuvo el ‘Matarife’ de Álvaro Uribe para haber extraditado a los exjefes paramilitares, no podemos olvidar que el expresidente aseguró que seguían delinquiendo desde la prisión, pero según varias organizaciones y defensores de derechos humanos denunciamos que el principal motivo de dicha extradición era todo lo que en las diligencias judiciales revelaban. Es necesario preguntar ¿dónde están esas investigaciones?, ¿qué pasó con esos procesos?, y ¿por qué le seguimos dando como Estado soberano que decimos ser, toda la autoridad a Estados Unidos a fin de que castigue a quienes usando recursos y el suelo colombiano delinquen en contra de ese país con el tráfico de drogas?
El escenario está servido, las luces encendidas y el telón se levanta a quienes quieran para con tanta infamia, lo hagan. Hoy, en Colombia están dadas las cosas para que dentro del proceso de Justicia Transicional podamos encontrar los caminos que nos permitan, hacia el fin de la guerra transitar.
