Así operaban los 46 reclutadores de «falsos positivos»

El pasado 4 de agosto, mientras el país conocía la medida intramural ordenada al exsenador Álvaro Uribe Vélez, varias fueron las reacciones que dicha noticia tuvo. Una de ellas provino del periodista deportivo Juan Fernando Foronda donde narró el episodio de «falsos positivos» del que fue víctima su hermano.

El fuerte y conmovedor relato trajo a la memoria aquella nefasta época donde el «éxito» del accionar contrainsurgente del Ejército se midió en litros de sangre de inocentes.

Pero uno de los aspectos más duros del relato de Foronda es que revela el papel que tuvieron unos personajes de los que poco se ha hablado y que fueron fundamentales para realizar esa espeluznante directriz del Ministerio de Defensa.

Esta, consignada en la Directiva Ministerial 029 del 17 de noviembre de 2005, incluyó una lista de tarifas de recompensas para los militares. El último ítem ordenaba pagar hasta $3 815 000 por la muerte o captura de delincuentes en combate.

Como es bien conocido, las ejecuciones extrajudiciales —conocidas como “falsos positivos”— fueron asesinatos cometidos contra personas inocentes posteriormente mostradas como delincuentes dados de baja en combate. Con esto, se buscaba que los militares cobraran recompensas, aumentaran las cifras de enemigos dados de baja y dar una falsa sensación de superioridad del Ejército ante la opinión pública.

Pero ¿quiénes fueron los personajes que pusieron en la línea de tiro a los civiles vilmente asesinados por el Ejército?

Los reclutadores

De acuerdo con varias sentencias judiciales sobre falsos positivos, un tercero civil reclutador es el nombre utilizado para designar a quien capta personas —generalmente con fines económicos—con el fin de pasarlas como víctimas en enfrentamientos armados entre organizaciones delincuenciales y las Fuerzas Militares donde los captados pierden la vida.

En 2019, mediante Resolución 8017 del 24 de diciembre de 2019, la Justicia Especial para la Paz JEP había identificado 23 solicitudes de sometimiento de los reclutadores. Sin embargo, el 6 de agosto de 2020, dicho número ascendió a 46 solicitudes en todo el país.

Actualmente, la JEP ha priorizado su atención en siete unidades militares, en el marco del macrocaso 03 (relacionado con los falsos positivos). De estas indagaciones se han vinculado el accionar de por lo menos 11 reclutadores civiles dentro de las regiones de operación de las unidades priorizadas entre 2002 y 2008.

Estas unidades son: el Batallón de Artillería No. 4, “Jorge Eduardo Sánchez”; el Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR); el Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”; el Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”; el Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”; la Brigada Móvil 15; el Batallón de Infantería “Francisco de Paula Santander” No. 15; la Brigada XVI y el Batallón de Contraguerrillas 26 Arhuacos.

Aunque se desconoce en cuántos casos de falsos positivos participaron cada uno de estos 46 reclutadores civiles; por lo menos uno de ellos estuvo involucrado en más de siete.

Cómo reclutaban

El accionar de los reclutadores consistía como se menciona más adelante en conseguir a las futuras víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por ello, eran contactados por miembros de inteligencia del Ejército que —muchas veces— tenían vínculos de amistad o de familia con ellos que, además tenían contactos con el bajo mundo.

A los reclutadores civiles se les indicaba la cantidad de incautos que debían «reclutar», se señalaba dónde debían «entregarlos» y se tasaba el monto que recibirían por cada uno de los hombres engañados, que generalmente oscilaba entre millón y millón y medio de pesos.

Una de las peticiones hechas por parte del Ejército es que los captados debían ser hombres «desechables», es decir, habitantes de calle, vagos, drogadictos o con antecedentes penales. Sin embargo, la injustificable condición no era obligatoria por lo que bajo esta práctica cayeron inocentes discapacitados, campesinos o adolescentes. 

Una investigación de Cuestión Pública reveló que los parámetros indicaban que los jóvenes seleccionados debían tener poca escolaridad, poca representatividad en la sociedad, provenir de familias humildes sin recursos suficientes para buscarlos y su arraigo debía estar alejado del lugar donde eran ultimados.

«Las víctimas debían ser hombres. No niños, no mujeres, no ancianos», dijo Alexander Carretero, uno de los reclutadores al declarar en juicio las exigencias que le hacían miembros de la Brigada 15 del Batallón Santander. La declaración fue recogida por Cuestión Pública.

El método de «reclutamiento» usado por estos hombres, por lo general era el mismo: a través de engaños —que incluían ofertas de trabajo en otras zonas del país e incluso propuestas para cometer hurtos— se captaban a las futuras víctimas de falsos positivos.

De acuerdo con la JEP, «los reclutadores civiles colaboraron con la ubicación de las víctimas y, en algunos casos, trasladaron a estas a los lugares en los que fueron ejecutadas. Además, recibieron recompensas por esta labor».

La historia de ‘Pan de 10’

Según los registros judiciales Luis Nolberto Serna, alias ‘Lucho’, El ‘Enano’ y ‘Pan de 10’ nació en Viterbo, Caldas, el 15 de julio de 1965. Luis es un hombre soltero que apenas cursó hasta tercero de primaria. Antes de ser requerido por las autoridades, se desempañaba como mecánico y latonero automotriz.

Como relata La silla vacía, ‘Pan de 10’ —junto a otros hombres— no solo se dedicaba a las labores automotrices, sino que también era informante del Batallón Pedro Nel Ospina (adscrito a la polémica Cuarta Brigada) y uno de sus “reclutadores”.

“Los reclutadores, entre ellos, Luis Nolberto Serna, buscaban víctimas con características especiales, por cuanto se pedía que fueran personas con antecedentes penales, proclives al delito, etc”, se lee en una sentencia judicial.

Tan comprometido con esa causa estaba Serna que, de acuerdo con La silla vacía, este convenció a su primo Jorge Lotero —con la promesa de un trabajo en construcción— para que viajara a Medellín. Sin embargo, Lotero fue presentado como una baja en combate.

Pero ‘Pan de 10’ no trabajaba solo. Según documentos oficiales sus otros compañeros reclutadores que se han podido identificar eran José Román Oliveros Díaz, alias ‘Román’ y Henry de Jesús González Aguirre, alias la ‘Vaca’.

El modus operandi de estos sujetos era el mismo: conseguir hombres generalmente jóvenes a los que convencían ofreciéndoles trabajo, o invitarlos a hacer hurtos o «vueltas», fuera de la ciudad de Medellín.

“Llamé a Román para decirle que tenía a los cuatro muchachos y que viajaban en carro propio. De igual forma yo les había dicho que no había que llevar armas porque las armas las pondría el señor que iniciaba las ‘vueltas’, que es Román… De la ‘vuelta’ que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate”, declaró Serna ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

A veces, para facilitar el accionar de los soldados en esos asesinatos, ‘Pan de 10’ y sus compañeros emborrachaban a las víctimas antes de llevarlas al sitio donde iban a ser sacrificadas, como cuenta La silla vacía.

Las balas y el silencio

Finalmente, tras la revelación de los casos de falsos positivos en 2008, «la plomonía» comenzó a afectar a los reclutadores, ya que uno a uno fueron cayendo. Por ejemplo, ‘Román’ fue asesinado el 27 de diciembre de 2008 en el barrio Manrique.

Como señala un documento legal, «la mayoría de ellos (los reclutadores) fueron muertos en la medida que conocían de las actividades de fondo de los falsos positivos…».

‘Pan de 10’ se salvó, porque en el momento en que comenzaron los asesinatos que presuntamente buscaban acallar la monstruosa práctica llevada a cabo por el Ejército, él se encontraba enjuiciado por el delito de tentativa de extorsión y fue así como pasó de agache.

Pidiendo pista en la JEP

Sin embargo, con el paso de los años y el aumento en la profundidad de las investigaciones de los falsos positivos, el nombre de Luis Nolberto Serna salió a relucir más de una vez.

Por ejemplo, El Mundo en su edición del 22 de diciembre de 2012, señaló que tras haber sido hallado culpable en otro caso de ejecuciones extrajudiciales para el Batallón Pedro Nel Ospina, «las autoridades constatan si (Serna) participó en otros 30 falsos positivos».

En marzo de 2016, la Fiscalía informó que:

«Tras avalar el preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa del procesado, el Juzgado Primero Penal Especializado del circuito de Antioquia condenó a 24 años y 7 meses de prisión a Luis Nolberto Serna, por reclutar 9 personas asesinadas por el Ejército Nacional y presentadas como abatidas en falsos combates entre 2006 y 2008».

Sin embargo, datos disponibles en el Sistema de Juzgados de Ejecución de Penas dicen que a nombre de Serna hay siete procesos condenatorios relacionados con falsos positivos —que incluyen delitos como homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas— que suman una condena total de más de 60 años de cárcel que actualmente purga en Itagüí.

Tal vez por ello, ‘Pan de 10’ decidió presentarse a la JEP desde 2018 en calidad de tercero civil reclutador, donde podría recibir una reducción de su condena a cambio de contar todo lo que sabe sobre los falsos positivos. En la actualidad la JEP está practicando pruebas para adoptar la decisión de aceptarlo o no dentro de su jurisdicción.