Columnista:
Daniel Avendaño
Creyentes o no, tenemos idea de quién fue Adán en la historia judeocristiana y en el Islam; su nombre de origen hebreo significa «Nacido de la Tierra», por estar hecho de barro o de tierra roja y, según la biblia, Dios lo colocó —junto a Eva— en su mundo perfecto, solo con una restricción: no tenían que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esto, les dio la facultad de «iniciar el mundo» y de dar nombre a lugares, animales y cosas; tal como lo han querido hacer los políticos colombianos cada cuatro años. Iván Duque, el enviado de Dios, digo, de Uribe, creyó que podía escribir la historia de Colombia de nuevo, como si del paraíso se tratara. En su afán de empezar todo de Cero, no solo mordió del fruto prohibido sino que, lo repartió entre sus secuaces. Pero, a diferencia de Adán y Eva, expulsados del paraíso; Duque sigue feliz en la Casa de Nariño y sus amigos en el poder.
En este jardín del edén, donde todo es «alegría»; existe un Adán con respuestas débiles a preguntas fuertes.
Estoy seguro de que, Darío Echandía debió revolcarse en su tumba, el 7 de agosto del 2018, cuando citándolo, Duque, se preguntó: ¿el poder para qué? Hasta hoy, la falta de una agenda legislativa; coaliciones de Gobierno vistas como «representaciones políticas»; organismos de control en manos del Gobierno y una diplomacia sin principios; nos responden que, la pregunta no era para qué sino, para quién. Para los mismos que niegan el conflicto armado, y llaman ‘migrantes’ a los desplazados; ‘Guerrilleros’ a sus opositores; ‘homicidios colectivos’ a masacres y, ‘representación política’ a la mermelada.
Es un holgazán que dice trabajar o bueno, lo hace. Pero, no para quienes lo necesitan: el pueblo. Sus funcionarios se han dedicado a maquillar su gestión con el objetivo de decirle al país que lo está haciendo bien.
¿Qué haría usted con 370 millones de dólares o con 20 mil millones de pesos? No lo sé, pero si fuera el Presidente no se los quitaría a las entidades territoriales para dárselos a Avianca o sacar de los fondos destinados para la paz con el fin de subir mi imagen en redes.
En pandemia no fue capaz de garantizar la renta básica a 32 millones de colombianos, no cubrió el 100 % de la nómina de las mipymes; se hizo el loco con la Matrícula 0 en las universidades, y, ahora que la violencia tomó más fuerza, le cuesta aceptar que gran parte del país se le salió de las manos por hacerle el feo a la implementación del acuerdo de paz —así diga que lo ha hecho—.
Por más que el Gobierno se esmere en decir que han avanzado en planeación, búsqueda de recursos y ejecución de obras en poblaciones vulnerables; el abandono estatal continúa y con el, el aumento de la desigualdad.
Duque, está más preocupado por mejorar su imagen, defender a Uribe, perfilar a la oposición y de enseñar por medio de cartillas que el progresismo ideológico es el culpable de la violencia, el extravío moral y hasta el suicidio en las sociedades contemporáneas.
Este síndrome le hace creer que, si bautiza las cosas de nuevo, dejará de equivocarse; aun cuando él sabe que sus intentos por manipular el lenguaje para controlar la política podrían llevarnos a algo gravísimo, pero al parecer, no le importa. Su joven y conservadora memoria olvidó que, el inicio de los desastres causados por el nazismo en Alemania, sucedieron con la elección y repetición de ‘simples’ frases o palabras.
Un buen ejemplo es que prefiera hablar de «Paz con Legalidad» — desconociendo los acuerdos firmados en la Habana, que tienen rango constitucional—, porque según él, su Política de Estabilización transformaría la vida de cerca de siete millones de personas que habitan en los territorios más golpeados por la «violencia». Después de dos años, con la supuesta «legalidad» defendida por el Centro Democrático sólo hemos visto cómo buscan modificar los acuerdos de paz y acabar la JEP, mientras culpan a la izquierda por ser la víbora que los tiene abajo en las encuestas. Pues bien, revisemos los «logros» que hasta ahora ha dejado esa paz con «legalidad».
Los «logros» de un holgazán
Según Emilio Archila, esta administración ha indemnizado individualmente por cerca de $1,5 billones a 185 000 víctimas y entregado 644 000 giros de atención humanitaria a más de 390 000 hogares de víctimas de desplazamiento forzado. También, que la restitución de tierras a comunidades étnicas durante este Gobierno ha sido «histórica» y que, el 40 % del trabajo realizado en nueve años se ha hecho bajo este Gobierno. Incluso, en su columna más reciente en El Espectador habló del proceso de reincorporación como uno de los «más garantistas» respecto a procesos similares en el mundo; pues, «el 56% [sic] de los excombatientes tienen sostenibilidad económica con proyectos productivos e incursión laboral».
¿Olvidó Archila los asesinatos de excombatientes debido a la poca seguridad en los ETCR o el desplazamiento forzado que obligó a muchos de ellos a salir de Ituango? ¿O el poco interés que tienen en ejecutar el capítulo étnico; clave para la implementación, verificación y seguimiento del acuerdo?
Tal vez para el Gobierno es más fácil decir que solo 2823 excombatientes — de nueve mil que hay en 421 municipios—, viven protegidos por la Policía y el Ejército en los antiguos ETCR y no que en 2019 asesinaron a más de 70 exguerrilleros y en lo que va del 2020 a más de 40 —en algunos casos con una aparente complicidad del Estado—. Se limitan a manifestar su «preocupación» pero en el fondo, hay poco interés en la seguridad y situación jurídica de los desmovilizados.
En temas de desarrollo rural integral, han sacado pecho con el impulso al catastro multipropósito, pero solo se ha quedado en eso, en impulsos de planeación; tienen hasta 2022 para actualizarlo en un 60 %. Asimismo, hablan de que la cantidad actual de hectáreas en El Fondo de Tierras es cinco veces el área del departamento del Quindío pero, según la Procuraduría en ese millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, la mayoría están ocupadas y no se pueden entregar a campesinos sin tierra.
Tampoco han agilizado la puesta en marcha del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO), esto no es bueno porque nos impide ejercer control ciudadano, seguimiento y veeduría en las acciones implementadas para el posconflicto y por si fuera poco, han querido reducir el presupuesto a las Instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El avance con las hojas de ruta de los 16 planes PDET tampoco ha sido rápido, supuestamente de eso se ha encargado la firma Deloitte, de diseñar una que permita garantizar su implementación a largo plazo. Sin embargo, apenas está elaborada la del Catatumbo, la región más compleja en materia de seguridad.
«Solución» al problema del narcotráfico y drogas
En cuanto al Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el Gobierno dice haber invertido 950 869 millones de pesos, entre agosto del 2018 y junio del 2020 a través del Fondo Colombia en Paz, en el que se encuentran inscritas 99 079 familias; pero hasta ahora, apenas el 2,1 % cuenta con un proyecto productivo que reemplace el cultivo de hoja de coca. Teniendo en cuenta que para ser ejecutado se requieren 4,3 billones de pesos.
Dicho esto, es preocupante que insistan en fumigar con glifosato; esto es un problema de política pública. Veinticinco años después de las marchas cocaleras en la época Samper, siguen con la idea de fumigar, erradicar manualmente y echar campesinos pobres a la cárcel; mientras los narcos afines al gobierno siguen intocables y se llevan la mejor parte de las ganancias.
Tristemente, miembros de su gabinete han aprovechado los últimos hechos de violencia para culpar completamente al narcotráfico y así, insistir en glifosato; aun cuando saldría más caro que comprarles las hojas de coca a los campesinos e indígenas. No obstante, a pesar de los esfuerzos que en estos momentos, se están haciendo desde el Congreso a fin de regular el uso de la hoja de coca; implementar este proyecto, puede ser complejo.
Colombia cuenta con más de 200 mil hectáreas para ello pero, en la mayoría de los países, la coca está prohibida; lo cual, dificulta llevar un registro que le permita al Estado controlar la producción y comercialización de la hoja en el país.
Pero, sí de algo estoy seguro es que fumigar no cambiará nada; empobrecerá a la gente hasta el punto de envenenarlas; si no mueren a raíz de eso, lo harán gracias a la poca seguridad que brinda el Estado a quienes están comprometidos con la sustitución voluntaria. Esa negligencia y el aumento del precio del oro tal vez harán que los cultivos de coca bajen y no por las fumigaciones sino, porque muchos dejarán de sembrarla para sacar oro. Una situación lamentable que afectaría a los ríos y comunidades.
Finalmente, después de esto, las preguntas a responder los próximos dos años serán: ¿habrá país para el 2022? ¿El uribismo saldrá del poder como Adán y Eva del paraíso? ¿O seguiremos pagando por los pecados de una élite que maneja una política de muerte? Respuestas que muy seguramente, estarán justificadas con más guerra o con más «logros».
Adenda: ¡Nos están masacrando! Mientras escribía esta columna, hallaban los cuerpos de dos gemelos menores de edad, en Tarazá, Antioquia. Estaban desaparecidos desde el pasado Jueves y, dos horas después, el cuerpo de una lideresa social fue hallado en el mismo municipio… No esperemos al 2022 para ponernos las pilas.
Fuentes adicionales:
https://foro.org.co/wp-content/uploads/2020/04/INFORMEUNOWEB.pdf
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n2015185.pdf
Fotografía principal: Luis Carlos Ayala.
otro gerrillerito mas