Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con la elección de Margarita Cabello Blanco como nueva Procuradora General de la Nación sin que haya entregado ese cargo el actual Procurador, Fernando Carrillo, se ratifica la intención del Ejecutivo, en cabeza de Iván Duque Márquez, de hacerse con ese ente control y de consolidar el debilitamiento de los pesos y contra pesos de la ya restringida, débil y formal democracia colombiana.
Cabello compartirá el escenario teatral (del tamaño de un bolsillo) con el actual Contralor General de la República, el recién electo Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación. Al ser todos amigos cercanos del presidente, fungir como sus subalternos y ser probados áulicos del Reo de Salgar, la institucionalidad de las entidades estatales, de control y de investigación que representan, queda capturada y por lo tanto, sometida a la voluntad no solo del presidente de la República, sino de los intereses sectoriales que este representa.
Una vez en el bolsillo, estas entidades y sus máximos responsables servirán en lo consecutivo, para el caso de la jefa del Ministerio Público, para amedrentar, y perseguir a todos aquellos alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y congresistas de la Oposición. Ya la misma Margarita Cabello dejó entrever que el tema de la corrupción no guiará a su gestión. Para el caso de la Defensoría del Pueblo, la tarea asignada muy seguramente será la de minimizar y ojalá ocultar la delicada situación de violación sistemática de los derechos humanos en el país. Encubrir la responsabilidad de los agentes estatales comprometidos en la comisión de disímiles delitos sería uno de los objetivos del recién electo Defensor del Pueblo. En esa medida, se espera que trabaje de la mano con la señora Cabello Blanco.
En lo que corresponde a la Contraloría General, se espera que mantenga engavetados, como hasta ahora lo hace, juicios fiscales y procesos delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la apropiación indebida de baldíos en la altillanura por parte de ingenios azucareros del Valle del Cauca. Cerrar los ojos ante las arremetidas de agentes privados y estatales en contra de delicados y estratégicos ecosistemas naturales, constituye desde ya un aporte sustancial del actual Contralor. Y en lo que toca al actual Fiscal General, mantener ese órgano de investigación y de acusación en los niveles de inoperancia, ineficiencia y corrupción que ya el país le conoce, será una tarea relativamente fácil.
La pregunta que salta a la vista es: ¿qué le falta al régimen colombiano para ser igual o peor que el régimen de Nicolás Maduro Moros? La respuesta es esta: le falta capturar, someter y manejar a las Altas Cortes, en particular a la Corte Suprema de Justicia y dentro de esta, a la Sala de Instrucción, cuyos cinco magistrados tuvieron la osadía de tocar a quien hasta hace un tiempo se creía intocable y se sentía por encima de la ley, como si fuera una deidad: Álvaro Uribe Vélez.
En cuanto al manejo de las FFMM y de la Policía, hay que señalar que dentro de dichas fuerzas no hay consenso en la obediencia debida al Ejecutivo y en particular, al exsenador Uribe, a pesar de la operación de una cúpula tropera y enemiga del proceso de implementación del Acuerdo de Paz y de la consecución de una paz estable y duradera. Las fisuras que hoy dejan ver las fuerzas armadas estatales en su interior, si bien por ahora no dan para que se dé un «ruido de sables», sí consolidan los procesos de pérdida de la mística y el honor militares, circunstancia esta que apuntala los actos de corrupción dentro del mundo castrense, los mismos que se volvieron paisaje entre 2002 y 2010. Los Militares, en particular la alta y burocrática oficialidad (generales de alto rango) seguirán haciéndolo el juego al régimen político, eso sí, a cambio de todo tipo de gabelas que aportan al ya sistemático y al parecer imparable desprestigio de los uniformados, en particular de los miembros del Ejército.
Así entonces, mientras el Ejecutivo hace todo para que los órganos de control y sus responsables actúen en el angosto bolsillo del pantalón del presidente, el Fiscal Barbosa hace ingentes esfuerzos para extender en el tiempo los altos niveles de impunidad de los procesos, al tiempo que sus fiscales afectos guardan silencio cómplice frente a casos delicados que tienen que ver con paramilitarismo y actividades de narcotráfico en las que están involucrados agentes económicos y políticos de la sociedad civil colombiana.
Lo que no queda claro es si asistimos a la “venezolanización” del régimen colombiano o si simplemente estamos ante la institucionalización del llamado “uribismo”, ante la eventual caída del caudillo. De cara a las elecciones de 2022 y ante el creciente malestar social que deja la nefasta gestión económica de Duque en el marco de la pandemia, están los agentes uribistas amarrando de nuevo a la burocracia oficial para obligarla a votar, nuevamente, por el que diga el Reo 1087985: un Char, Sergio Fajardo o “Fico” Gutiérrez o cualquier otro que se comprometa con el mantenimiento de los niveles de indignidad del régimen de poder.
