Columnista:
Germán Ayala Osorio
Mientras una parte del país se indigna en las redes sociales por la ola de violencia que enluta a varias familias asentadas en territorios rurales y urbanos, hay otra que disfruta, aplaude o simplemente examina sin mayor preocupación las masacres consecutivas presentadas en los últimos días en Colombia. Estos últimos son los mismos que apelan al eufemismo, Homicidios Colectivos, para ocultar o minimizar la gravedad y el sentido de las masacres perpetradas por sicarios paramilitares y disidencias de las antiguas Farc-Ep, en contubernio con agentes estatales.
Las hipótesis oficiales siempre indicarán que se trata de ajustes de cuentas o retaliaciones entre bandas de narcotraficantes, o de “limpieza social”, para los hechos acaecidos en territorios urbanos; o luchas territoriales entre grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las antiguas Farc-Ep. O incluso, recogerán la “justificación” de un periodista de Noticias Caracol, que indicó que los muchachos masacrados en Samaniego estaban incumpliendo las normas sanitarias y de confinamiento vigentes en el marco de la pandemia por la COVID-19.
En esta columna lanzo dos hipótesis complementarias con las que puede ser posible explicar lo que viene sucediendo en Colombia en los últimos días. La primera dice así: las masacres perpetradas en las zonas rurales hacen parte de un plan para generar masivos desplazamientos de familias campesinas, cuyas tierras interesan a terratenientes, narcotraficantes, ganaderos y empresarios del campo; estas circunstancias se presentan gracias a la decisión política del actual Gobierno, de no hacer presencia institucional en esas zonas, más allá de destacamentos militares desplegados no para perseguir a los bandidos, y evitar las masacres, sino para hacer presencia una vez estas se cometan. Es decir, se trataría de la presencia armada del Estado con fines ornamentales.
Y la segunda hipótesis se expone en el siguiente sentido: los sicarios narco -paramilitares que deambulan aún por esos territorios rurales en donde el Estado brilla por su ausencia o por su interesada debilidad, están haciendo la tarea a una parte del Establecimiento que interpreta y apoya los intereses del llamado “uribismo”, ambientando la convocatoria, cuanto antes, a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así entonces, las masacres perpetradas en los últimos días estarían pensadas para generar una reacción del gobierno central, con miras a decretar un estado de conmoción interior, que derivaría, por la ocurrencia de otros crímenes o atentados por venir, en una convocatoria a una ANC. Una vez instalado ese escenario, el “uribismo” buscará reformar la Justicia y reducir las Cortes, para impedir el juzgamiento del Mesías de Salgar.
La bisagra que articula a esas dos hipótesis nace de la situación jurídica en la que está Álvaro Uribe Vélez y la consecuente crisis política y de dirección que sufre el Centro Democrático (CD).
Los hechos de violencia permiten pensar en que un sector poderoso del Régimen de poder está empecinado, parafraseando al fascista criollo, Laureano Gómez, en “hacer invivible la República Liberal”, con un pequeño ajuste a la histórica y tenebrosa sentencia: lo que quieren hacer invivible es la ya insoportable democracia iliberal que ha venido consolidando el gobierno de Iván Duque Márquez.
Así entonces, no podemos descartar del todo que existan conexiones entre quienes apoyan sentencias como “bala es lo que hay, y plomo es lo que viene”, “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final”, “si meten preso a Uribe, incendiamos el país” y “si meten preso a Uribe, aténganse a las consecuencias”, entre otras, y los agentes armados ilegales que están detrás de las masacres de jóvenes y de campesinos.
