Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Se supo en las últimas horas, según comunicado, que la defensa del expresidente Álvaro Uribe no interpuso recurso contra la decisión de medida de aseguramiento de detención preventiva que lo afecta, para darle paso a la defensa política y no jurídica del senador.
A pesar de señalarse que no existe ningún fundamento legal para la detención del investigado, de manera contradictoria, la defensa considera que el recurso procesal no constituye remedio judicial efectivo para lo que denomina una injusticia, y que ejercer el derecho de impugnación simplemente facilitaría su legitimación.
Se indica en la comunicación, que al hoy congresista y líder vitalicio del Centro Democrático se le vulneraron seis principios y derechos jurídicos, pero que corresponde es a los colombianos y no a los jueces verificarlo, una vez se haga pública toda la investigación y se levante la reserva sumarial.
De acuerdo con lo anterior, corresponde al pueblo colombiano el análisis de la legalidad de la actuación judicial y la valoración probatoria para establecer si efectivamente al senador se le vulneraron los principios de presunción de inocencia, de investigación integral y objetiva, de exclusión de la prueba ilícita e ilegal, el derecho de defensa por haberse omitido la posibilidad de controvertir prueba testimonial, el principio de reserva legal de las comunicaciones entre defensor y cliente y, por último, la garantía de imparcialidad de los jueces.
¡Vaya ardua labor la que debe realizar la ciudadanía, para asumir la defensa del senador Uribe!
Lo primero: básicamente, hacer un curso acelerado de derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional y convencional, y de la manera en la que se aplican o garantizan estos derechos en el proceso penal; y luego el estudio del procedimiento previsto en la Ley 600 de 2000, que es el que aplica para los senadores, en su condición de aforados en los procesos penales que se les adelantan ante la Corte Suprema de Justicia. Lo segundo: el análisis de toda la actuación, después del levantamiento de la reserva, si es que así lo ordena la Corte (no lo creo por improcedente), y de las 1554 páginas (una verdadera exageración y poco garantista) de la decisión que ordenó la detención preventiva del expresidente. Todo lo anterior, con la finalidad de verificar las violaciones a los principios y derechos que quien dirige la bancada de la defensa que ejercerán todos los colombianos, aduce como argumentos a fin de defender al hoy senador Uribe.
¡Absurdo! Como se puede advertir, la discusión es eminentemente jurídica, pero existe el deseo vehemente de cambiar los estrados judiciales, escenario natural del debate entre los sujetos procesales (partes, terceros y apoderados), para involucrar al ciudadano de a pie, privilegiando las emociones sobre el derecho y las decisiones de los jueces.
Ese es el engaño. Cuando al colombiano necio y apasionado se le dice que a su ídolo se le han violado todos los derechos, que no se puede confiar en la justicia porque está parcializada (por eso no se impugna la decisión judicial) y que la determinación del juez es un juicio de la personalidad del involucrado y no de su actuación (una venganza) se está acudiendo al afecto que se tiene hacia el personaje, con el objetivo de sustituir la institucionalidad, generar malestar social y mayor polarización con consecuencias insospechadas. ¿Les suena una constituyente para suprimir las cortes?
Es obvio entonces, que el comunicado de la defensa tiene una finalidad distinta a la de la discusión y verificación de la presunta vulneración de derechos y principios constitucionales en la investigación que se le sigue al expresidente Uribe. A pesar de afirmarse que se está juzgando, supuestamente, la personalidad del senador y que se trata de una venganza, se acude a lo mismo: a la personalidad, carisma y liderazgo del sindicado, para controvertir la decisión judicial, sometiéndola al escrutinio público, por fuera de la Corte, porque al parecer el alegato en derecho no se puede sustentar en el estrado judicial por falta de garantías. ¡Hágame el favor! ¡Inaudito el camino por el que nos quieren obligar a transitar: el de las emociones por encima de la ley y el derecho!
Todo tiene un hilo conductor: (i) una supuesta decisión injusta y arbitraria de detención preventiva contra el mejor presidente de la historia de Colombia; (ii) el presidente de la República, que no lo es de todos los colombianos sino de un sector, controvierte, en su condición de jefe de Estado, la decisión y no la acepta; (iii) una protesta de ese sector para el que gobierna el presidente, con los congresistas a la cabeza, advirtiendo la “politización” de la justicia y la necesidad de una reforma a esta, (iv) la decisión de la defensa de no impugnar la medida de aseguramiento por falta de garantías, ante la falta de imparcialidad de los jueces que emitieron una providencia vindicativa; (v) necesidad de pronunciamiento emocional del pueblo sobre la injusticia y arbitrariedad cometida y (vi) asamblea constituyente y supresión del órgano judicial que investiga a la víctima del atropello y de paso de la JEP, que tanto les ha causado molestia.
Aunque tradicionalmente esta ha sido la estrategia del nefasto partido caudillista del expresidente Uribe, con la finalidad de lograr impunidad y las reformas que le convienen a esa parte de la sociedad para la que gobierna el presidente Duque, que no han conseguido por los trámites normales en el Congreso, todo indica que los colombianos ya no comen cuento como antes, pues según los resultados de la última encuesta realizada por Datexco, el índice de favorabilidad del líder del Centro Democrático descendió a un 29 %, por lo que la defensa política de su causa, en la que nos quieren involucrar, pareciera no tener futuro.
Sin embargo, el asunto no es de poca monta como para obviarlo, porque los peligros para la institucionalidad y la democracia están en ciernes, cuando se pretende imponer nuevamente el Estado de opinión. A pesar de la angustia, la ansiedad o el desespero que en algunos causa la detención del expresidente, es hora de pasar la página emocional de Álvaro Uribe Vélez y dejar que su juez natural, con respeto de las garantías del debido proceso, resuelva su situación jurídica de manera definitiva y en derecho, no solo en este proceso por fraude procesal y soborno a testigos, sino en todas aquellas investigaciones en las que se encuentra vinculado, con el fin de que en un futuro próximo se consigne en los anales de los expresidentes, la verdad verdadera sobre el Gran Colombiano, gústenos o no.
