Columnista:
Germán Ayala Osorio
“Corte Suprema ordena medida de aseguramiento contra el expresidente Uribe” titulaba ayer el El Espectador. En el titular y en la orden proferida por el alto tribunal se advierten hechos y consecuencias jurídico-políticas e institucionales que desde ya ponen a prueba la fortaleza del Estado de derecho, el imperio de la ley, el respeto, la autonomía y la separación de poderes, la democracia misma y la madurez política de la sociedad y de los partidos políticos que de tiempo atrás hacen parte de lo que se conoce como el “uribismo”.
Es la primera vez, en la historia reciente del país, que a un exjefe de Estado colombiano se le impone una medida de aseguramiento. Y ello es lo que más sorprende, dado que tanto el sistema como el régimen político y la inercia política se han encargado de blindar a los expresidentes, haciéndolos intocables por la justicia terrenal. Aunque hay que hacer la salvedad de que la decisión adoptada por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no está asociada con delitos cometidos por Uribe durante el tiempo que fungió como Presidente (2002-2010). Por el contrario, y como el país sabe, la actuación de los magistrados se explica por un proceso al que está vinculado Uribe Vélez en su condición de Congresista, por la manipulación de testigos y fraude procesal.
La referencia a su condición de expresidente en el titular del diario bogotano se explica porque Uribe Vélez fue en su momento un presidente aclamado por millones de colombianos, unos convencidos de su honorabilidad y complacidos por haber liderado una fuerte ofensiva militar contra las Farc (o lafar) y otros tantos que fueron engañados por la Gran Prensa que elevó a este Hijo de Salgar a la condición de “irremplazable” y posteriormente, hizo de este una figura mesiánica y megalómana y por ese camino, lo convirtió no solo en un gran elector, sino en una deidad a la que solo la justicia divina podría conminar a responder por sus actos en la vida terrenal.
Hay que decir que la decisión en estos momentos es aplaudida a rabiar por millones de colombianos que ya condenaron a Uribe por todos los crímenes que desde varias instancias se le señalan que cometió o con los que tendría alguna relación bien sea por acción o por omisión. Hechos delictivos que hacen parte de un centenar de investigaciones que duermen el sueño de los justos en Fiscalía, en la misma Corte Suprema de Justicia y en la siempre inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Entre estos se cuentan masacres, apoyo electoral recibido de grupos paramilitares y relaciones directas con comandantes de las entonces AUC y por supuesto, las responsabilidades penales y políticas que pueda tener en los llamados “Falsos Positivos”.
Sin duda, se trata de una gran prueba de fuego para la institucionalidad estatal en general y en particular para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que al parecer de manera unánime tomaron la decisión de ordenar la medida de aseguramiento, reconociendo que Uribe podría obstruir a la justicia y afectar las etapas del proceso penal que hasta ahora arranca en firme y que podría terminar en un llamado a juicio.
Estamos ante un golpe de autoridad de la Justicia en pleno, ante una decisión en derecho, que pone en su sitio a quien de tiempo atrás se sentía por encima de la ley. No olvidemos las actitudes desafiantes del senador antioqueño frente a la Corte y su interés legislativo para reducir las Cortes a una sola. A estas se suman las presiones indebidas que recibieron los magistrados de parte de periodistas-estafetas, del propio Centro Democrático y de Iván Duque Márquez, quienes en gavilla, intentaron presionar a los operadores judiciales para que se apartaran de la decisión que en las huestes uribistas ya presentían: el que se ordenara su captura o la medida de aseguramiento como sucedió finalmente.
Así las cosas, la medida judicial adoptada por la Sala de Instrucción se da en medio de un claro enfrentamiento con el Ejecutivo y una parte del legislativo. De allí que el desafío no solo es enorme para los magistrados, sino para la institucionalidad. Sea esta la oportunidad para hacer un llamado a la serenidad, en particular a los “perros rabiosos del Uribismo”, los mismos que se atrevieron a sugerir que “habría una guerra civil” si metían preso a Uribe. Y el llamado también cobija al exmandatario para que asuma con altura y gallardía la decisión de la Corte.
A Uribe solo le queda darle manejo a su golpeado ego y afrontar con respeto a la institucionalidad en el proceso penal que continúa. Será tarea difícil para quien de tiempo atrás se viene encargando de debilitar las instituciones y de reducirlas a sus mezquinos intereses y a su particular forma de concebir el Estado, alejado, claro está, de cualquier idea moderna de lo que debe ser una República.
De allí que esta primera decisión judicial constituye un símbolo que trae aferrado el siguiente mensaje: nadie está por encima de la ley. Ni siquiera Uribe, el hasta hoy intocable expresidente. Y es sobre la fortaleza de ese símbolo que todos los colombianos deben aceptar la decisión de los magistrados. Aunque no sabemos cómo va a terminar este proceso penal al que está vinculado Uribe Vélez, lo cierto es que este hecho jurídico-político debe servir para que la sociedad en general se dé la oportunidad de proscribir el ethos mafioso que rodea las actuaciones de Uribe en este caso de la manipulación de testigos y el fraude procesal. Ese solo hecho debería de servir para que la sociedad en pleno rechace a Uribe y lo condene al ostracismo político.
De cara a las elecciones de 2022, este golpe jurídico y político que recibe el “uribismo” abre el camino para que Vargas Lleras y otras fuerzas godas del país se unan bien para insistir en llevar al Solio de Bolívar al co-propietario de Cambio Radical o para apoyar a uno de los Char. Esa es una posibilidad que no se puede descartar, a la que muy seguramente le apostará Uribe Vélez, no importa si para esa época esté condenado por los magistrados que hoy ordenaron la medida de aseguramiento.
Es posible que estemos hoy ante el inicio o el principio del fin de Uribe y de eso que llaman el “uribismo”. Ya quedó probado que ese tipo de liderazgos poco aportan a la consolidación de la República. Hay que decir que ese liderazgo, a todas luces tóxico, solo ha servido para hacer de Colombia una enorme hacienda, manejada por un vulgar capataz.
