Columnista:
Germán Ayala Osorio
Ante la eventual existencia de una ponencia desfavorable a los intereses del senador Álvaro Uribe Vélez, en el marco del proceso judicial al que está vinculado y que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y fraude procesal, periodistas-estafetas y el Centro Democrático de manera coordinada, desplegaron, en gavilla, un discurso amenazante y reduccionista con el que buscan desconocer el acervo probatorio que tiene en manos la corporación y, por ese camino, deslegitimar el proceso mismo que le adelanta el alto tribunal.
Desde hace más de 24 horas en las redes sociales circulan amenazas ante una eventual decisión judicial encaminada a poner tras las rejas a Uribe Vélez. Hablan algunos de sus áulicos de un posible levantamiento en armas y de una “guerra civil”. A las temerarias advertencias se suma lo dicho por una reconocida estafeta del Establecimiento y ciega admiradora del senador antioqueño, quien no solo cree fungir como periodista, sino que aloja la esperanza de que la violencia se incremente ante una decisión judicial que resultare negativa para el “notable” hijo de Salgar.
Y en las últimas horas, el ungido de Uribe y huésped de la Casa de Nariño, Iván Duque Márquez picó el anzuelo de los periodistas y respaldó, como era de esperarse, al sub judice congresista. Dijo el sumiso y máximo comensal de la casa presidencial que “sería muy triste que en esta sociedad colombiana nosotros viéramos a quienes laceraron al país, después de tantos años, sin tener ninguna condena, posando de adalides de la moral, y que veamos a las personas que lucharon por la seguridad y la legalidad en un proceso que le limite y le cercene sus derechos”.
Al mirar con detenimiento el sentido de lo dicho por Duque, se puede inferir lo siguiente: en primer lugar, apela al tono lastimero y moralizante de quien en el pasado dudó de la probidad de Uribe, y que hoy cree a pie juntillas en la honorabilidad del expresidente antioqueño, a todas luces el político colombiano más cuestionado social, política, ética, ambiental, económica y judicialmente por sus cercanías, vínculos y relaciones con grupos paramilitares, con el narcotráfico y con la comisión de crímenes ecológico-ambientales y de masacres, tal y como se desprenden de sendas investigaciones periodísticas y de compulsas de copias, como las que en su momento hiciere el Tribunal Superior de Medellín a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigaran al “líder” del Centro Democrático por la masacre del Aro, perpetrada cuando aquel fungía como gobernador de Antioquia.
Y en segundo lugar, el tono moralizante y lastimero al que apela el dócil Iván Duque lo encamina hacia los firmantes de La Habana, dejando ver, una vez más, su animadversión al proceso de paz. Duque pretende llegarle a los millones de colombianos que dijeron NO en el plebiscito del 2 de octubre, con el fin de que estos piquen ese anzuelo y se movilicen en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues, según él, es inaceptable que hoy los comandantes de las Farc estén en el Congreso, sin que aún pese sobre estos sanción penal alguna emanada de la JEP.
En su notable captura e incapacidad para discernir, Duque Márquez mezcla dos asuntos totalmente distintos, pero lo hace convencido de que con ello, logrará tocar las fibras de quienes aún se oponen al proceso de paz y al funcionamiento de la JEP.
Y lo que es peor, eleva a Uribe a la condición de faro moral y líder político que luchó por brindarle al país seguridad y legalidad. Sin mencionar a la política de seguridad democrática, Duque Márquez guarda silencio frente a los desmanes y crímenes cometidos durante el tiempo de aplicación de dicha política pública, encaminada a restringir libertades ciudadanas, perseguir a opositores, intelectuales, académicos críticos y periodistas y que derivó, gracias a directrices ministeriales como la 029 de 2005 y decretos como el Boina, en el asesinato sistemático de civiles (jóvenes pobres y muchos de estos con probadas incapacidades mentales) que el país conoce como “Falsos Positivos”.
Y termina el anfitrión de Palacio, lamentando la posibilidad de que a su Patrón le sean cercenados sus derechos, en clara alusión al proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos y fraude procesal. Sin duda, estamos ante un Jefe de Estado (así se lee desde el punto de vista institucional) que irrespeta y desconoce la autonomía de la justicia. De esta manera, pone sobre los magistrados del alto tribunal un manto de duda y unas responsabilidades políticas que estos operadores judiciales no tienen por qué asumir, en la medida en que al procesado se le han brindado todas las garantías procesales y garantizado su derecho a defenderse en condiciones de equidad.
El despropósito en el que incurre Iván Duque lo instala en el mismo nivel de discusión política que suelen dar los estafetas, amanuenses, zascandiles y manguarrianes que habitan en las redes sociales. De esa manera, Duque pone en riesgo la armonía entre los poderes legislativo y ejecutivo y reduce un proceso judicial a una inexistente persecución política y judicial en contra de su admirado patrón.
Tanto el Centro Democrático, como Iván Duque, los periodistas-estafetas y los áulicos de las redes sociales confluyen en la tarea de enfrentar lo que ellos mismo llaman un “imaginario criminal” construido desde la izquierda en contra de Uribe, poniendo en riesgo no solo la división de poderes, sino la vida de los magistrados que deberán fallar en derecho y resolver la situación jurídica del operador político, latifundista y ganadero.
Resulta extremadamente peligroso que Iván Duque lidere la gavilla institucional, mediática y para- institucional que desde ya amenaza el buen juicio de los magistrados.
