Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con el retorno de lo que se conoce como el “uribismo” al poder, esa parte de Colombia que dijo SÍ al Acuerdo de Paz, en el innecesario plebiscito del 2 de octubre de 2016, sabía lo que se vendría para el país con la llegada del dócil y sumiso, Iván Duque Márquez, a la Casa de Nariño. Así, retornaron las siempre selectivas y ejemplarizantes masacres de grupos paramilitares; se dio continuidad y se consolidó el Genocidio Político de los firmantes de la paz (ya van 220); se aceleró la violencia estatal contra los campesinos (más de 200 líderes y lideresas asesinados) que se acogieron a la política y a los planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito; y desde la bancada del Centro Democrático se enfilaron baterías jurídico-políticas con el fin de frenar, entorpecer y debilitar aún más el delicado proceso de implementación del Acuerdo Final II.
El mismo Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe Vélez, enfiló, tempranamente, baterías en contra del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. Y lo hizo, al objetar varios artículos de la ley estatutaria que daba vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que de tiempo atrás recibió y recibe presiones y ataques desde la Fiscalía General de la Nación, desde las huestes del Centro Democrático y recientemente, indebidas presiones de Iván Duque Márquez, al exhortar a los magistrados de dicho Tribunal de Paz para que rápidamente definan responsabilidades penales en contra de los comandantes de las Farc-Ep comprometidos de manera directa en el reclutamiento de menores para la guerra; la exigencia de Duque la hace en medio de su silencio cómplice frente al sistemático asesinato de excombatientes farianos y en relación con el reciente y forzado traslado del ETCR de Ituango, por presiones de grupos paramilitares, entre otros hechos que expresan con preocupante claridad el poco compromiso de él y del Gobierno que representa, con la consolidación de una paz estable y duradera. Y claro, Duque no exige la misma celeridad a la JEP en los casos que comprometen a exmilitares de alto rango por los “Falsos positivos”.
Hay que decirlo con total contundencia: Duque y el “uribismo” se han encargado de generar un mal ambiente a la Paz y a la implementación de lo acordado. Y lo han hecho no solo con pronunciamientos destemplados de Archila y Ceballos, sino con acciones y decisiones administrativas conducentes a debilitar la confianza de los firmantes de la paz y los comparecientes a la JEP. Sobre este asunto, la JEP acaba de ordenarle al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.
Además de todo lo señalado líneas atrás, hay otros hechos que aportan a la generación de un mal ambiente a la construcción de una paz estable y duradera. Ya casi nadie se acuerda de las 16 curules que debieron ser entregadas a las víctimas de los actores armados.
En materia castrense, el mal ambiente que genera Duque, lo logra con los ascensos de los generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel (retirado por presiones del gobierno norteamericano) y Eduardo Enrique Zapateiro, recientemente ascendido al grado de General. Se trata del mismo oficial que lamentó la muerte del sicario, alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante y también asesino, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se ve nada bien que un alto oficial del Ejército lamente públicamente la muerte del “popular” asesino y no exprese lo mismo cuando a diario en Colombia matan lideresas y líderes sociales, defensores de los derechos humanos y del ambiente y firmantes de la paz.
Al conformar una cúpula tropera el gobierno de Duque no solo manda un mensaje claro al ELN, sino a los mismos firmantes de la paz, en la medida en que los oficiales troperos suelen ser los instrumentos por donde transpira esa Colombia que dijo NO al Acuerdo de Paz ese adverso 2 de octubre de 2020. Pensar en una cúpula cercana a la Paz, como la que en su momento diseñó, Santos Calderón, constituye un exabrupto para Duque y el llamado “uribismo”.
A lo que hay que sumar que el general Zapateiro tiene varias investigaciones en curso y está comprometido con los perfilamientos y acciones de inteligencia que desde el Ejército y con recursos entregados por los Estados Unidos se hicieron contra periodistas y operadores políticos de la Oposición. Y lo que es peor para Colombia, es que quedan dos años en los que el “uribismo” pueda consolidar el ya evidente mal ambiente para la Paz y quizás intente ir más allá.
