Columnista:
Germán Ayala Osorio
Avanza, con todo y tropiezos y las malas intenciones del Gobierno de Iván Duque, el proceso de implementación del Acuerdo de paz de La Habana; se suman a esos innobles propósitos, las acciones legislativas de la bancada del Centro Democrático (CD) conducentes a impedir que la Reforma Agraria Integral sea una realidad. Dentro de sus máximos logros está el haber impedido que se entregaran las 16 curules a las víctimas tal y como se acordó en el Tratado de Paz. Sin duda, un incumplimiento, al que se suman los 219 firmantes asesinados por sicarios paramilitares, con la anuencia de agentes estatales.
A esas circunstancias se adjuntan ataques institucionales y políticos de sectores catalogados como enemigos del proceso de paz, en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); justamente, la JEP, viene cumpliendo con sus funciones como alto tribunal, que tiene como objetivo establecer responsabilidades en la dirigencia de la guerrilla de las Farc y en los comandantes militares, por la violación de los derechos humanos y de lo establecido en el derecho internacional humanitario.
Uno de los casos, asuntos o temas complejos que viene investigando el Tribunal de Paz es el del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de la extinta guerrilla de las Farc-Ep. En varias ocasiones el máximo dirigente del Partido de la Rosa, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha señalado que había dentro de esa guerrilla la orientación de no reclutar menores de edad; y que lo que se daba era la incorporación de muchachos de 15 años que de manera voluntaria buscaban en las Farc-Ep, lo que el Estado en su conjunto les negaba al sobrevivir en condiciones de precariedad y vulnerabilidad.
En reciente declaración a la revista Semana, Londoño aseguró: “Nosotros teníamos una norma que se aprobó en la séptima conferencia que era de 15 a 30 años, incluso fue una discusión. En esa conferencia definimos el reclutamiento y fue una discusión larga donde se decía cuál debía ser la edad y muchos expresaron que la edad mínima debía ser 17, pero el tema es ver el campo. Ustedes saben lo que es un niño de 15 años en el campo, donde ya es prácticamente un adulto y son muchas las experiencias por las que le ha tocado pasar, entonces se aprobó que entre 15 y 30 años iba a ser el ingreso”.
Sumar menores a la guerra no solo constituye un grave crimen, sino una afrenta contra la sociedad. No pretendo desconocer que las condiciones en las que se levanta un menor en esa Colombia profunda son distintas a las que se pueden generar en las ciudades. Pero esa no es la discusión. El asunto está en haberse aprovechado de esas circunstancias en las que los menores fueron incorporados para convertirlos en máquinas y en instrumentos de guerra.
Los comandantes guerrilleros no pueden ahora venir a justificar el reclutamiento forzoso, amparados en unas condiciones individuales de unos menores cuyo futuro no tenía por qué quedarse atado a las dinámicas de un largo y degradado conflicto armado. Constituye, a todas luces, un irrespeto con los mismos menores y sus familias y con el país, que espera que los comparecientes a la JEP, digan la verdad, por más indignante y difícil de aceptar que esta sea.
Insistir en que no hubo reclutamiento forzado es alimentar los odios y resquemores de esa parte de la sociedad que aún no entiende qué es eso de la justicia transicional y del principio y valor de la justicia restaurativa. Y menos aún, entiende, esa parte del país, que los excombatientes farianos no pagarán un solo día de cárcel por los delitos cometidos en un largo y degradado conflicto armado interno.
Incluso, si la discusión del reclutamiento de menores de edad lleva a establecer responsabilidades en el Estado por los altos niveles de desprotección de los reclutados-incorporados, ello no minimiza el delito cometido por aquella guerrilla, porque al haberles entregado un uniforme, tareas y un fusil, lo que hicieron fue re-victimizarlos. Es decir, aquellos menores desamparados, hijos de familias pobres, disonantes y víctimas de múltiples formas de violencia, al incorporarse voluntaria o forzosamente a las Farc-Ep, fueron sometidos a un largo proceso de re-victimización.
El Estado, con todo y sus instituciones, incluyendo por supuesto al ICBF, y las Farc-Ep deben asumir las responsabilidades del reclutamiento forzado de menores de edad (niñas y niños). El primero, por el grado máximo de abandono al que sometió a cientos de miles de sus asociados y los segundos, es decir, esa guerrilla, por haberse aprovechado de esas circunstancias, y consolidar en los jóvenes combatientes sentimientos de odio hacia el resto de la sociedad. Odio que se puso en evidencia en los tratos indignos que soportaron civiles, policías y militares secuestrados o retenidos por las Farc-Ep y condenados a vivir en cautiverio por largos años.
Así entonces, haría bien la dirigencia del partido Farc en revisar muy bien lo declarado ante la JEP en relación con el reclutamiento forzado. Deben entender los dirigentes del partido de la Rosa que tienen en la prensa afecta al Régimen de Duque, al mayor enemigo de la reconciliación del país. Reconocer que se aprovecharon de unos pobres muchachos los ubicaría en un mejor lugar en la historia política del país y en las condenas que deberá proferir la JEP y en la verdad histórica que la Comisión de la Verdad está construyendo.
Por más hombre (Macho) que parezca, un menor en la guerra es la expresión máxima del desprecio que desde el Estado, la sociedad y los combatientes, legales o ilegales, se puede sentir hacia los más vulnerables. Por todo lo anterior, es un error político e histórico insistir en ocultar o en tratar de justificar la comisión de un delito de lesa humanidad como el reclutamiento de menores. No podemos caer en la discusión falaz entre si lo ocurrido fue un reclutamiento forzado o una “incorporación voluntaria”.
