La ruina del Estado de derecho

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez

Quisiera ser más optimista, pero lo que viene pasando en nuestro país no permite conclusión distinta a la de que asistimos, como espectadores, a la representación de la ruina del Estado de derecho. Y lo más grave: parece que un amplio sector de los colombianos no quiere despertar de la modorra en la que los tiene sumidos el presidente Duque con su programa prevención y acción, espacio televisivo convertido en instrumento de propaganda de su mediocre gestión, con el pretexto de la pandemia, y que le permite algo de sintonía con una parte de los ciudadanos: los sumisos, conformes e indolentes.

De todo lo que sucede en el diario acontecer nacional, muchas cosas parecen producto de un espectáculo circense y otras, de una tragedia de la Grecia antigua. Y para ponerse a llorar: ¡nadie se inmuta o reacciona!

Que empiece la función:

Quedará para el anecdotario del país del Sagrado Corazón de Jesús, que un fiscal general de la Nación antepuso su condición de papá al cumplimiento de la ley, para justificar un viaje con su esposa, hija y la amiga de la hija (ambas menores de edad), en “cumplimiento de funciones oficiales” al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en plena cuarentena por la pandemia y durante una medida de toque de queda en la capital de ese departamento. También se desplazaron, para acompañarlos, el contralor y su esposa. ¡Todos merecían un descanso!

Después se conoció, que lo que sucede es que el funcionario más preparado del país, tiene una afición o inclinación por los viajes —13 ha realizado durante su corta gestión, según investigación de Felipe Morales Sierra publicada en El Espectador— y su lema es: “el fiscal de los territorios”; aunque no haya quedado claro el propósito de sus travesías.

El ejemplo del jefe del ente acusador lo siguió el alcalde de Algeciras (Huila), quien antes que ejecutor de la ley y de protocolos de bioseguridad es esposo, por lo que contrajo matrimonio en días pasados y celebró con pomposa fiesta, a la que “solo” asistieron alrededor de 50 invitados, sin tapabocas y sin cumplir con  el distanciamiento social. ¡A bailar se dijo!

Y mientras unos se dedican al paseo, la fiesta y a “informarse” sin perder capítulo del programa presidencial de las tardes, en otra escena de la misma obra, habitantes del corregimiento de Tasajera en el municipio de Pueblo Viejo, departamento del Magdalena, muren en un incendio cuando pretendían apoderarse ilegalmente de la gasolina de un camión cisterna accidentado y alguien, que pretendía robarse la batería del vehículo, provoca una chispa. Todo como consecuencia de la pobreza extrema, la desigualdad y el abandono del Estado. El hecho ocurre en presencia de uniformados de la Policía Nacional que miran impávidamente el espectáculo. Imposible intervenir: no hay  suficiente personal y mucho menos los medios para hacerlo. ¡Definitivamente, las víctimas están condenadas a su suerte!

En otra parte de la tragicomedia en curso, en el departamento de Chocó, donde los corruptos se roban hasta un hueco, en plena pandemia se entregan, por nuevas, camas con más de 15 años de uso (remanufacturadas), y monitores que no cumplen con especificaciones para ser utilizados en unidades de cuidados intensivos UCI. ¡Si a los políticos no les importa ni la vida de sus paisanos en epidemia, nos llevó el que sabemos se dice!

En el entremés, y para que no quepa duda del mal gobierno colombiano, 94 congresistas estadounidenses le solicitan a su presidente, en su propio teatro, presionar a Iván Duque para que renueve el compromiso de implementar el Acuerdo de Paz y proteja de manera efectiva a los amenazados defensores de los derechos humanos.

Por su parte, el representante de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en el intermedio, asegura que la mayor preocupación de la organización es la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, que se ha mantenido durante la pandemia.

Todo indica que en época de epidemia, el Estado sigue sin hacer presencia en las regiones, y que las organizaciones criminales y sus redes de apoyo continúan consolidándose y expandiéndose territorialmente en las zonas rurales, situación que favorece el aumento del asesinato de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC.

Muestra de la gravedad de la situación y de que las autoridades no garantizan la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, ni su implementación, la constituye otro acto de la obra en el que los excombatientes abandonan obligados los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), como sucedió en estos últimos días en el de Santa Lucía, ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia).

Sin embargo, muchos se rasgan las vestiduras, incluso la Nunciatura Apostólica, cuando el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, en la parte que le corresponde de la obra, señala de manera contundente, que en el Gobierno se está aplicando una especie de “venganza genocida” contra los procesos de paz con las FARC y el ELN. Una verdad que molesta, sobre todo a los que sabemos que quieren que esta no se conozca, como en el caso del exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón que, para deslegitimar y estigmatizar la Comisión de la Verdad, afirma, en su escena, que la mayoría de sus miembros registran afinidad ideológica o nexos con grupos armados. ¡Hágame el favor!      

Pero es que nada le sale bien al Gobierno en la obra; ni siquiera las medidas tomadas con ocasión de la emergencia sanitaria y las declaratorias de los Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica, pues en últimas estas sirvieron para favorecer a los grandes empresarios y entidades financieras, mientras el pueblo, en escena trágica, cada vez más pobre, aguanta hambre y muere por la COVID-19. La gran conclusión del análisis de la vicepresidenta, otra para el anecdotario en la tragicomedia nacional, es que, prácticamente, las personas más afectadas por la pandemia son las dedicadas a la economía informal porque no tienen ahorros. ¡Hágame el favor!

Para rematar, en el teatro se conocen más y más audios de la Ñeñepolítica, que ponen en evidencia presuntos actos de corrupción en la campaña de Iván Duque a la Presidencia de la República, relacionados con ingresos de dineros de procedencia ilícita y compra de votos. Claro que esto no es  nuevo en la política colombiana.  

Y ahora que se avecina el último acto: elecciones de procurador general de la Nación y defensor del Pueblo, como bien lo explica Cecilia Orozco en su última columna de El Espectador, y se elegirán para ejercer tan importantes dignidades a los amigos de los amigos de los que sabemos, quienes quieren seguir actuando como si nada hubiera pasado en este país, seremos testigos de excepción de la debacle; pues todos los órganos de control estarán en manos de los amigos de los amigos.  

La pregunta entonces es: ¿seguiremos comportándonos de manera sumisa, conforme e indolente, sin reaccionar, como simples espectadores pasivos, ante el espectáculo trágico de la pérdida del Estado de derecho?