Columnista:
Germán Ayala Osorio
Con lo dicho por el exfiscal Eduardo Montealegre en el programa Semana en Vivo, se cierra aún más el cerco de responsabilidades penales y políticas que debería asumir el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, si en Colombia, la justicia operara de manera eficiente y eficaz y no estuviera sujeta a toda suerte de intereses y presiones, incluyendo las propias que se desprenden del séquito del sub judice hijo de Salgar.
Al decir que Uribe es un “criminal de guerra”, Montealegre atiza no solo su viejo enfrentamiento con el expresidente, sino que aporta al ambiente de develamiento de unas verdades que la Gran Prensa, junto a particulares agentes del Establecimiento, ocultaron por largo tiempo alrededor de las andanzas del político antioqueño o de ‘Matarife’, como lo llama el periodista Gonzalo Guillén. Y es claro que Montealegre hace parte de esos agentes, en tanto que guardó silencio frente a hechos de enorme gravedad como los que confluyen y se desprenden del señalamiento a Uribe como “criminal de guerra y responsable de varias masacres como La Granja y el Aro”.
De ese proceso de develamiento de verdades insepultas o mal sepultadas y de desmitificación del Mesías criollo y su consecuente derrumbe como “El Gran Colombiano”, hacen parte el reciente proceso penal que la Corte Suprema de Justicia lleva en su contra por manipulación de testigos, el lanzamiento de la exitosa serie ‘Matarife’ y, por supuesto, el señalamiento que hizo el contradictorio Eduardo Montealegre. Lo de contradictorio radica en la defensa y el cuestionamiento que hace del Fiscal Barbosa. No puede ser que Montealegre crea en que el Fiscal General de la Nación apoya el tratado de paz firmado con las FARC-EP y que minimice lo ocurrido con el paseo institucional a San Andrés. Pero dejemos ese asunto y continuemos.
En esta Colombia noticiosa, el señalamiento de “criminal de guerra” a Uribe debería de servir para disparar las alarmas en las instancias judiciales que llevan procesos en contra del propietario y mandamás del Centro Democrático (CD); alarmas disparadas para revisar qué ha faltado para llevar a juicio a Uribe y si es el caso, condenarlo, eso sí, con plenas garantías procesales.
Se esperaría que desde la Corte Suprema de Justicia, la propia Fiscalía y la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se le hiciese un llamado a Montealegre, como ciudadano, a que amplíe sus señalamientos en contra del hasta hoy intocable político y, si es del caso, entregar copias de todas las pruebas que tiene para sustentar lo dicho.
Muy seguramente no pasará a mayores y todo se quedará en un notable hecho noticioso y en reacciones acaloradas en las redes sociales; y mientras en la “Colombia noticiosa” nos entretenemos con el hecho noticioso del día, la justicia continúa perdiendo credibilidad y legitimidad, y los amigos y detractores de Uribe continúan metidos en un insondable remolino de recriminaciones que impiden que el país salga de allí y supere moral, ética y políticamente lo que ha significado Uribe y el uribismo, para una sociedad escindida y con graves problemas para discernir y poner límites entre lo que es correcto e incorrecto y entre lo que es legal e ilegal.
Cada día que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dejan pasar sin resolverle la situación jurídica a Uribe, se afecta su credibilidad, transparencia, capacidad, autonomía y legitimidad. A lo que se suma que le violan los derechos al senador antioqueño.
Tanto Montealegre, como Uribe y la propia justicia, hacen parte de esa Colombia noticiosa que muestra lo peor de sus instituciones y de su dirigencia, pero que es incapaz de reaccionar para modificar sustancialmente su pasado y su presente. Pareciera que estuviéramos condenados a vivir inmersos en la inmundicia, en la mentira, en la desazón y en la confusión moral en la que están los cientos de miles que aún, a pesar de las evidencias y los señalamientos, siguen creyendo en la transparencia y en la honorabilidad del sub judice senador.
No llevar a juicio a Uribe Vélez le hace daño tanto a la justicia, como a una sociedad que de tiempo atrás aprendió a convivir con el delito y que, además, comprendió que todos los jueces, hasta los más encopetados magistrados, son susceptibles de presiones y amenazas. En esas circunstancias, el Estado de derecho se debilita, y de manera concomitante, los sectores más violentos, sucios y criminales del Régimen de poder se fortalecen porque tienen en Uribe, el intocable, a un referente a seguir.
