Columnista:
Álvarez Cristian
Otro nuevo escándalo se da entre las filas de las Fuerzas Armadas colombianas. Otra vez sale el ministro Trujillo a fingir cara de bravo diciendo que no se tolerará ningún atropello por parte de sus “hombres”.
Otra vez Duque finge sorpresa y asombro y —a la vez que saca un sticker de carita triste— pide a su “amiguis” Barbosa llegar hasta las últimas consecuencias.
Otra vez sale el comandante Zapateiro a decir que se investigará en profundidad, pero que “afortunadamente” este hecho, como los muchos otros escándalos, solo se trata del accionar de unas “cuantas” manzanas podridas. ¡Ajúa!
Otra vez, ¿por cuántas ya y por cuántas por venir?, se vuelve a montar el sainete que infortunadamente ya se está volviendo tradición.
Nuevamente una delicada situación sacude a un país que reporta entre 2015 y junio de 2019, 91 982 casos de violencia sexual en contra de la niñez colombiana, según reportes de la Alianza por la Niñez basados en cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal.
En esta ocasión se investiga si siete soldados adscritos al Batallón San Mateo, habrían abusado de una menor del resguardo indígena Embera Chamí en el corregimiento Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda.
Lastimosamente, no es la primera vez que las Fuerzas Militares se ven inmiscuidas en este tipo de escabrosos hechos, por ello desde La Oreja Roja, nos vemos en la penosa, pero necesaria obligación, de hacer un recuento —un memorial de agravios— sobre algunos de estos hechos en los que se ha visto inmiscuida la Fuerza Pública y en los que la respuesta (de forma, pero no de fondo) siempre ha sido la misma.
Cuando la desvergüenza no tiene límites
Raúl Muñoz Linares es el subteniente del Ejército que violó a una menor de 14 años de edad en la vereda Caño Limón del municipio de Tame, Arauca, el 2 de octubre de 2010.
No contento con esto, el subteniente Muñoz Linares volvió a arremeter el 14 de octubre de 2010, violando y asesinando a Jenny Narvey Torres de 14 años en la vereda Flor Amarillo de Tame, Arauca. Muñoz Linares, en el afán de encubrir su atroz crimen también mató con golpes de machete a Jimmy Ferney y Jeferson Giovany —de 9 y 6 años de edad— hermanos de Jenny, y enterró los cuerpos en una fosa común cerca al hogar de los niños.
Una vez descubierto el aberrante suceso, Muñoz negó los hechos, pese a que los testimonios de sus propios compañeros, las pruebas de ADN y, los indicios de la Fiscalía, le apuntaban como principal culpable.
Y entonces, el sainete fue desplegado con el ahínco de siempre, tal como se vislumbra de lo escrito en ese entonces por Semana:
“Frente a este lamentable episodio, las Fuerzas Armadas han actuado de manera ejemplarizante. Pusieron la cara, asumieron la gravedad de los hechos, no descartaron a priori que un militar pudiera estar involucrado, abanderaron la investigación, dieron sendas ruedas de prensa para informar a la opinión y una vez se dieron cuenta de que todo apuntaba a que había sido un desadaptado del Ejército, le pidieron perdón al padre de los niños por el infortunio de haber acogido dentro de la institución a un criminal capaz de hacer semejante daño”.
Es de resaltar sobre este caso que, según El Tiempo, en abril de 2018, casi ocho años después del macabro acto, el subteniente Raúl Muñoz Linares, muy orondo y, de forma desvergonzada, comenzó a averiguar sobre los trámites para obtener un cupo en la Justicia Especial para la Paz (JEP), y así poder acceder a una pena más cómoda que la actual de 60 años de prisión.
La Brigada macabra
El 4 de enero de 2011, en el corregimiento Pueblo Nuevo, de Tame, Arauca, cinco hombres del Ejército adscritos a la Brigada Móvil Número 5 —la misma a la que pertenecía el subteniente Muñoz— raptaron a una menor indígena de 13 años y la violaron, según recogió el Noticiero CM& en aquel entonces.
“No se tolerarán actos delictivos ni violaciones a los Derechos Humanos por parte de miembros de la institución, al rechazar estos hechos expresan su indignación y reiteran la posición de la institución para brindar apoyo a los entes de investigación del Estado”, dijo sobre el hecho el general Jaime Reyes, comandante de la Brigada 18 del Ejército, pero sin llegar a mayores compromisos que corten el asunto de fondo en las Fuerzas Militares.
Ni las ciudades resultan seguras
En septiembre de 2017, el periódico El País de Cali informó sobre la captura en flagrancia de un soldado perteneciente al Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bogotá, por presunto abuso sexual a una menor de edad.
“De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las instalaciones de la unidad militar y en medio de un patrullaje. Según se ha dado a conocer, el uniformado se encontró con varias menores de edad quienes estaban patinando, y habría aprovechado la situación para atacar abusivamente a una de ellas”, recogió el medio valluno.
Frente al hecho, el Ejército señaló que “Este comando fue el primero en conocer el caso y procedió a efectuar la captura para poner a disposición de la autoridad competente al militar involucrado, que presuntamente habría intentado cometer el acto abusivo con la menor de edad, facilitando de esta forma las investigaciones… El Ejército Nacional se encuentra presto a continuar colaborando con la investigación para que se tomen las medidas pertinentes dentro del marco de la ley”.
El “Capi” y la “Madame”
En agosto de 2018, el país se “escandalizó” al ver descubierto un secreto a voces tan viejo como las murallas de Cartagena.
Y es que en esa ciudad se realizó un operativo de la Fiscalía contra una red de explotación sexual infantil que sometía a vejámenes a más de 250 niñas y adolescentes, las cuales eran prostituidas para satisfacer los dantescos gustos de extranjeros y de parte de la élite criolla.
En ese entonces, la misma Fiscalía calificó estas detenciones como “el mayor operativo contra el turismo sexual de menores de edad de Cartagena”. Sin embargo, entre los capturados hubo uno —aparte de dos policías activos— que sobresalía de los demás. Era Raúl Danilo Romero Pabón, capitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional.
“A este hombre de 35 años las autoridades le encontraron evidencias de que contactaba a niñas menores de 14 años para abusar sexualmente de ellas. Y además tatuaba su nombre a las víctimas… En las audiencias tras su detención, Romero aceptó los cargos por concierto para delinquir, estímulo a la prostitución de menores de edad, explotación sexual menores de edad, uso de medios de comunicación para facilitar la explotación sexual de menores de edad y uso de menores de edad en la comisión de delitos”, publicó el portal británico BBC, sobre el hecho.
El ministro de Defensa en ese entonces, simplemente se limitó a aclarar que una vez capturado, Romero Pabón fue retirado de la Armada Nacional.
El juez, el fiscal y el policía
El pasado 25 de marzo de 2020, el periódico Vanguardia informó sobre la desarticulación de una red de abusadores de menores y proxenetas en Puerto Inírida, en el departamento de Guainía.
La banda, sindicada de por lo menos 40 denuncias en contra, obligaba a sus víctimas —que en promedio tenían entre 12 y 16 años— a consumir estupefacientes y, al parecer, las intimidaba con el fin de obligarlas a vivir con los supuestos abusadores o para que trabajaran en hostales prostituyéndose.
De acuerdo al medio regional, entre los capturados se encontraban un fiscal (al parecer, encargado de omitir y desviar las denuncias que llegaron a su despacho por estos hechos, quien habría amenazado a los familiares de las víctimas por entregar información a la Sijín), un juez (supuesto autor de intimidaciones a una de las tres víctimas que lo denunció) y un intendente de la Policía (aparentemente encargado de buscar niñas y adolescentes en bares, así como de coordinar actividades de explotación sexual).
El árbol está podrido
Y es que, al revisar los apuntes de prensa de incluso hace 10 años, la sensación de inseguridad queda más que manifiesta.
Los miembros de las Fuerzas Militares no solo se ven envueltos en este tipo de casos, sino también en otros igual de delicados, como ejecuciones extrajudiciales, corrupción, chuzadas, perfilamientos y narcotráfico que cada vez más minan la confianza en una institución que es baluarte de un sistema democrático, pero que en el caso de Colombia parece destinada en mantener una especie de feudalismo moderno.
Y si bien por estos hechos no se le puede echar la culpa a todos los militares —con lo que eso significa para su dignidad y legitimidad—, estas instituciones no se pueden quedar en el discursito de siempre sin tomar medidas radicales de fondo.
Las instituciones de la Fuerza Pública que han crecido tanto en los últimos años requieren, hoy más que nunca, refinar sus métodos de selección a niveles no solo actitudinales, sino también aptitudinales.
No puede seguir habiendo en sus filas violadores, maltratadores de animales, asesinos, corruptos, traficantes o secuestradores, no puede haber criminales en dichas instituciones, no puede seguir sintiéndose con cada hecho noticioso que no es solo un asunto de unas cuantas manzanas, sino de un árbol que está podrido.
