Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
En un artículo que leí hace poco de Esther Peñas sobre la fallecida reportera Oriana Fallaci, se señala que esta revolucionó el modo de ejercer la profesión del periodismo y enseñó a los periodistas que siempre hay que colocarse frente al poder, jamás a su lado.
Una clara muestra de esa forma excepcional de hacer periodismo en Colombia, la advertimos en las últimas denuncias realizadas por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián F. Martínez, relacionadas con lo que se conoce como la ‘Ñeñepolítica’, y el caso de la condena por narcotráfico de un hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, oculto por veintitrés años a la opinión pública.
Las publicaciones de los mencionados periodistas han causado desazón en los círculos más íntimos del Centro Democrático, partido de Gobierno, y desatado una persecución política en su contra y, al parecer, hasta judicial, pues se han denunciado presuntos montajes ante las autoridades judiciales, con el fin de encausarlos ilegalmente en investigaciones criminales, situación de la que tampoco escapó el abogado y periodista Daniel Mendoza, con ocasión de la serie ‘Matarife’ que, todo parece indicar, viene provocándole pesadillas interminables al presidente eterno.
Y es que en Colombia se ha generalizado, con contadas excepciones, una forma de periodismo acrítico, que no cumple con la finalidad de controlar y fiscalizar el poder. Algo tan importante y necesario en los regímenes que se consideran democráticos. Basta con saber que reconocidos periodistas de gran trayectoria y de medios tradicionales solo preguntan a sus entrevistados lo que ellos quieren que les pregunten.
Unas veces, esa función del periodismo, en las democracias con inclinación fuerte hacia el autoritarismo como en Colombia, no se cumple por miedo, y otras, por la autocensura o censura previa, pues priman los intereses económicos de los verdaderos dueños del país que, a su vez, lo son de los medios de comunicación. Decía Fernando Garavito Pardo, hace años, que pensar en Colombia se había convertido en un ejercicio peligroso y creo que esa consideración en la actualidad sigue vigente.
Pero es que la actividad periodística se complica también cuando se advierte que volvimos a las épocas más oscuras del paramilitarismo y no se puede ingresar a ciertos territorios (ni siquiera lo hacen sospechosamente las autoridades), como ocurre en Tarazá (Antioquia), donde el cadáver del líder social, defensor del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Edier Lopera, cumplió el lunes pasado seis días abandonado, tirado en el suelo, y exhibido como trofeo para amedrentar a la población de la zona, sin que haya sido posible realizar el levantamiento y sepultarlo, por orden del grupo armado ilegal de narcotraficantes conocido como Los Caparrapos o Caparros. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el Estado que tiene la obligación de garantizar los derechos de las personas y obviamente de los periodistas?
Y se dificulta aún más la labor periodística cuando informar sobre hechos que afectan a los funcionarios que detentan el poder, cumpliendo los principios de veracidad e imparcialidad, o elegir ideas contrarias o distintas a las de estos para opinar, se consideran infamias, bajezas, ataques o atentados al buen nombre o la honra y se emprenden acciones judiciales para censurar y coartar la libertad de información o expresión, pilares fundamentales de la democracia. Es decir, cuando no se ejerce periodismo militante o afín con el partido de Gobierno.
En nuestro país ha hecho carrera el principio de que solo las ideas que coinciden con las del partido de Gobierno y sus intereses económicos son admisibles, y se persigue a quienes no están de acuerdo con ellas. La consigna es: “el que no está conmigo, está contra mí”. No se discute o controvierte con argumentos, sino con acciones judiciales, especialidad a la que se dedican ahora algunos abogados con inclinaciones o afectos al poder de turno.
Se olvida, además, que la libertad de expresión relativa a la política y los temas de interés público u opinión sobre funcionarios y personajes públicos, tienen una protección más reforzada que otros discursos, porque en una sociedad que se anuncia como democrática, esta es la manera como la ciudadanía ejerce un control sobre las actividades del Estado, tal como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Corte Constitucional.
Obviamente, como también lo resalta la alta corporación, la información u opinión relacionada con un servidor púbico “solo tiene relevancia o interés público y se encuentra amparada por la protección reforzada cuando se refiere a: “(i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones”. Así entonces, por ejemplo, cuestiones relativas a la vida privada de una persona que nada tienen que ver con las funciones públicas que desempeñe o que no tengan relevancia para evaluar la confianza depositada a dicha persona, no estarían amparadas, en principio, por la protección constitucional reforzada que se le otorga a los discursos sobre funcionarios públicos”.[1]
No obstante en este país, a pesar de cumplirse con los parámetros constitucionales para emitir información y expresar opiniones, la persecución es directa, sobre todo contra aquellos periodistas analíticos, que no se encuentran limitados por la censura previa o la militancia, como ocurre en la mayoría de la prensa tradicional (excepto algunos casos particulares), y que hacen parte del periodismo independiente o del alternativo que trabaja con las uñas, haciendo uso de herramientas digitales, y sufren con mayor rigor las amenazas y la reacción del aparato represor del Estado.
Pero muy a pesar de ese panorama desalentador, el periodismo sigue siendo garante de la democracia. Manifestación plena de pluralismo, tolerancia y control efectivo del abuso y arbitrariedad del Estado, y por ello merece especial protección y respeto.
Abogamos porque no se pierda lo que le queda de independencia y se continúe vigilando y controlando el poder, así sea de manera mínima y excepcional, si es que no se puede de otra forma por el riesgo y los tropiezos que conlleva esa difícil empresa, pues de lo contrario, el terreno estará dispuesto o abonado para la consolidación definitiva del autoritarismo y no del Acuerdo del Teatro Colón, que es lo que siempre han querido los enemigos de la paz y amantes de la guerra.
[1] Corte Constitucional. Tutela T-155 de 2019.
