Columnista:
Santiago Ocampo Naranjo
Cuando me enteré de la aprobación por parte del Senado de la República de la ley que le da cadena perpetua a los violadores de menores, solo se me vino una imagen a la cabeza: la de Helen Alegría, sí, la de los Simpsons, gritando desesperada “¿puede alguien pensar en los niños?”.
La cadena perpetua para violadores de menores está sobre la mesa desde hace tiempo, en su época como senadora de la República, la hoy fallecida Gilma Jiménez, promovió esta medida hasta el día de su muerte; sin embargo, por las dilataciones, inconvenientes y procesos engorrosos del Congreso, la ley nunca se dio. Tuvieron que pasar 7 años, quizá más, para que por injerencia directa del presidente de la República, la ley volviera a estar en el foco de lo que se “debe hacer” para “proteger a los niños”.
Debo ser sincero, me opongo rotundamente a una ley populista, inconveniente y vacía que no resuelve el problema de fondo, que encarece el sistema carcelario, lo acaba de saturar y pretende dejarle la conciencia tranquila a esos mismos congresistas y Gobiernos que nunca han sido capaces de legislar idóneamente para la sociedad, en especial, para los más vulnerables, incluidos los niños.
Estamos ante una ley vacía, un posible nuevo cambio en la Constitución que abre la puerta a que un violador pueda pedir revisión de pena y salir a los 25 años de haber cumplido su supuesta cadena perpetua; así las cosas, ¿no sería mejor quitar los beneficios de excarcelación de la ya existente condena de 60 años para este tipo de casos? O, ¿será más bien que ese “perpetua” ayuda a levantar la imagen de un Congreso y un Gobierno que no tienen buena aceptación ni confianza por parte del pueblo y que han sido incapaces de legislar pensando en los niños y sus verdaderas necesidades?
Esta medida ha sido ampliamente criticada, muchos expertos han refutado el hecho de que se pretenda imponer una pena de cadena perpetua a un delito que ya cuenta con condenas de 60 años. No nos digamos mentiras, si la cadena perpetua funcionara, Estados Unidos sería la cuna de la paz mundial y tendría cero asesinatos. La ley, insisto, no evita ni previene que un niño sea violado o asesinado, además, traería fuertes impactos negativos económicos al país y en nada repararía a las víctimas.
Solo un dato, un preso le cuesta al país 18 371 560 pesos anuales, esa plata puede ser usada, según un documento presentado por la Comisión Asesora de Política Criminal, para “costear el estudio anual de aproximadamente 9,54 niños de primaria (1’924.081 pesos), de 8,4 jóvenes de secundaria (2’164.591 pesos) y de 8 jóvenes de décimo y undécimo grado de bachillerato (2’284.847 pesos)”.
Es indignante que, mientras muchos de los niños del país viven en condición de pobreza extrema, tienen que caminar kilómetros enteros para poder estudiar, no tienen educación de calidad ni instrucciones dignas, son forzados a trabajar, son reclutados, maltratados y ni acceso a computadores o internet tienen, desde el Gobierno Nacional y el legislativo se persiga una ley insulsa que no solucionada nada.
Indigna que mientras esta ley no tuvo objeción en el Congreso, se han caído proyectos de ley para dar acceso a internet a las comunidades más alejadas y pobres del país, para tener rutas escolares rurales y prevenir que los niños tengan que caminar grandes distancias. Se han hecho los de la vista gorda con la situación de desnutrición de los niños en la Guajira y Chocó y han sido incapaces de brindarles seguridad a los pequeños del Catatumbo, del Cauca y de las otras tantas regiones azotadas por la violencia.
¡Miserables! Eso son, porque promueven una ley vacía que pretende mostrarle a ese sector conservador, ciego, egoísta e individualista, que carcome a esta magna República, que se está haciendo algo por los niños cuando, en definitiva, no es así. ¡Canallas! Porque juegan con el dolor de las familias, de los niños y de tantos colombianos que estamos cansados de que los maten y les hagan daño. ¡Viles! Porque defienden la cadena perpetua, pero condenan a los niños a la violencia, a la discriminación cuando no son “normales”, al rechazo cuando son hijos de una prostituta, de un guerrillero o un indígena. ¡Hipócritas! Porque desde el escritorio se la han pasado robando el PAE, la plata de las vías, del transporte y de colegios, jardines y escuelas.
Me opongo a esta ley porque seguimos en la nada, me opongo a esta ley porque no previene los crímenes, porque lo que hay en Colombia es impunidad, no falta de condenas, porque atenta contra nuestra constitución y abre la puerta a otras reformas, porque desarticula el sistema penal condenando a cadena perpetua este crimen, pero dejando por fuera otros igual o más atroces, porque da una falsa esperanza de seguridad y protección mientras los asesinos, ladrones y corruptos siguen sueltos.
No más impunidad, eso es lo que verdaderamente necesitan los niños, las mujeres, las madres de Soacha, los hombres que han sido asesinados por orden de Gobiernos corruptos y narcotraficantes. No más impunidad es lo que necesitamos todos para estar verdaderamente tranquilos y confiar en que la justicia sí funciona.
