Columnista:
Harold D. Galíndez Pérez
Desde antes de la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia, las proyecciones no eran nada alentadoras para un país que empezaba a despertar frente al marcado desgaste de una clase dirigente que se debatía entre los escándalos de corrupción, la financiación ilegal de las campañas presidenciales y el panorama desolador de una Colombia rural nuevamente sometida por la violencia. Sin embargo, en estos casi dos primeros años de Gobierno, el Presidente Iván Duque ha logrado decepcionarnos, así nunca hayamos esperado nada de él.
El tratamiento que el Gobierno Nacional le ha dado al Cauca, pareciera confirmar que el uribismo nunca ha sabido qué hacer con el departamento, porque sus respuestas parten de sus prejuicios ideológicos y no de un conocimiento profundo del territorio: gobiernan sin conocer una bomba de conflictos sociales como lo es el Cauca. Hace algunas semanas la ministra del Interior, Alicia Arango, durante un debate de control político en el Congreso, a raíz del recrudecimiento de la violencia en el departamento en medio de la cuarentena y la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, afirmaba que “Algo se está haciendo mal en el Cauca y el Gobierno aún no sabe qué es”.
La frase no cayó bien en diversos sectores políticos y de opinión del país, y no era para menos: ¿Si el Gobierno Nacional no tiene certeza del resultado de sus decisiones, entonces quién tiene certeza en el Gobierno? Aunque se le abona la sinceridad a la ministra Arango, el asunto es más complejo de lo que el Gobierno pareciera imaginar, puesto que la ecuación (militarización igual a seguridad), no le ha dado al Gobierno Nacional los resultados que esperaba. Sin lugar a duda, la respuesta está en otro lado, y como el mismo gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, ha sostenido, el Cauca es uno de los departamentos con más presencia de Fuerza Pública en el país, pero la militarización no ha dado los resultados esperados y, por el contrario, la crisis humanitaria está empeorando. Enfáticamente el reclamo de los últimos dos Gobiernos Departamentales ha sido el mismo: atención e inversión social en el territorio.
Hoy el Cauca es el reflejo de lo que pasa en gran parte de la Colombia rural: asesinatos sistemáticos a líderes sociales y excombatientes de las FARC, surgimiento y reorganización de actores armados tras la desaparición de las FARC, minería ilegal controlada por actores armados ilegales, cultivos de uso ilícito como principal renglón de las economías locales en los territorios dominados por los nuevos actores armados, y el narcotráfico, que se configura como el motor de la violencia que dinamiza a los nuevos actores armados y sostiene la economía de los cultivos de uso ilícito. Estos cinco problemas se configuran como amenazas a la paz en nuestro país, puesto que colocan en riesgo la materialización de los derechos humanos, la realización del Estado social de derecho y repercuten de manera grave en la calidad de vida de los colombianos que habitan el territorio, en otrora dominado por la exguerrilla de las FARC y que hoy dominan, en el caso del Cauca, el ELN, el Clan del Golfo, disidencias de las FARC e incluso los Pelusos, y disidencia del EPL.
No resulta extraño que estos cinco fenómenos coincidan con los puntos de los Acuerdos de Paz del Teatro Colón que menor nivel de implementación poseen en los dos primeros años del cronograma establecido para su desarrollo. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz en su tercer informe sobre los avances de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, el punto 1 sobre Reforma Rural Integral posee un 3 % de implementación completa y un 51 % de implementación mínima de lo acordado; y el punto 4 sobre la solución al problema de las drogas ilícitas posee un 2 % de implementación completa y un 50 % de implementación mínima. La respuesta que necesita el Gobierno para atender los problemas del Cauca parece estar en la efectiva implementación de los Acuerdos de Paz, y no en la militarización, como han sostenido desde mucho antes del proceso de negociación con las FARC.
No obstante, debemos reconocer que si bien hubo avances significativos en los ajustes normativos e institucionales, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual se traduce en un significativo nivel de implementación del Acuerdo Final en los puntos 3 sobre el fin del conflicto, y 6 sobre el mecanismo de implementación, verificación y refrendación, el Estado colombiano quedó en deuda a la hora de abordar asuntos urgentes para mantener la paz, restablecer la gobernabilidad y estabilidad en aquellos territorios dominados históricamente por las FARC y otros actores ilegales, que coinciden con las rutas del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. La novedad con el Gobierno de Iván Duque ha sido la desgastada oposición del uribismo, primero al proceso de paz y, ahora, al proceso de implementación de lo acordado.
Hacer ‘trizas’ los acuerdos de paz significa un acto de perfidia contra las FARC, pero no implementarlos es desconocer la Constitución y condenar a territorios, como el Cauca, a persistir en otro medio siglo de violencia. El Gobierno de Iván Duque debería saber que el Estado colombiano tiene el deber y obligación de implementar el Acuerdo Final, no solo porque así quedó establecido en nuestra Constitución Política después de la entrada en vigencia de los Actos Legislativos 1 y 2 de 2016, sino porque también, la implementación oportuna del Acuerdo Final significa hacer efectivo el derecho a la paz, y aunque el Acuerdo Final no es la única forma de concretar el valor y el derecho a esta, sí constituye un instrumento en esa dirección.
Adenda: La arrogancia y desprecio por el territorio no parecen tener límites para quienes hacen parte del Gobierno de Iván Duque, pues recientemente se hizo público un audio en donde contratistas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se referían a las autoridades indígenas del departamento del Cauca con términos despectivos, luego de sostener una reunión en donde líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y autoridades indígenas del departamento del Amazonas, reclamaban financiación para sus proyectos de contingencia frente a la COVID-19 en sus territorios. Estos desafortunados hechos, sumados a las desatinadas declaraciones de la ministra del Interior, y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien catalogó como ‘atenidos’ a los colombianos que por su situación de vulnerabilidad económica requieren de la asistencia del Estado en el marco de la cuarentena, parecieran confirmar que la arrogancia con que gobiernan no es descuido ni equivocación, sino una acción que refleja el profundo desconocimiento del territorio de quienes rigen los destinos de la Colombia profunda desde sus escritorios en Bogotá.
