Columnista:
Cristian Álvarez
La “Locombia” de nuestro estrafalario gobernante es un rafagazo noticioso inmisericorde que no deja que uno digiera un suceso cuando rápidamente llega otro más “gordo”. Esta vez, a la agenda mediática la mueve un inoportuno nombramiento.
En las últimas horas se conoció que Jorge Rodrigo Tovar Vélez pasó a ser el nuevo coordinador de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior. Esto no tendría nada de raro, sino fuera porque el joven recién nombrado es el hijo del temido jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40”, comandante del Bloque Caribe a quien el recién nombrado ve como un pobrecito e infortunado prisionero político.
Tovar Vélez es el hijo de uno de los hombres más sanguinarios de la historia reciente de nuestro país y autor intelectual de algunos de los más escabrosos crímenes en el marco de nuestro conflicto armado interno.
De acuerdo con la justicia colombiana, “Jorge 40” registra 20 855 hechos en los que participó como paramilitar y 25 853 personas declaradas como víctimas de su línea de mando, ya que según las autoridades, el jefe paramilitar mandaba en 20 frentes diseminados, principalmente, en el norte del país.
Aparte de sus atrocidades dentro de la lucha paramilitar, “Jorge 40” también estuvo inmiscuido en temas de ‘parapolítica’ y narcotráfico, hecho que supuestamente le costó su extradición a Estados Unidos donde purga una condena de 16 años que está próxima a vencerse.
El hijo del dueño de la costa
De Jorge Rodrigo se sabe, que es abogado egresado de la Universidad del Rosario con énfasis en derechos humanos. Según el diario El Tiempo, Tovar Vélez es especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y Magíster en Dirección Pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España.
De acuerdo con el diario El Pilón, Tovar Vélez inició su vida laboral en la Alcaldía de Valledupar, y en la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar, ambas entidades permeadas en su tiempo por la ‘parapolítica’.
Tovar Vélez también trabajó como contratista en la firma Bocanegra Bernal Asociados, por espacio de año y medio; luego pasó a ser asesor jurídico de la empresa ACAVEL S.A.S. donde estuvo dos años en periodos diferentes y, posteriormente, pasó a ser contratista de la Oficina Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas entre septiembre de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año.
Acorde con El Tiempo, Jorge Tovar Vélez figura como contratista del Ministerio del Interior desde el año pasado. Su contrato de vinculación, que duró desde el 27 de febrero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, tuvo un valor de 82 millones de pesos.
Y desde la semana pasada es el coordinador de Atención de Víctimas de la misma entidad, pese a que esto le genera un conflicto de intereses del tamaño del Estadio El Campín.
¿Qué hay detrás del nombramiento?
Tras conocerse la noticia, que deja una vez más por el suelo la deterioradísima imagen del Gobierno Nacional, surgieron muchas reacciones, lo cual le genera más suspicacia al asunto.
Y pese a que siendo justos uno no le puede endosar los crímenes del padre al hijo, muchos —incluyendo miembros de la bancada de Gobierno— se cuestionan el porqué de esta inoportuna elección en un cargo tan sensible.
Todo parece indicar que la reciente designación de Tovar Vélez obedece más a un capricho y embeleco por parte de la actual ministra del Interior, Alicia Arango, aun si esto va en contravía de los intereses de la imagen del propio presidente y del Centro Democrático. Aunque, en su momento, el mismo Tovar hizo campaña a la presidencia para Iván Duque.
Según señala la misma Arango: “es increíble que no seamos capaces de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa un delito se tiene que ir, mientras tanto no se va a ir”.
Algunos senadores del Centro Democrático, como Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, rechazaron el nombramiento que hizo el Gobierno Nacional con Tovar Vélez.
No obstante, buscando inspirar un ambiente de cohesión que parece inexistente actualmente, los miembros del partido de Gobierno señalan que, así como guerrilleros e incluso hijos de guerrilleros (como la representante María José Pizano) pueden aspirar a ser parte de la política del país, los hijos de paramilitares también pueden hacerlo.
“No defiendo paramilitares ni defiendo a nadie que se haya alzado en armas contra los colombianos, sí me llama la atención que a la izquierda le parece gravísimo el hijo de Jorge Tovar, pero no le parece politizada una justicia donde están la esposa de Iván Cepeda y militantes de las FARC. Eso sí está bien”, señaló la senadora Valencia.
Pero lo que convenientemente se le olvidó decir a la senadora es que —a diferencia de la elección a dedo de Tovar Vélez— los cargos que actualmente ostentan los exguerrilleros y/o sus hijos son de elección popular. Es decir, la gente votó por ellos para que hicieran parte de la política.
Hilando delgado
De otro lado, más allá del escándalo y lo imprudente del asunto, el nombramiento del hijo de “Jorge 40” llama la atención por varios asuntos.
Como bien lo dijo en su cuenta de Twitter Hernán Aguirre, “El gobierno delictivo de Duque está enviando dos mensajes con este nombramiento: uno, a paramilitares y familiares de estos que poseen información contra Uribe para que su silencio lo cambien por puestos; y dos, a las víctimas diciéndoles que valen un bledo para su Gobierno”.
Y es que las razones de Aguirre podrían estar sustentadas en el hecho de que, el nombramiento no cayó nada bien en muchas de las víctimas del conflicto, quienes lo ven como una nueva afrenta a los procesos de perdón y reconciliación que, se suma, a otros desaires y agravios, como lo sucedido con el polémico nombramiento y las acciones del negacionista del conflicto colombiano Darío Acevedo.
De otro lado, el primer punto de Aguirre se podría sustentar en el hecho de que, tal como lo reseñó Semana en junio de 2015, el exjefe paramilitar “Jorge 40” fue condenado por una corte estadounidense a 16 años y medio de prisión por el delito de narcotráfico en ese mismo año.
Es decir, el juez declaró que debía pagar 198 meses, a los que se le restó 110 que ya había cumplido desde su extradición en 2008 y 29 que le rebajaron por buena conducta, por lo que su salida del penal de Máxima Seguridad de Washington está muy cerca.
Y desde que se conoció su próxima salida, así como la del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, muchos han pedido que se incluyan sus testimonios en la JEP, algo que definitivamente debe tener muy incómodo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues ambos personajes han dicho que de la génesis del paramilitarismo todavía hay mucho por contar y muchos nombres por ser mentados.
Favor con favor, se paga.