Columnista:
Juan David Ramos Sierra
Desde abril hay reportes de quejas de ciudadanos que han visto incrementado el cobro de los servicios públicos en las principales ciudades de Colombia, esto a pesar de que se dijo que los aumentos se congelarían; pero ahora vemos que la realidad es otra y, nuevamente, la gente comienza a reclamar con recibos en mano.
Hace un mes, en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, se reportaron incrementos por encima del 50 % en los servicios de energía eléctrica y acueducto. En ese entonces, la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, salió a dar explicaciones y, en un parte de tranquilidad, aseguró que “se expidió la resolución que congela esos aumentos, no podrá haber ningún incremento en ninguno de los elementos de la factura de energía de ahora en adelante”.
En su momento las razones que dio Avendaño fueron los cambios en el componente ‘G’ por el nivel de los embalses y el valor del kilovatio que sobrepasaba los 600 pesos en el mes de febrero, y que llegaron en la factura del mes de marzo y a principios de abril con aumento de los precios, entendiendo que el pago de la factura corresponde al consumo de hace un mes y medio atrás.
Los anuncios de la superintendente a esta situación era que “varias compañías empezaron a aplicar la nueva metodología de distribución y hubo un cambio tarifario”, y que, con el plan de mitigación lanzado por el Gobierno, iba dirigido a suspender y congelar cualquier aumento en la factura.
Sin embargo, ya son casi dos meses de cuarentena y las personas que por diferentes motivos no pueden laborar, además de depender de subsidios y de bonos alimenticios, se lanzan nuevamente a la calle a quejarse por el aumento de los servicios públicos; representando desafíos, por ejemplo, para la alcaldesa de Bogotá Claudia López, que se comprometió con los estratos 1 al 4 para recibir beneficios por $94 000 millones a los servicios.
A finales del mes pasado, López explicaba con mayor detalle, que “la energía distribuida en abril se compró en febrero, y en febrero la bolsa energética tenía un valor muy alto. Segundo, ha habido mayor consumo. Por eso tratamos de compensar”, reconociendo pues, no solo el aumento de las facturas sino también, la necesidad de entregar alivios.
En su momento había dicho que la reducción dependería del consumo racional y que en facturas de abril y mayo se vería el descuento, pero hoy en día se denuncian desde el sur de la ciudad, cuentas que están llegando al doble y hasta por el triple del valor que pagan habitualmente.
Los habitantes de estos sectores salieron a bloquear vías con los servicios públicos en mano para mostrar que, recibos que antes pagaban a 17 000 pesos, ahora llegan por valores delante de los 60 000 pesos, en sectores de estrato uno.
Las quejas le recuerdan a la mandataria distrital los compromisos con los más vulnerables en el subsidio de los servicios públicos, y los choques que hubo entre la Fuerza Pública y ciudadanos a inicios de la cuarentena por retrasos en la entrega de mercados y subsidios de la Alcaldía.
Pero entonces, que no reciban los subsidios y que en vez de reducir el aumento persista en el tiempo, es porque los bogotanos no están racionalizando en el consumo o las medidas tomadas por la Superintendencia y el Gobierno Nacional no están siendo efectivas para evitar malestares en la gente, no solo ahora por el riesgo alimentario, sino por no tener con qué pagar unos costos desbordantes.
En la primera Emergencia Económica y Sanitaria que sumergió a un aislamiento total al país, el presidente Iván Duque anunciaba el congelamiento de las tarifas de acueducto, energía y gas, pero su materialización se alcanzó después de un mes en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el 14 de abril.
Anuncios que no cuadran cuando son llevados a la práctica, hacen que la gente crea que son inmediatos o que correspondan al consumo del mes vigente y, además, resultan confusos y angustiantes por lo impredecible de una comunicación fragmentada que en vez de explicar, deja vacíos que propiamente la ciudadanía debe resolver y, uno de los primeros, es salir a protestar.
