Colombia en la consolidación de la era digital

Columnista: 

León Fredy Muñoz

La realidad es que no hay internet para todos y eso impide continuar con las dinámicas laborales y académicas que exige la crisis nacional que enfrentamos. La virtualidad siempre ha sido necesaria y ahora con mayor razón, ¿cómo acceder a cursos de formación?, ¿cómo visitar plataformas de empleo?, ¿cómo pedir una cita médica?, ¿cómo acceder a los beneficios del Gobierno?, ¿cómo harán los emprendedores para comercializar sus ideas de negocio?, ¿cómo podrán los artistas promocionar su cultura para sobrevivir? Definitivamente, el internet se ha convertido en uno de los bienes intangibles más importantes en las últimas décadas y, sobre todo, en esta cuarentena.

Internet gratis para todos no es un sueño utópico, que Colombia sea el país pionero en Latinoamérica en entregar un mínimo básico de internet estaría a la altura de países como Finlandia que lo declaró como un derecho humano o como China que puso un satélite para proporcionarlo a todos sus habitantes.

Para generar condiciones y garantías en términos de equidad, empresas como Claro, Tigo, Movistar, Partners, quienes ostentan la mayoría del mercado en telecomunicaciones, podrían entregar a las familias de estratos bajos un mínimo vital de internet. Esto es posible, puesto que el Gobierno a través del Ministerio de las TIC otorgó privilegios a dichas compañías: el uso del espectro electromagnético. Es así, que podrán pagarlo hasta en un 60 % con obligaciones de hacer, es decir, disponer de infraestructura para que la señal llegue a la Colombia profunda y generar el cierre de la brecha digital. El 40 % restante lo pagarán por plazos hasta de 17 años. Esto significa que hay una empresa de telecomunicaciones que hace uso de un bien, que es de todos los colombianos, y se ha demostrado que el internet es vital, así como el agua y la energía.

Es preciso entender que, para que el país se desarrolle, se hace necesario apuntar básicamente a tres elementos: uno es la cobertura, aspecto en el cual andamos relegados, ya que solo el 43 % de los hogares tienen internet; pero estas cifras son más negativas si tenemos en cuenta que el estrato uno está desconectado en un 80 %, el estrato dos en un 60 % y el tres en un 53 %. El siguiente elemento, es garantizar el acceso a la señal de internet, ya sea a través de una red fija o inalámbrica y, finalmente, que la velocidad de descarga sea la más óptima para bajar y subir los datos que las personas consumen.

El internet debe ser considerado como derecho fundamental y estar incluido como servicio público domiciliario y esencial. Porque fuera de la problemática de la cobertura, el gran meollo del asunto está en el acceso, pues existen barreras para que los colombianos puedan disfrutar de dicho servicio, y esta pandemia ha reflejado la crisis: la desigualdad entre el campo y la ciudad, grupos sociales vulnerables como las mujeres, las negritudes, los indígenas, las zonas conurbadas, además de la carencia de aptitudes digitales de gran parte de la población y el alto costo del servicio. Este último aspecto resulta ser el de mayor relevancia, ya que el 50 % de las personas que no acceden a internet, no lo hacen porque no tienen la capacidad adquisitiva para el pago, a eso agregarle, que a medida que suben las tasas de desempleo, ese porcentaje de personas sin acceso a internet también incrementa.

Si bien, desde el Ministerio de las TIC se adelantan políticas para procurar que los colombianos puedan acceder a internet, estas resultan ser insuficientes y se enmarcan en la lógica corporativista del actual Gobierno que ha sido capturado por las élites empresariales. Para agregar, el país no cuenta con una política nacional de telecomunicaciones; la recién sancionada Ley de Modernización de las TIC en los programas como los Puntos Vive Digital están bien intencionados, pero no llegan a toda la población y solo apuntan a solucionar el problema que significa la barrera digital de no tener dispositivos electrónicos para acceder a internet. Es de anotar, que estas políticas comenzaron a cocinarse a raíz de la fatídica decisión del Gobierno de Álvaro Uribe de acabar con TELECOM.

Esta emergencia demostró que sí se puede subsidiar el internet. De hecho, al descargar el aplicativo de CoronApp, los usuarios de telefonía móvil prepago obtienen internet y minutos de voz gratis durante un mes. Además, por medio del Decreto 464 y 555 de 2020, el Gobierno determinó la declaración de estos servicios como esenciales, lo que garantizará su instalación, mantenimiento, operación y facilidades de pago para los usuarios que puedan caer en mora durante los días del Estado de Emergencia y del aislamiento obligatorio en el país, medidas que deberían ser permanentes. A esto se suma, el acceso a internet fijo para hogares de estrato 1 y 2 de 164 municipios pertenecientes a 24 departamentos del país, con tarifas entre los 8613 y 19 074 pesos mensuales, lo que me parece nefasto teniendo en cuenta que el país tiene 1103 municipios y no cubre la totalidad, y ese costo es ilógico porque si la gente no tiene para comer, mucho menos para pagar el internet.

Por eso, insistir en la gratuidad del internet es una medida que significa desarrollo para el país. Que sea una realidad se reduce a la voluntad política y a que el sector de las telecomunicaciones lo aplique como un ejercicio de responsabilidad social empresarial para encumbrar a Colombia en la consolidación de la era digital.