La criminalidad del Gobierno Duque

Columnista:

Sebastián Quiroga

Con el nuevo episodio de las chuzadas del Ejército a periodistas y miembros de la oposición, se ratifica el altísimo grado de ilegalidad y criminalidad bajo la que actúa el Gobierno Duque. De la misma forma que hace dieciséis años, cuando Álvaro Uribe fue presidente de Colombia por dos períodos, este Gobierno solo resalta por sus crímenes, arbitrariedades y actuaciones abiertamente ilegales.

Este hecho se suma a una innumerable lista de acciones criminales y corruptas que todos los días nos desbordan y aturden. Igual que pasa con los criminales más impunes, como el mismo Álvaro Uribe Vélez, en este Gobierno todo se engaveta, se resuelve con destituciones individuales, y se continúa erosionando una institucionalidad que ya es frágil e ilegítima. 

Cuando Duque comenzó su Gobierno no faltó quien dijo que él era una buena persona, mal influenciada y mal rodeada. Pero hoy, sin completar aún dos años de mandato (así es, ni siquiera vamos por la mitad), está claro que Duque es responsable directo de lo que ha venido ocurriendo en el país. Una sucesión de hechos tan nefastos como la que hemos vivido en estos 21 meses no son un proceso de aprendizaje, ni mala suerte o azar del destino. Hay una decisión de pasar por encima de leyes que incluso ellos mismos han construido, e imponer un proyecto de país mafioso, traqueto y violento.

A las interceptaciones recién ventiladas por la Revista Semana, se suma el allanamiento en contra de un Batallón de ciberinteligencia que la Corte Suprema de Justicia ordenó en enero de este año por denuncias de chuzadas ilegales, cuyo destinatario era el ultrauribista Rafael Nieto. El responsable de varias de estas interceptaciones sería el entonces jefe del Ejército Nicacio Martínez, que se retiró casualmente antes que el escándalo fuera público, y a quien ya han llamado a interrogatorio a la Fiscalía. Pero bien, dado que el fiscal resulta ser el mejor amigo de Duque, lo más seguro es que no se logrará ir más allá. 

Nicacio es el mismo señalado por el New York Times de ordenar el aumento de bajas y combates en el Ejército, y de incentivar y premiar las unidades con más bajas, ordenando operativos con “60-70 por ciento de credibilidad y exactitud”; es decir, con un 30 o 40 % de imprecisión e ilegalidad. Nicacio, el mismo que siendo comandante del Ejército autorizó y defendió el bombardeo a menores de edad en el Caquetá, con la excusa de bombardear a una disidencia de las FARC.

No contentos con usar la Fuerza Pública ilegalmente para bombardear y espiar, el uribismo y el mismo Duque han hecho gala en este largo año y medio de su estrecha relación con el paramilitarismo y el narcotráfico. Así fue con el ‘Ñeñe’ Hernández, narcotraficante que apoyó la campaña presidencial de Duque, comprando votos con dinero en efectivo en la Costa Atlántica, con ‘Memo Fantasma’ o Guillermo León Acevedo, un narcotraficante del Cartel de Medellín con quien Marta Lucía Ramírez tuvo negocios, o bueno, su esposo. 

Y, como si fuera poco, porque tal vez no es suficiente, los escándalos de corrupción en este Gobierno también están presentes; y aun en medio de esta crisis sanitaria, cuyo impacto se suma a la histórica crisis social, cuyos responsables son las élites, se roban la plata de la forma más descarada y burda. Así lo muestra el escándalo reciente del supuesto Ingreso Solidario. Eso es el uribismo: un grupo de personas que muchas veces actúa desde la ilegalidad y que se tomó el Estado para favorecer sus intereses.